CIA, drones y derechos humanos

Cristina Pauner Chulvi

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia militar expansiva. Si hace unos días anunciaba que su Administración solicitará una partida adicional de 54.000 millones de dólares en Defensa con el propósito de que “EEUU vuelva a ganar guerras”, anteayer descubrimos el último movimiento en su pretendida “erradicación” del Estado islámico, objetivo con el que se ha comprometido dentro de su difusa política exterior militar. Así, la prensa norteamericana publicó la noticia de la concesión a la Agencia International de Inteligencia (CIA) de nuevas atribuciones para atacar a terroristas con aviones no tripulados o drones.

Esta orden presidencial otorga más libertad de actuación al Pentágono y a la CIA para lanzar ataques con drones contra objetivos extremistas en Oriente Próximo incluso sin pedir autorización a la Casa Blanca. Con esta decisión, Donald Trump se desmarca de la línea seguida por su antecesor, Barack Obama, bajo cuya presidencia se incrementó el empleo de esta tecnología como arma de ataque militar aunque limitando el papel de los servicios secretos de la CIA a la fase de reconocimiento y recogida de información sobre sospechosos de terrorismo, en tanto que la ejecución del ataque quedaba en manos de los militares del Pentágono, y era autorizado en la mayoría de los casos por un proceso intergubernamental antes de ser ejecutado. Bajo la anterior distribución de funciones subyacía una importante consecuencia jurídica: una mayor garantía de transparencia ya que mientras que el Pentágono debe rendir cuentas de sus misiones y de las eventuales muertes de civiles, los servicios secretos no están obligados a facilitar estas cifras. Este cruce de roles entre la Agencia y el Pentágono viene a sumar importantes problemas a los que ya genera el empleo de drones como arma militar para alcanzar a objetivos concretos, bien sean infraestructuras, vehículos o personas aisladas en los conocidos como “asesinatos selectivos”, que sistemáticamente denuncian organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

Aunque en la actualidad esta tecnología se ha hecho muy popular gracias a su empleo masivo en el ámbito civil con fines profesionales, comerciales y sobre todo lúdicos, el origen de los drones se halla en el ámbito militar, donde siguen utilizándose ampliamente. Este origen ha preocupado mucho a expertos, ONGs y sociedad en general, porque está demostrado que el diseño y el desarrollo de tecnologías militares para drones permite, en primer lugar, una inversión desbocada ya que el empleo de fondos públicos para el desarrollo de tecnologías militares no está sometido a criterios de eficiencia económica y, en segundo lugar, su transferencia a la esfera civil, donde se emplean drones inicialmente diseñados para fines militares y equipados con sofisticadas tecnologías – infrarrojos, visión nocturna, cámaras de reconocimiento biométrico facial, imágenes térmicas, tecnologías de radar, etc. – con el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos, muy significativamente, la privacidad.

Volviendo al marco de los conflictos armados, ya existen antecedentes del empleo de drones con fines de vigilancia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque es a partir de la Guerra de Vietnam cuando se adaptaron para tareas de combate. Pero el punto de inflexión en el empleo de drones armados lo marcan los atentados del 11-S, momento desde el que aumenta exponencialmente su uso y sus capacidades, suscitando un profundo debate sobre los retos jurídicos que plantea, retos para los que el Derecho no ha logrado ofrecer respuestas. Ante la inevitabilidad de las guerras, se dice, hay que destacar la ventaja evidente de los drones en escenarios de conflicto bélico o de enfrentamiento terrorista en términos de seguridad, porque evitan riesgos físicos y pérdidas humanas, y en términos de eficacia porque se trata de operaciones quirúrgicas de investigación, seguimiento y ataque a objetivos claros y concretos en lo que se conoce como la teoría de la “guerra limpia”.

Pero el uso de drones militares como arma de ataque explícita presenta desventajas de tipo social, como potenciar el desarrollo de nuevas guerras y/o aumentar el apoyo ciudadano en el mantenimiento de las ya iniciadas, porque no se padecen bajas propias; plantea severos dilemas éticos como el riesgo de deshumanización y de juego en la decisión de matar a una persona generando la llamada “mentalidad de Playstation”; y vulnera el ordenamiento jurídico internacional. En este sentido, primero, conculca normas de derecho internacional (violaciones del espacio aéreo por falta de consentimiento del Estado sobrevolado, perpetraciones de agresiones y bombardeos prohibidos por la legislación internacional, interpretación errónea del concepto de legítima defensa cuando realmente nos hallamos ante una guerra contra el terror, etc.) y, segundo, presenta serias contradicciones con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos tanto por la prohibición de utilización de armas que por naturaleza son indiscriminadas o excesivamente perjudiciales (si bien se alaba la precisión de esta tecnología es necesario recordar el alto porcentaje de “errores” o “daños colaterales”, esto es, bajas civiles provocadas por drones ejecutando ataques contra personas fuera de combate) así como por la prohibición de matar a meros sospechosos o futuros delincuentes, esto es, los exterminios extrajudiciales.

Por eso resulta oportuno recordar las recomendaciones contenidas en el Informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 2010 y en el Informe del relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos fundamentales frente al contraterrorismo de 2013 y exigir a los Estados que utilicen esta tecnología que cuenten con un marco legislativo que respete el derecho internacional, un procedimiento que asegure la ejecución autorizada de las misiones militares de los drones, el acompañamiento de todas sus acciones de transparencia informativa y la existencia de mecanismos de exigencia de responsabilidad.

En sentido opuesto a estas consideraciones, la decisión del Presidente Trump agrava los numerosos problemas arriba apuntados y añade el riesgo de la opacidad y evasión del control público y legislativo al autorizar y ampliar su uso por servicios de inteligencia. Porque si bien el uso de drones militares se encuentra regulado en la legislación norteamericana, se conoce mucho más sobre las reglas que aplican las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre el alcance, el procedimiento de selección de blancos o el número de víctimas civiles mientras que las operaciones llevadas a cabo por la CIA operan con un mayor nivel de clandestinidad. En un contexto de secretismo y falta de transparencia, el hecho de que los ataques sean dirigidos por la CIA contribuye a difuminar la frontera entre lo civil y lo militar y dificulta, si no impide, la rendición de cuentas y la garantía de todo tipo de responsabilidades lo que constituye no solo una quiebra al principio de legalidad y un ataque a las reglas del Estado de Derecho sino un grave atentado contra la democracia.

Compartido con el blog del Proyecto Seguridad Global y Derechos Fundamentales

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