¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente.

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Así, en el informe se observa que sólo en el 28.2% de los 169 casos denunciados el contenido fue suprimido y que, de ellos, sólo el 40% se hizo en menos de 24 horas, tal y como exigía el Código de conducta, siendo el comportamiento de los distintos Estados muy dispar: mientras países como Francia o Alemania han procedido a borrar la mitad de los contenidos denunciados, otros como Italia o Austria apenas han actuado.

Es importante señalar que en la Unión Europea no existe ningún instrumento normativo específico destinado a la persecución de los discursos de odio en Internet. De este modo, se hace necesario acudir a las legislaciones nacionales que, en su gran mayoría, han optado por la vía penal para sancionar las incitaciones al odio. Así, en el caso de España, se ha incluido este delito en el artículo 510 del Código Penal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la legislación de los distintos Estados miembros no es idéntica. Por ejemplo, existen países donde sólo se consideran delito aquellas conductas que produzcan un llamamiento concreto al odio o a la violencia, y otros en los que basta pronunciar o difundir un mensaje de odio, discriminatorio o racista contra algún grupo humano por motivos de origen étnico, nacionalidad, sexo, edad, ideología o religión, orientación o identidad sexual, discapacidad o cualquier otro motivo social, para cometer la infracción.

Pues bien, aunque existen normas penales en la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea contra la difusión de mensajes de odio, que son aplicables al ámbito de Internet, es obvio que la territorialidad de las mismas les resta eficacia. Y ello porque la identidad de sus autores reside en manos de las empresas propietarias de las redes sociales, las cuales suelen haber firmado un contrato de confidencialidad con sus usuarios en el mejor de los casos; cuando no se trata de identidades falsas, únicamente verificables a través del IP del ordenador empleado para cometer la supuesta infracción.

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En este sentido, la armonización de la legislación europea se convierte en una tarea imprescindible, habiéndose dado algunos pasos al respecto, que son todavía insuficientes. Destaca la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico, que introduce la posibilidad para los Estados de tomar medidas que permitan, de modo excepcional, “restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información” por motivo, entre otros, de “la prevención, la investigación o el procesamiento de delitos relacionados con la lucha contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad”.

Es cierto que las características de la Red de Redes convierte la persecución de delitos cometidos en su seno en tarea ardua, pues las publicaciones de contenidos ilícitos puede provenir de usuarios que se encuentren en cualquier parte del planeta y su efecto divulgador puede propagarse a la velocidad de la luz, algo que resta de eficacia práctica a las legislaciones nacionales y a la labor de las autoridades. Se hace imprescindible, por tanto, requerir la colaboración de las empresas de Internet, que son las únicas capaces técnicamente de cerrar las cuentas, facilitar identidades, etc, con la mayor celeridad posible.

Sin embargo, una cosa es pedir la colaboración de las redes sociales y distribuidoras de contenidos y, otra muy distinta, reclamar a éstas que suplanten a las autoridades policiales y judiciales en la decisión, persecución y, sanción, mediante el cierre de webs y borrado de contenidos, pues significaría tanto como convertir a empresas privadas en agentes legitimados para restringir discrecionalmente la libertad de expresión.

Todos conocemos los problemas que ha generado el hecho de que Facebook bloquee contenidos a través de un algoritmo, y la censura de campañas publicitarias a favor del cáncer de mama o la lactancia son sólo un pequeño ejemplo… por lo que cabe preguntarse ¿están dispuestas las instituciones europeas a dejar la libertad de expresión en manos de la programación informática?

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