Honduras: capitalismo vigente, derechos olvidados

Fernando Flores

Berta Cáceres, la líder indígena lenca, feminista y ambientalista, fue asesinada hace poco más de siete meses. Hace unos días, su sucesor en la COPINH (Consejo Popular e Indígena de Honduras), salió ileso del segundo atentado con arma de fuego en lo que va de año. A mediados de 2013, Tomás García, dirigente local de la misma organización, había sido abatido a tiros por el ejército durante una manifestación. Estos y otros terribles sucesos, así como su escasa repercusión entre el gran público, se explican por un contexto de especulación y control económico capitalista a gran escala, que entiende el respeto a los derechos humanos como una molestia fácilmente superable.

En junio de 2009 un golpe de Estado desbancó del gobierno constitucional de Honduras al presidente Zelaya. Los motivos de su caída fueron revelados llanamente por su sucesor: “Lo sacamos por su izquierdismo y corrupción. El fue presidente liberal como yo. Pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chávez, Correa y Evo Morales. Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista, nos preocupó” (Micheletti en el diario Clarín, 30 de setiembre de 2009).

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No habían transcurrido dos meses desde el golpe cuando el gobierno de facto aprobó la Ley General de Aguas, que otorga concesiones sobre los recursos hídricos, y derogó los decretos que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. El territorio del pueblo indígena Lenca (el de Berta Cáceres) fue uno de los mas afectados por esta decisión, al ser inmediatamente y en los meses siguientes objeto de numerosas concesiones mineras, petrolíferas e hidroeléctricas (para construcción de 17 represas). Entre otros, fue el Proyecto Aguas Zarca el que provocó una oposición más decidida de la COPINH. Este proyecto supone la construcción y explotación de una presa junto a la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde y sobre el río Gualcarque, sagrado para los indígenas. Para el pueblo Lenca este río es de enorme importancia, pues representa el espacio donde viven los espíritus de las niñas indígenas, y es un legado del Cacique Lempira, quien luchó por esos territorios contra los españoles durante la colonización. A principios de 2013, con el comienzo de las obras, se prohibió a los indígenas acceder a las aguas del río.

Desde el primer momento los líderes comunitarios denunciaron el incumplimiento de la legalidad (el Convenio 169 recoge el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de forma previa, libre e informada cuando las actividades extractivas afecten a sus territorios), la entrega de bienes comunes a las transnacionales por parte de un Estado cómplice y servil, la modificación de los marcos jurídicos para facilitar la privatización de sus tierras, y la puesta en marcha de un proceso de militarización dirigido a asegurar el buen fin del proyecto.

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Con la reclamación de sus derechos y las denuncias llegó (se recrudeció) el hostigamiento a los indígenas rebeldes: amenazas de muerte, criminalización de la resistencia, persecución judicial, campañas mediáticas, coacciones, secuestros, violaciones… y asesinatos. Un plan orquestado por el poder económico y político y ejecutado por sicarios (muchos de ellos exmilitares al servicio de las empresas extractoras), dirigido a atemorizar, escarmentar y “pudrir” a las organizaciones sociales. Una estrategia de “contrainsurgencia” propia de dictaduras que, a decir verdad, los indígenas de toda América no han dejado de sufrir cuando se ha tratado de reivindicar los derechos legítimos sobre sus territorios frente a los intereses de las transnacionales (al respecto puede verse el post Minería y derechos humanos en América Latina).

Resulta revelador cómo las empresas pretenden que los indígenas paguen por aquello a lo que tienen derecho, tratando de convencer a las comunidades de la bondad de sus proyectos con la oferta de construcción de escuelas, de hospitales, de carreteras… Es decir, sustituyendo al Estado en su obligación y responsabilidad de proporcionar a las personas servicios sociales, pero a cambio de que ellas renuncien a sus territorios y bienes comunes. Y ya se sabe, si se privatizan los derechos se acaba pagando por ellos, y aquello por lo que se paga no es un derecho.

Honduras nos muestra el grave conflicto –no resoluble– entre el capitalismo y los derechos humanos, entre los intereses de las grandes multinacionales dedicadas a la explotación de los recursos naturales, y los derechos de las personas. Debe subrayarse que la protección de las tierras ancestrales no solo es importante en relación con el desarrollo económico de los pueblos originarios, sino también con la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente de todos los hondureños. Y debe subrayarse que el país centroamericano es un pequeño modelo de lo que a mayor escala está provocando un sistema económico que confunde interesadamente desarrollo con enriquecimiento de unos pocos. Así como se nos informa puntualísimamente de los desmanes que un gobierno llamado socialista aplica a Venezuela, los cometidos por el presidente capitalista de Honduras forman parte de una lección del temario del aprendizaje global que, curiosamente, no se nos está impartiendo. No será extraño, entonces, que muchos piensen que la solución para los venezolanos es la que desde 2009 se aplica sin piedad a los hondureños.

“Nuestras conciencias será sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, decía Berta Cáceres en el discurso de aceptación del prestigioso Premio Goldman, otorgado en 2015 por su lucha en la defensa del medio ambiente. Su asesinato, el de sus compañeros, la violencia esencial del sistema económico y político que les gobierna y nos gobierna, debería sacudirnos y despertarnos, porque ya está siendo demasiado tarde.. Fin-FotogramaFotos: fotogramas del video de la entrevista a Berta Cáceres, 16 de diciembre de 2013.

Entrevista a Bertha Cáceres, coordinadora de Consejo Popular e Indígena de Honduras COPINH, 16 dic 2013.

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