Refugiados: la falacia del ‘contrato de integración’

Javier de Lucas

Muchos de nosotros estamos conmocionados aún (aunque no sorprendidos, desgraciadamente) por la vuelta de tuerca que ha supuesto el Consejo Europeo celebrado el 16 de septiembre en Bratislava, que ha colocado inequívocamente las políticas migratorias y de asilo de la UE bajo el paraguas de las políticas de seguridad y defensa. Una vez más, se envía a la opinión pública europea el mensaje de que inmigrantes y solicitantes de refugio son riesgos relevantes, si no incluso amenazas, para la seguridad de las fronteras y también amenazas internas, como posibles ejércitos de reserva del terrorismo.

Tampoco sorprende –por más que lo deploremos– la inanidad de la cumbre mundial sobre inmigrantes y refugiados celebrada en Nueva York los pasados 19 y 20 de septiembre. Como se puede constatar en el informe previo del Secretario General para esa cumbre y en los informes preparatorios, todo posible acuerdo vinculante dotado de medidas concretas se posponía de entrada hasta 2018 y, por tanto, la Declaración de la cumbre no podía ser poco más que retórica buenista al uso.

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Pero aún nos faltaba otro cuarto a espadas en lo que concierne a nuestra respuesta ante los refugiados. Una exigencia que demuestra que se les puede aplicar aquello de que “al que no tiene, incluso eso que tiene se le quitará” (Marcos, 4:25). En lugar de preguntarnos qué debemos ofrecerles, nos afanamos en exigirles un esfuerzo más. A mi juicio, ese es el significado del “contrato de integración”, anticipado por el rey Felipe VI en su discurso el 19 de septiembre en la Cumbre de alto nivel celebrada en la ONU (un discurso obviamente escrito por el Gobierno Rajoy) y formalizado por el rey Guillermo de Holanda, el pasado 21 de septiembre, en el denominado Discurso de la Corona, pronunciado como es tradicional en La Haya, con ocasión de la apertura del año parlamentario.

En ese discurso se subraya que “la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y la no discriminación por razones de raza, creencia o bien orientación sexual, son valores que debe respetar y acatar cualquiera que quiera vivir en nuestro país”. Y se menciona expresamente “la preocupación social ante las diferencias culturales”, así como la incertidumbre que produce el hecho de que la llegada de los refugiados signifique exigir de los servicios públicos del Estado holandés un esfuerzo que literalmente se reconoce que podría ser “excesivo”.

Por todo ello, se anuncia que, a partir de 2017, el Gobierno impondrá a los recién llegados la firma de una “declaración de participación”, al modo de esa especie de contrato entre el migrante y el Estado, que se extendería a los solicitantes de refugio obligándoles a “respetar las normas y valores de la sociedad holandesa, en especial los principios democráticos de la separación entre Iglesia y Estado, y las libertades de credo y expresión”, pero también la igualdad entre hombres y mujeres.

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Se trata en realidad de proponer para los refugiados lo mismo que impuso a los inmigrantes el ministro Sarkozy, recogido con entusiasmo por el Gobierno Rajoy (y, por ejemplo, por el Gobierno valenciano del Sr Camps) y hoy jaleado por la prensa que se muestra preocupada por los problemas de incompatibilidad cultural de los recién llegados (antes inmigrantes, ahora, insisto, refugiados). Una pretensión que no puede ocultar su parentesco con los propósitos del movimiento xenófobo alemán PEGIDA (Patriotas europeos contra la islamización de Europa) que alimenta al ultraderechista Partido AfD (Alternativa para Alemania) y a otros grupos y partidos similares en toda Europa: de Francia al Reino Unido, pasando por Austria, Dinamarca, Grecia o Finlandia.

Aún así, hay a quien le parece poco. El islamófobo dirigente de extrema derecha Geert Wilders calificó el discurso de “cuento de hadas” y reiteró su visión apocalíptica según la cual Holanda está siendo “destruida”, aduciendo de nuevo los recortes en sanidad, la subida de impuestos y las presiones derivadas de la llegada de los refugiados.

Pues bien, lo dijimos entonces y lo repetiremos ahora. Esa pretendida novedad del “contrato de integración” es una falacia. Una de dos: o bien supone compromiso de respeto a la legalidad y en ese caso es superfluo, por pura tautología, pues se debería presumir que todo el que es aceptado como residente acepta cumplir con sus deberes legales (de acción y de omisión, que empiezan básicamente por no causar daño en bienes jurídicamente relevantes de otras personas); o bien ese contrato añade requisitos más allá de lo exigible o de lo prohibido, y en ese otro supuesto es ilegítimo, por incompatible con la presunción general de libertad en la que se basa el Estado de Derecho. Recordemos lo elemental: allí donde no hay daño, donde no hay prohibición, debe imperar el respeto a la libertad, en aras del pluralismo.

Pero, además, es que todo esto es particularmente perverso en el caso de los refugiados. Que a quienes sufren ya enormes dificultades para poder siquiera llegar a plantear su petición de asilo, se les imponga, además, la asimilación cultural COMO CONDICION DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE TIENEN POR SER REFUGIADOS, es un acto de cinismo y supone una manifiesta contravención del marco legal del Convenio de Ginebra de 1951.

¿Tanto cuesta entender que son ellos nuestros acreedores, que los refugiados pueden y deben exigir que cumplamos con nuestros deberes, y no al revés? Más temprano que tarde, esta ceguera se volverá contra nosotros.

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Fotos de Catherine Salsbury. Estación de Francia. Barcelona.

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