La paranoia razonable

Fernando Flores

Hace unos días se filtró a la prensa que la agencia inteligencia alemana, el Bundesnachrichtendiest (BND), ha espiado ilegalmente a toda su población y enviado los datos a la National Security Agency (NSA) norteamericana. Se trata de un nuevo escándalo en relación con la vigilancia masiva que los Estados democráticos realizan sobre sus ciudadanos, un escándalo que se suma a muchos otros ya descubiertos (el de la NSA a los estadounidenses, el GCHQ a los británicos…) y a otros que sin duda aparecerán en el futuro.

Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos tiene asumido que la protección de su seguridad frente a amenazas tan presentes como el terrorismo o el crímen organizado pasa por aceptar la intromisión del Estado en su privacidad, y ha interiorizado la máxima según la cual “si nada tienes que esconder, nada tienes que temer”.

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Esta postura podría resultar en principio razonable. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entiendió hace ya tiempo (en 1978, en el caso Klass) que “la amenaza terrorista obliga a los Estados a vigilar en secreto a los elementos subversivos que operan en su territorio”, una premisa que supone admitir la existencia de disposiciones legislativas, hasta cierto punto discrecionales, que den cobertura a la vigilancia secreta de las comunicaciones. Sin embargo esta discrecionalidad es, lo dice el propio TEDH, la excepción a la regla, y debe ser utilizada de forma legal, estricta y con mucha prudencia.

Como suele suceder en estos casos, el problema aparece con el abuso, habitualmente a favor de la “perspectiva securitaria” y en perjuicio de la protección de los derechos afectados por la vigilancia: directamente, el secreto de las comunicaciones, la protección de datos de carácter personal y la intimidad; pero también las libertades de expresión y asociación, la libertad de prensa o el derecho a la defensa, entre otros.

Que la democracia y el Estado de Derecho pueden ser destruidos con la excusa de defenderlos no es una idea conspiranoica sin fundamento. El propio TEDH ha tenido que subrayarla con firmeza en los últimos años en varias ocasiones (en el caso Zakharov hace muy poco), y el Parlamento Europeo ha llamado la atención sobre el hecho de que las operaciones de vigilancia masiva se utilizan también para motivos diferentes a la seguridad nacional y el terrorismo, “como por ejemplo, para el espionaje económico e industrial o la elaboración de perfiles por razones políticas” (Informe Moraes). En España, el comportamiento del ministro del Interior no es especialmente tranquilizador al respecto.

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En mi opinión, lo preocupante de la vigilancia que los Estados realizan sobre los ciudadanos, sea o no masiva, presenta dos caras, no enfrentadas sino consecutivas. La primera tiene que ver con la legalidad. A pesar de los cada vez más claros criterios que los tribunales establecen para poder justificar el espionaje masivo –previsión legal, finalidad legítima, necesidad, causalidad entre el medio y el propósito de la medida, proporcionalidad con el objetivo que pretende, no ser discriminatorio–, muchas de las herramientas legales y tecnológicas que se utilizan por los Estados para la vigilancia no cumplen esos criterios. Además, y aunque no se reconozca públicamente (porque se trataría de reconocer una ilegalidad) la transferencia de datos de carácter personal de los ciudadanos que son transferidos a los Estados de manera irregular (por ejemplo, por entidades bancarias) es constante e incontrolada.

La otra cara preocupante de esta deriva tiene que ver con un futuro que nos acerca poco a poco a las sociedades distópicas descritas por Orwell, Huxley o Bradbury. ¿Se trata de una paranoia? Quizás. Se puede criticar la inquietud que a algunos nos provoca el sistema de seguimiento a las personas que los Estados democráticos utilizan para proteger a sus ciudadanos, pues es cierto que no cabe atribuir a esos Estados las intenciones de los autoritarios. Lo que sucede es que a veces uno se pregunta si las democracias van a seguir siéndolo (más allá de formalmente) durante mucho tiempo, y ahí aparece la paranoia razonable. ¿Qué sucederá con la información almacenada (nada se destruye) de todos nuestros datos, nuestros perfiles, nuestras conversaciones, nuestras geolocalizaciones, nuestras compras, nuestros viajes… cuando la evolución securitaria y controladora del poder sobrepase (quizás hasta “legalmente”) el límite de lo aceptable? ¿Con qué armas eficaces contarán entonces los ciudadanos para saber que ese límite ha sido sobrepasado y reaccionar contra sus responsables?

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Ilustraciones: El Bosco

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