Strawberry y el Derecho Penal del “ofensivo”

Ana Valero

En el día de ayer el Tribunal Supremo condenó a César Strawberry a un año de prisión por el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas previsto en el artículo 578 del Código Penal, anulando con ello la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional de 18 de julio de 2016.

Como se recordará, los hechos constitutivos del delito son una serie de tuits en los que se contenían frases como: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO”; “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar… si no le das lo de Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre a su lado”; “cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”. En respuesta a una pregunta sobre qué le regalaría al Rey decía que “un roscón bomba”; “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora” y “Street Fighter edición post-ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina”; o “¿Se puede llevar una camiseta con un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano”.

La principal discrepancia del Tribunal Supremo con respecto a la Audiencia Nacional, y en la que fundamenta el Fallo de su sentencia condenatoria radica en que, según aquél, el hecho de que la intención de César Strawberry no fuese la de elogiar los actos terroristas o a sus autores o despreciar u ofender a sus víctimas, no excluye la comisión del delito. Así afirma que:

“El hecho de que el acusado sea descrito como un “…cantante y letrista de los grupos de rap-metal Def Con Dos y Strawberry Hardcore”, como un colaborador artístico de distintos medios de comunicación o que las letras de sus canciones tengan “…un marcado tono provocador, irónico y sarcástico, empleando recursos propios de las historias de terror y acción para envolver el mensaje de fondo”, no dibuja, ni mucho menos, una causa de exclusión de la tipicidad. Tampoco la ironía, la provocación o el sarcasmo –en palabras del acusado, el nihilismo surrealista- que anima sus mensajes de humillación de las víctimas, hacen viable una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad.

Contradiciendo lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones en relación con el discurso del odio, entendido como aquellas formas de expresión que propagan, incitan, promueven o justifican el odio fundado en la intolerancia, siendo la “intención” del emisor del mensaje y el “contexto” en que lo emite dos elementos determinantes, el Tribunal Supremo sostiene en su sentencia que, con independencia de cuál fuera la intención del autor:

“El mensaje de burla llega a la víctima en su integridad, sin matices aclaratorios de la verdadera intención del autor que los suscribe. La memoria de su propia tragedia no adquiere otra tonalidad cuando el dictamen pericial concluye que ha sido expresado con sátira o que es fruto de la crítica ácida. Afirmaciones como las difundidas en la red por César Montaña alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano”.

Si uno observa la interpretación que los tribunales ordinarios han hecho del artículo 578 del Código Penal al aplicarlo, se dará cuenta que éste establece un verdadero delito ideológico o de opinión pues, para poder ser aplicado no es necesario que el discurso o las expresiones emitidas inciten directa o indirectamente a la comisión de un delito o a la incitación al uso de la violencia.

Por lo que el caso Strawberry nos sitúa ante una doble realidad preocupante: por un lado, el despropósito que desde la perspectiva de la libertad de expresión supone condenar penalmente a alguien que, sin intención de enaltecer la violencia ni humillar a las víctimas de aquélla, manifiesta expresiones provocadoras en tono satírico y burlesco; y, por otro, lo inadmisible que supone mantener en nuestro ordenamiento jurídico un delito de opinión o ideológico que, desde mi punto de vista, contradice los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y la propia Constitución. A este respecto al lector quizás le sorprenda que los juicios por enaltecimiento del terrorismo se han quintuplicado desde el final de ETA con el PP en el Gobierno.

La ligereza con la que los poderes públicos invocan y aplican el Código Penal para perseguir las ideas y el humor en la actualidad da una idea de su baja estatura democrática.

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Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor.

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Ante las distintas percepciones y los potenciales conflictos que se producen a partir de la defensa y reivindicación de usos, tradiciones y creencias culturales diversas, es posible acudir a las denominadas prácticas de armonización para intentar fomentar la cohesión social. Entre los Estados que han apostado por articular dichas medidas, en diferentes niveles, el más destacable es Canadá.

De acuerdo con la terminología utilizada por la Comisión Bouchard-Taylor (creada para analizar las diversas controversias surgidas a partir de una de estas prácticas y cuyo Informe final de 2008, con todas sus críticas, es tomado como referente en este ámbito), estas prácticas apelan a todas las formas de flexibilidad y acuerdos de un sistema para hacer frente a las dificultades y malentendidos que pueden ocurrir en situaciones de encuentro entre diferentes culturas. Se trata de medidas adoptadas en favor de una persona o un grupo minoritario amenazados con la discriminación, especialmente indirecta, por su cultura, incluyendo en ella la religión. Tanto los acuerdos informales como los ajustes concertados y los acomodos razonables estarían dentro de estas prácticas. La Comisión recomendó encarecidamente el recurso a las medidas de armonización al entender que es una buena vía para que la ciudadanía aprenda a manejar sus diferencias, no se obstruyan los tribunales, y se fomenten valores unidos a la convivencia como el intercambio, la negociación y la reciprocidad, que están también en la base del modelo de integración.

Todas estas categorías instrumentales permiten hacer frente a las discrepancias que pueden darse en la aplicación de una norma jurídica, una decisión administrativa o en los acuerdos entre particulares y están en relación directa con la prohibición de discriminación que impera en el ordenamiento canadiense y, también, en los europeos.

Entre las tres posibilidades señaladas el punto coincidente es la voluntad de llegar a un entendimiento ante una desavenencia. El acuerdo informal hace referencia a todo pacto entre particulares fuera de las instituciones y organismos. En este caso, no necesariamente se ve afectado un derecho fundamental, pero las diversas prácticas generan potenciales situaciones de tensión que exigen un convenio para que la convivencia no se vea afectada de forma negativa. Más que un problema estrictamente jurídico, lo que existe son usos diferentes que pueden no compartirse y crear tensiones. La armonización en estos pasa por un acuerdo informal basado en el libre consentimiento de las partes que permite realizar adaptaciones para dar cabida a las costumbres no mayoritarias.

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Como en el caso del acuerdo, el ajuste concertado se produce en la esfera social, ciudadana, fuera del ámbito judicial en el que se situará el acomodo razonable. No se produce una decisión de carácter vinculante, pero a diferencia del acuerdo en el ajuste sí que existe la afectación de un derecho. Normalmente se da en el ámbito de una institución pública o privada en el que se intenta llegar a un punto de encuentro con los usuarios (pacientes, estudiantes, clientes, etc.) o con los empleados. El ajuste puede también hacer referencia a situaciones en las hay discriminación. Conviene tener en cuenta que los ajustes, por ejemplo religiosos, siempre han tenido éxito y debe tomarse además en consideración el posible riesgo del colectivo sobre los individuos que forman parte del grupo para que acepten una determinada interpretación. Estas vías que no implican un recurso a los tribunales, cuentan con las ventajas de no tener que acudir a los mecanismos jurídicos, con sus formalismos y los costes a diferentes niveles que estos conllevan, pero el tipo de obligación que surge no es condicionante.

La práctica que supone la judicialización del conflicto, a la que habría que recurrir en casos como el de Samia cuando las anteriores han fallado, es el acomodo razonable. La idea de acomodo razonable surge en la jurisprudencia de Estados Unidos siendo legislada en 1971 en una enmienda al título VII del Civil Rights Act de 1964. Más tarde, se traslada al ámbito canadiense con el caso Simpsons-Sears (Corte Suprema Canadiense, Commission ontarienne des droits de la personne (O’Malley) c. Simpsons-Sears, (1985) 2 R.C.S. 536) en el que de forma discreta se acude al ámbito comparado para abordar la cuestión. En este caso, una vendedora, miembro de la Iglesia adventista del séptimo día, pedía a su empleador no trabajar el sábado alegando que su práctica religiosa entraba en conflicto con su horario de trabajo. La Corte Suprema consideró que una norma en principio neutra puede tener un efecto discriminador sobre una empleada en la medida en que afecta a la posibilidad de practicar sus creencias religiosas. La Corte reconoce el derecho del empleador a explotar su empresa en sábado, pero aprecia efectos discriminatorios sobre esta empleada en razón de su práctica religiosa, por ello, salvo que se alegue una carga excesiva, el empleador tiene que buscar el acomodo modificando los horarios de trabajo de la empleada. Ese mismo año, en el caso R. V. Big M (Corte Suprema Canadiense, R. V. Big M Drug Mart, (1985) 1 R.C.S. 295) la Corte admitió que la ley que establecía el domingo como día festivo generaba una desigualdad entre cristianos y no cristianos, entre la religión dominante y las minoritarias.

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A partir de este momento comienzan a proliferar los casos de acomodo razonable, como se recoge, por ejemplo, en el mencionado informe Bouchard-Taylor, sobre una casuística variada. Tal como lo define el informe, el acomodo razonable, de naturaleza jurisprudencial, tiene como objetivo facilitar la aplicación de una norma o una ley en favor de una persona o grupo de personas víctimas o en riesgo de discriminación debido a las razones que se recogen en la Carta Canadiense de derechos y libertades (artículo 15) y en la de Québec (artículo 10).

El acomodo razonable, como señala uno de los expertos en la materia, el profesor Pierre Bosset, puede representarse desde tres significados con forma de círculos concéntricos: a) profano: cuando hace referencia a un ajuste en la gestión de un conflicto cultural, religioso u otro; b) genérico: cuando se adapta una norma para atenuar o eliminar el impacto de la misma sobre un derecho o una libertad constitucionalmente protegidos; y c) técnico: como obligación jurídica que deriva de la interpretación y aplicación de la legislación antidiscriminatoria.

Esta dimensión jurídica es la que ahora interesa, entendida como una construcción jurisprudencial considerada desde hace casi tres décadas, por los tribunales canadienses, como una especie de “consecuencia natural” del principio de no discriminación. El deber de un acomodo razonable surge cuando como resultado de una norma o práctica, en principio neutra, se produce un efecto discriminatorio sobre ciertos grupos de personas. El acomodo puede tener la forma de una exención a la norma o un desarrollo de la misma, caracterizándose por aplicarse a una situación particular, dejando la norma sin excepción para el conjunto de las personas que no se verían discriminadas por ella. Los tribunales canadienses definen la obligación de realizar acomodos razonables siempre que no exista una carga excesiva. El acomodo razonable se presenta como un corolario del derecho a la no discriminación y como un concepto transversal que puede ser aplicado en el conjunto de los motivos de discriminación prohibidos. Además, en el caso Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony (Corte Suprema Canadiense, Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 RCS 567), en el que no se concede el acomodo razonable en un supuesto relativo a las fotografías de los permisos de conducir de los vecinos de la provincia de Alberta, la Corte Suprema concretó que la obligación del acomodo razonable no alcanza a las leyes aprobadas por el legislador, es decir, no puede considerarse que aquel sustituye el juicio de proporcionalidad.

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Entre las objeciones que se han realizado a este tipo de prácticas, especialmente en Canadá y que fueron documentadas en el mencionado informe Bouchard-Taylor destacan dos tipos de críticas: las de índole social y las jurídicas. Entre las primeras, preocupa que este tipo de prácticas ataquen los valores fundamentales de tal forma que en lugar de servir para reforzar la cohesión social la fragmenten. Ante las permanentes solicitudes de ajuste, podría considerarse que se están otorgando privilegios a una clase de ciudadanos, manteniendo la religión en el espacio público cuando no debería estarlo y amenazando la cultura común compartida. En el fondo, se relaciona estas prácticas con los inmigrantes, que no quieren integrase, y por ello acuden a este tipo de ajustes, lo cual supone para quienes critican estas prácticas una falta de respeto con la sociedad de acogida. Está presente, también, la cuestión de la reciprocidad al considerar que son las personas que solicitan las prácticas de armonización quienes deberían adaptarse a las costumbres del Estado al que llegan.

Un segundo tipo de críticas mantienen, a nivel jurídico, que las actuaciones de los tribunales canadienses han sido excesivas, llegando a ahogar el debate democrático y pronunciándose en buena parte de los casos a favor de los demandantes, de tal forma que se han protegido los derechos individuales en detrimento de los de la mayoría. Desde esta perspectiva se entiende que, si realmente existen problemas en la aplicación de las leyes, éstas deberían revisarse de tal forma que no sea necesario acudir a este tipo de ajustes. Sin embargo, frente a las objeciones esgrimidas, el informe concluye que no se ha podido evidenciar un funcionamiento anormal de las instituciones y que realmente los casos de acomodo que llegan a los tribunales no son muchos. Si se da un desajuste entre las prácticas y los sentimientos de descontento que generan en la población, lo que hay que combatir es la visión errónea y negativa, especialmente de instrumentos como el acomodo, que se propagan a nivel social desvirtuando su significado.

La crisis del acomodo razonable, en perspectiva jurídica, se basaba en una percepción extendida según la cual el Derecho, y los tribunales en aplicación del mismo, debían demostrar su capacidad para encuadrar las prácticas de acomodo en los valores y principios fundamentales. La propia Comisión Bouchar-Taylor confirmó dicha capacidad del Derecho de responder a este desafío, puesto que expresa los valores fundamentales de una sociedad y es una parte necesaria de cualquier deliberación pública. Sin embargo, este tipo de legitimidad que puede considerarse como técnica no es suficiente, puesto que existe también una legitimidad moral. Como apunta el profesor Pierre Bosset, la legitimidad moral de la contribución de los juristas en el debate público se basa en el hecho de que al interpretar la ley, y también en su aplicación, sobre todo en los “casos difíciles” como el de los acomodos, apelan a la moral política, en concreto, a las concepciones plausibles de la misma. La propia aparición de la figura del acomodo razonable se ubica dentro de la evolución del derecho canadiense y quebequense de la discriminación marcada por una concepción material de la igualdad. Esa legitimidad se relaciona con la actitud fraternal dworkiniana que se atribuye al Derecho y que tiene que ver con la permanente búsqueda de fundamentos morales por parte de los juristas, que hace que también éstos tengan que seguir opinando sobre el debate acerca de los acomodos razonables.

De las diferentes críticas, una de las más interesantes es la que no considera el acomodo razonable como un instrumento de derecho antidiscriminatorio, al oponerlo a principios como la igualdad de género o la laicidad, como si no se tratara precisamente de una forma de garantizar la igualdad y la no discriminación. Conviene insistir en este punto, puesto que permite reivindicar la necesidad de prácticas de armonización, tanto en las instituciones privadas como en las públicas, concebidas como instrumentos para favorecer la cohesión social desde el respeto a la diversidad, asegurando el cumplimiento de los derechos fundamentales. Si se amplía la perspectiva, se puede apelar a una aproximación reflexiva del Derecho, la deliberación y la negociación entre las partes, superando una visión reductiva del ordenamiento jurídico.

En caso contrario, la negación de las prácticas diversas y minoritarias, sin diálogo en la forma en que Bobbio lo propone, es decir, desde el respeto mutuo y recíproco como primera condición, lo que supone el deber de comprender honestamente lo que el otro dice, solo puede fragmentar la convivencia generando confrontaciones. El diálogo y la confrontación son términos antitéticos, la batalla (en todas sus formas) comienza cuando el diálogo ya no es posible.


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¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente.

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Así, en el informe se observa que sólo en el 28.2% de los 169 casos denunciados el contenido fue suprimido y que, de ellos, sólo el 40% se hizo en menos de 24 horas, tal y como exigía el Código de conducta, siendo el comportamiento de los distintos Estados muy dispar: mientras países como Francia o Alemania han procedido a borrar la mitad de los contenidos denunciados, otros como Italia o Austria apenas han actuado.

Es importante señalar que en la Unión Europea no existe ningún instrumento normativo específico destinado a la persecución de los discursos de odio en Internet. De este modo, se hace necesario acudir a las legislaciones nacionales que, en su gran mayoría, han optado por la vía penal para sancionar las incitaciones al odio. Así, en el caso de España, se ha incluido este delito en el artículo 510 del Código Penal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la legislación de los distintos Estados miembros no es idéntica. Por ejemplo, existen países donde sólo se consideran delito aquellas conductas que produzcan un llamamiento concreto al odio o a la violencia, y otros en los que basta pronunciar o difundir un mensaje de odio, discriminatorio o racista contra algún grupo humano por motivos de origen étnico, nacionalidad, sexo, edad, ideología o religión, orientación o identidad sexual, discapacidad o cualquier otro motivo social, para cometer la infracción.

Pues bien, aunque existen normas penales en la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea contra la difusión de mensajes de odio, que son aplicables al ámbito de Internet, es obvio que la territorialidad de las mismas les resta eficacia. Y ello porque la identidad de sus autores reside en manos de las empresas propietarias de las redes sociales, las cuales suelen haber firmado un contrato de confidencialidad con sus usuarios en el mejor de los casos; cuando no se trata de identidades falsas, únicamente verificables a través del IP del ordenador empleado para cometer la supuesta infracción.

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En este sentido, la armonización de la legislación europea se convierte en una tarea imprescindible, habiéndose dado algunos pasos al respecto, que son todavía insuficientes. Destaca la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico, que introduce la posibilidad para los Estados de tomar medidas que permitan, de modo excepcional, “restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información” por motivo, entre otros, de “la prevención, la investigación o el procesamiento de delitos relacionados con la lucha contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad”.

Es cierto que las características de la Red de Redes convierte la persecución de delitos cometidos en su seno en tarea ardua, pues las publicaciones de contenidos ilícitos puede provenir de usuarios que se encuentren en cualquier parte del planeta y su efecto divulgador puede propagarse a la velocidad de la luz, algo que resta de eficacia práctica a las legislaciones nacionales y a la labor de las autoridades. Se hace imprescindible, por tanto, requerir la colaboración de las empresas de Internet, que son las únicas capaces técnicamente de cerrar las cuentas, facilitar identidades, etc, con la mayor celeridad posible.

Sin embargo, una cosa es pedir la colaboración de las redes sociales y distribuidoras de contenidos y, otra muy distinta, reclamar a éstas que suplanten a las autoridades policiales y judiciales en la decisión, persecución y, sanción, mediante el cierre de webs y borrado de contenidos, pues significaría tanto como convertir a empresas privadas en agentes legitimados para restringir discrecionalmente la libertad de expresión.

Todos conocemos los problemas que ha generado el hecho de que Facebook bloquee contenidos a través de un algoritmo, y la censura de campañas publicitarias a favor del cáncer de mama o la lactancia son sólo un pequeño ejemplo… por lo que cabe preguntarse ¿están dispuestas las instituciones europeas a dejar la libertad de expresión en manos de la programación informática?

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2017, el año que reformaremos peligrosamente (la Constitución)

Fernando Flores

Parece que todo el mundo está de acuerdo, en el 2017 hay que reformar la Constitución. O al menos aparentar que hay voluntad de hacerlo. Y casi todos asumen que habrá un tema estrella, el territorial. Quizás algo de monarquía o república, aunque esta discusión quedará para las redes sociales, porque los grandes medios no le darán mucho espacio.

El protagonismo histórico del miedo, los intereses creados y el autoengaño político, sumados a una no desdeñable indisposición general para el acuerdo razonable, han hecho de España un país de tradición constituyente, no reformista. Como no somos capaces de adaptar los textos constitucionales a la realidad cambiante, la realidad cambiante termina derribando los textos constitucionales. En este siglo XXI acabaremos repitiendo la jugada, aunque no todavía.

A los que van a impulsar la reforma constitucional no les interesaba lo territorial cuando era importante, pero ahora que es urgente no les queda otro remedio que ocuparse. Si fuera por ellos, sucesión femenina, incorporación de Europa a la carta magna (o viceversa) y leve retoque del Senado hubieran formado el insulso ramillete de modificaciones de un texto petrificado que, cercano a sus cuarenta años, muestra achaques claramente irreversibles. Pero ya no estamos en el momento de los juegos florales, la unidad de España exige acción, y parece que la vamos a tener, aunque sea en dibujos animados.

Sea como fuere, esta relevante discusión sobre lo que debe ser España –más grande o más pequeña, más o menos centralizada, más o menos borbónica– va a desplazar, ya lo hace, el debate y la reforma de lo que verdaderamente está en la base de todo contrato constitucional europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial: la protección de los derechos. En concreto, la protección de los derechos sociales.

Es revelador que el Rey, en su discurso del 24 de diciembre, se refiriese oscura aunque claramente al independentismo (que sin duda afecta al pacto constitucional), pero que no dijese ni una palabra acerca de los derechos de las personas. Más aún, que sugiriese que la “ya visible salida de la crisis” está vinculada a la renuncia a “actitudes excluyentes”… y a nada más. Pero la salida de la crisis no está vinculada a la unidad de España, está vinculada a la protección de los derechos sociales, es decir, a aquello en la Constitución que demuestra y exige respeto por la dignidad de los ciudadanos. No hay nada más excluyente ni humillante que la desigualdad económica y social allí donde circula el dinero.

A día de hoy, los que gestionan la mayoría de los votos parlamentarios que negociarán la reforma constitucional entienden que los derechos sociales no son urgentes, ni siquiera importantes. Con la Ley Mordaza en una mano y los grandes medios de comunicación en la otra, han conseguido desactivar la urgencia popular que hace cinco años amenazaba las bases de los escombros de un sistema que ha reducido su capacidad de protección al mínimo. Y ya hay señales claras de que cuando esa urgencia apriete de nuevo, no dudarán en desmantelar los espacios de autonomía –las libertades públicas–, esenciales para organizar las protestas y denunciar los abusos. Porque sepámoslo, la supresión o debilitamiento de los derechos sociales es solo la etapa inmediatamente anterior a la destrucción de los derechos liberales. No hace falta ser muy sagaz para comprender que los poderosos están recogiendo el carrete de la historia de los derechos, y que en ese repliegue ya estamos a comienzo del siglo XX.

El 2017 es año de reforma constitucional, al parecer, de lo que ya no tiene remedio. Por eso será (¿puede ser de otra manera?) una reforma peligrosa, no por lo que aborde, sino por lo que no va a atreverse a abordar, por la oportunidad perdida de (al menos tratar de) recuperar la dignidad colectiva que defiende el Estado Social.

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La edad ¿factor de discriminación en el trabajo?

María Belén Cardona Rubert

La edad ha sido tradicionalmente considerada como un factor decisivo en la ordenación de las relaciones laborales y de Seguridad Social. De hecho, ha sido tenida en cuenta en referencia a la pensión de jubilación o a la extinción del contrato de trabajo a través de diferentes causas, despido colectivo, jubilación forzosa o extinción por mutuo acuerdo en el contexto de los mecanismos de prejubilación, entre otras.

En cuanto a los trabajadores jóvenes, ha existido una normativa especial sobre salario mínimo interprofesional, limitaciones al trabajo y a la jornada de los menores, de prevención de riesgos laborales o sobre contratos formativos y de aprendizaje, entre otros asuntos.

La normativa laboral en absoluto ha sido ciega a la edad, sino que la ha ponderado a muchos efectos. Sin embargo, no se ha planteado más que excepcionalmente la cuestión relativa a la posible discriminación que sufren las personas por razón de la edad en el empleo, en el contrato de trabajo, en las relaciones de Seguridad Social, en el acceso a bienes y servicios, etc. En realidad, el único escenario en el que se ha planteado abiertamente esta materia en España ha sido en cuanto a la jubilación forzosa, en las sucesivas versiones que al respecto ha contenido el Estatuto de los Trabajadores hasta la Ley 3/2012, de 6 julio.HA2

A nivel supranacional e internacional, además de la Directiva comunitaria 2000/78/CE, de 27 de noviembre, de establecimiento de un marco general para la igualdad en el empleo, el art. 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe la discriminación por edad. Por su parte, la OIT en su labor de hacer real la igualdad de trato y la lucha contra las discriminaciones en el empleo se viene implementando desde que en 1958 se aprobara el Convenio núm. 111 y la Recomendación núm. 111, aunque es en los últimos años cuando se identifica un interés creciente. Por lo que se refiere específicamente a la edad, en 1980 la OIT adoptaba la Recomendación núm. 162 sobre los trabajadores de edad.

Desde la perspectiva más amplia del envejecimiento global de nuestras sociedades, se viene haciendo hincapié en cómo las discriminaciones en contra de las personas de edad avanzada van en aumento y en la ineficiencia de los mecanismos existentes de protección de sus derechos, llegando a propugnar una Convención internacional de los derechos de las personas mayores. La asociación HelpAge International identifica entre otras vulneraciones comunes de sus derechos, la del derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, el derecho a la sanidad, el derecho al trabajo o el derecho a vivir libres de violencia (HelpAge International, Documento de Posición: “¿Por qué es tiempo para una convención sobre los derechos de las personas mayores?).

Son muchos los retos relacionados con la edad a los que la sociedad moderna y el derecho tienen que atender, y cuya importancia crece progresivamente a medida que se incrementa el envejecimiento de nuestra población. Aproximadamente 700 millones de personas, es decir, el 10% de la población mundial supera la edad de 60 años y se estima que para el 2050, el número de personas de edad avanzada supondrá el 20% de la población global. Europa es la región del mundo con la población más envejecida y se espera que para el 2050 el número de personas de edad avanza sea de 236 millones, es decir, el 34% de la población total (Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, E/2012/51, 2012).

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La edad como causa de discriminación no es un mero dato numérico sino que es una construcción social que depende de las costumbres, prácticas y del papel que las personas desempeñan en su comunidad. Las vulnerabilidades específicas de las personas mayores pueden ser el resultado de condiciones físicas y mentales, pero también el resultado de los obstáculos que provienen de la percepción social y la interacción del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de un tópico polifacético, en el que quedan muchas facetas por explorar, merecedor de un tratamiento transversal, desde distintas perspectivas.

1.- La primera de las facetas se refiere a la discriminación por edad en el mundo laboral basada en estereotipos sociales.

Por un lado, la edad madura se equipara a la obsolescencia. Se presume que los trabajadores mayores carecen de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las empresas. Que su motivación es muy reducida y, en todo caso y comparativamente, menor que la de sus compañeros más jóvenes. Se presupone que gozan de una menor capacidad para absorber nuevas ideas y que su adaptación a las nuevas tecnologías resulta más problemática que la de otros trabajadores en otras franjas de edad. De igual manera que se da por sentado que su salud se deteriora al tiempo que su estado físico empeora, con los consiguientes inconvenientes en la organización del trabajo.

Simétricamente, y por lo que atañe a los jóvenes, sufren prejuicios cualitativamente distintos, centrados en una presunta inmadurez, en una pretendida falta de experiencia, en que se les crea incapaces de asumir funciones de liderazgo. Por otra parte, se los concibe como menos vinculados por ataduras familiares y por compromisos financieros, de tal modo que se les pueden aplicar con menores miramientos las medidas de flexibilidad más duras. También, porque se entiende que afrontarán menos problemas para encontrar un nuevo empleo.

  1. En segundo lugar, más allá del mundo de los estereotipos y presuposiciones, hay que tener muy en cuenta las tendencias sociales.

Una tendencia social muy arraigada manifiesta una aversión y hostilidad intensas a la vejez, que debe ser ocultada y negada. A las personas se les impone y se les exige cada vez con mayor énfasis que mantengan una estética juvenil y que sus hábitos sociales no se correspondan con la edad que realmente tienen. Esta tendencia se transforma en una fuerte presión sobre las personas que la padecen. Por supuesto, esta presión es mucho mayor en las mujeres, de tal modo que emerge claramente un caso de discriminación múltiple. Se trata de exigir para determinados puestos de trabajo y/o en determinados sectores de actividad unos parámetros estéticos que se corresponde al aspecto juvenil y que discriminan claramente a las personas por razón de edad.

HA5Al margen de ello, es claro que tales dinámicas conducen a la invisibilidad, a la ocultación, al tratamiento peyorativo y al impacto inverso hacia las personas mayores. Y, además, se precipitan una serie de valores distintos de los tradicionales. Por ejemplo, aparentemente virtudes tradicionalmente muy exigidas, tales como la buena fe o la experiencia, entran en crisis y son sustituidas por otras muy buscadas en la actualidad, tales como la imagen o la innovación.

3.- En un tercer apartado, las características particularmente insidiosas que rodean la discriminación por edad.

La discriminación por edad se centra en una característica objetiva y dinámica, que se ubica totalmente al margen de las decisiones personales. Y va afectando a las personas a lo largo de su existencia dentro y fuera del mercado de trabajo:

En la primera fase de la vida, por demasiado jóvenes, existe una tendencia casi inevitable a retribuirlas menos, en no pocas ocasiones a través de una legislación permisiva o incluso incentivadora de diferencias muy desproporcionadas. Se las somete a un proceso de inserción laboral caracterizado por una precariedad intensa, por una negación casi absoluta de los derechos de estabilidad en el empleo y por unas fases amplias de desempleo que condicionan de forma muy decisiva sus trayectorias profesionales.

En la madurez vital y profesional, son el objetivo prioritario de las reestructuraciones empresariales, con consecuencias muy perjudiciales en términos de retorno al mercado de trabajo, que se vuelve muy dificultoso, impredecible y, en todo caso, en unas condiciones muy inestables. Lo cual afecta, por otra parte, a los trabajadores menos cualificados.

HA4Desafortunadamente, todas estas circunstancias vienen revestidas de una apariencia de racionalidad económica, que oscurece la apreciación de las situaciones discriminatorias. Se dirá que las circunstancias cíclicas de la economía y del mercado de trabajo son muy condicionantes. También, por ejemplo, que no es razonablemente exigible hacer una fuerte inversión en formación profesional cuya destinataria sea una persona próxima a la edad de jubilación. O que es necesario proceder a un rejuvenecimiento de plantilla con el objetivo, entre otros, de reducir los costes salariales, con la consiguiente menor retribución de los trabajadores entrantes. O que es preciso desprenderse de personal contratado directamente –en particular, trabajadores mayores y poco cualificados- y recurrir a técnicas de externalización o subcontratación. En todas estas decisiones, distinguir el espacio de las medidas objetiva y suficientemente justificadas de las que encierran una discriminación directa o indirecta no resulta sencillo.

La normativa y la doctrina judicial son muy laxas para con esta forma de discriminación. La cual, por así decirlo, está dotada de una jerarquía muy modesta. Entre otros motivos, porque la edad solo se contempla como causa de discriminación en el ámbito del empleo y de la ocupación, sin que trascienda, vg., al acceso a los bienes y servicios. O porque se admiten las justificaciones no solo de las discriminaciones indirectas, sino también de las directas. O porque la jurisprudencia del TJUE se ha pronunciado, en términos generales, con gran permisividad hacia los tratamientos peyorativos para con los trabajadores en función de su edad. Debe partirse de la hipótesis de que, aun dentro de las causas incluidas en la Directiva 2000/78/CE, la edad constituye probablemente la más maleable de todas ellas. El hecho de que la considere expresamente el art. 21.1 de la Carta de Niza no ha contribuido demasiado a reforzarla.

4.- En cuarto lugar, debe destacarse que la discriminación por edad se asocia fácilmente con otras causas, para producir situaciones de discriminación múltiple, como el sexo y la discapacidad.

Captura de pantalla 2016-12-23 a la(s) 03.09.23En un mundo de estereotipos, la discriminación que puede sufrir la mujer mayor resultará probablemente la más acuciante, sin perder de vista la específica situación que soportan las mujeres jóvenes a causa de unos estereotipos sociales que ponen en tela de juicio su fiabilidad, aptitud y profesionalidad.

Algo similar ocurre con la yuxtaposición entre la discriminación por edad y por discapacidad, ésta ya solo en el período próximo al abandono del mercado de trabajo, que se relaciona con problemas físicos y de salud, reales o presupuestos, que sufren los trabajadores mayores.

5.- Particular mención merece el binomio edad-baja cualificación, es decir, el problema que recorre a los trabajadores poco cualificados en sus trayectorias profesionales a causa de la edad.

Por supuesto, cuando son jóvenes, pues una serie de barreras de los sistemas educativos, de empleo y de formación profesional interactúan para su correcta inserción profesional y los empujan hacia los empleos más inestables y peor cualificados, dificultando, además, sus trayectorias y su desarrollo profesional. Pero, sobre todo, cuando alcanzan la edad madura y atraviesan grandes problemas derivados de sus escasas cualificaciones, como víctimas propiciatorias de todas las medidas de ajuste empresarial y de extinciones de contratos. Tradicionalmente siempre se ha considerado objeto de la política social el colectivo de desempleados de edad avanzada debido a la difícil reinserción en el mercado de trabajo de estos trabajadores. Todo lo cual les sitúa en una posición muy complicada ante el mercado de trabajo y ante unas reglas de Seguridad Social que penalizan desproporcionadamente las lagunas de cotización en los últimos años anteriores a la jubilación, pese a acreditarse largas carreras de cotización.

6.- En este contexto, cabe recurrir a los instrumentos jurídicos de tutela y en concreto, a la aplicación específica de las técnicas del derecho antidiscriminatorio a la causa de la edad.

En la Directiva comunitaria 2000/78/CE, de 27 de noviembre, de establecimiento de un marco general para la igualdad en el empleo, se prohíbe cualquier manifestación discriminatoria por edad, lo que incluye todo comportamiento de acoso así como el despido motivado en la edad del trabajador, se fomenta el trabajo decente atendiendo a la edad y se exigen ajustes razonables. En el ámbito nacional el juego de los artículos 4.2.c), 17, 54.2 y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores configuran el marco legal tuitivo de los trabajadores frente a discriminaciones y acosos padecidos por razón de edad. No obstante ello, se identifican a primera vista tres aspectos que parecen revestir mayor dificultad:

  • La identificación de un colectivo discriminado en términos de edad.

No es solo lo ineluctable de este rasgo y su carácter dinámico. Es, sobre todo, lo complejo que resulta aprehender un grupo social identificable y que tenga conciencia de compartir una característica común. A este respecto, sucede algo parecido a lo que pasa con la discapacidad. Es más, frecuentemente el sujeto agente de la medida perjudicial pertenece a la propia franja de edad y muestra prejuicios hacia ella.

  • El complejo mundo de las justificaciones.

Ya se ha apuntado que, en este caso, también la discriminación directa admite fácilmente justificaciones. Además, el test de justificación no parece difícil de superarse, de tal modo que el centro del problema parece desplazarse en las más de las ocasiones al de proporcionalidad.

  • La escasa percepción social de esta causa de discriminación.

Lo que conduce a su admisión con naturalidad, sin que se haya erigido, claramente, en un motivo socialmente intolerable de tratamiento peyorativo. No cabe duda de que esta escasa conciencia colectiva produce que apenas exista una red institucional pública o privada concernida con ella. De todo lo cual es reflejo la muy escasa implicación de todos los organismos supranacionales en su combate, con la notable excepción de la Unión Europea. Y es aquí, de nuevo, donde cobran todo el sentido las reivindicaciones de HelpAge International para configurar una convención internacional de los derechos de las personas mayores, un marco legal propio para la edad, que permita paliar la demostrada ineficiencia de los mecanismos existentes de defensa de los derechos humanos en la protección de sus derechos.

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Imágenes: Fotos 1 a 4: HelpAgeIntermational. Foto final: Catherine Salsbury.

Ganar el desafío: propuestas ante la inmigración

Javier de Lucas

En el Día Internacional de los Migrantes

¿Qué decir, qué hacer para que el enésimo aniversario del Día Internacional de los Migrantes no sea sólo la enésima denuncia del fracaso de nuestras políticas y de los sufrimientos que padecen tantos millones de seres humanos?

Desde luego, no renunciar a la crítica. No debemos dejar de denunciar lo intolerable, que es nuestra ceguera a la existencia de factores que obligan a emigrar a millones de seres humanos, a huir de sus hogares, donde no tienen las condiciones mínimas de desarrollo humano y por eso un porcentaje muy alto se juega la vida para alcanzar una vida digna. Se juegan la vida: en su viaje sufren violaciones de derechos y se enfrentan a fronteras que tantas veces se erigen como mecanismos de puesta en duda de derechos elementales. Esa crítica apunta a las causas, la desigualdad que no deja de acrecentarse y que los países que reciben y se benefician de la llegada de migrantes no quieren tener en cuenta. Gestionar los movimientos migratorios sin trabajar en los países de origen sobre las causas que hacen de las migraciones un destino forzoso, por estado de necesidad, es construir políticas migratorias destinadas al fracaso. Una lección elemental sobre la que ha insistido hasta la saciedad buena parte de quienes llevan de verdad años analizando y trabajando sobre estos fenómenos, como Sami Naïr, a diferencia de tanto aprovechado que, a la luz de las subvenciones y las modas, se disfraza ahora de experto y repite cuatro tópicos mal entendidos, ilustrados con improvisadas encuestas que descubren mediterráneos.

1.

Hay que seguir denunciando la obsesión policial/defensiva de las políticas migratorias de la UE, que insiste en construir como archienemigo a los inmigrantes irregulares. Una categoría que ha experimentado un nuevo giro de tuerca, perverso, en el contexto de la falacia de la crisis de refugiados. Como ya he tratado de explicar, creo que la reciente toma de conciencia de que, frente a los refugiados, tenemos obligaciones jurídicas, pues quienes son reconocidos como tales son titulares de derechos exigibles, ha provocado el empeño de hacer una “limpieza”, para establecer de verdad quiénes son merecedores de ese título y quiénes no. En ese proceso, que tanto se asemeja a una <subasta>, como ejemplifica un estremecedor video difundido por CEAR, se ha ido a la baja, para reducir a lo imprescindible el peso a asumir. Porque los refugiados (no digamos los inmigrantes) no son vistos como personas con derechos, sino como lastres que hay que aceptar, pero de mala gana, hasta el punto de que nuestro esfuerzo se orienta a poner barreras, a dificultarles la posibilidad de plantear su demanda, esto es, negarles que puedan llegar a ser reconocidos como refugiados. Y aun así, ha habido Estados campeones en la no asunción de sus deberes, como el presidido por Rajoy y gestionado por ese halcón disfrazado de proba funcionaria, que es Soraya Sáez de Santamaría. Las cifras hablen por sí solas: todavía no se ha cerrado 2016, de forma que las estadísticas completas sólo se refieren a 2015 (véase el Informe CEAR que se puede descargar aquí), pero ya sabemos que cumplida la mitad del mes de diciembre de 2016, no llegaremos ni a 700 refugiados acogidos entre los que teníamos que aceptar en el reparto de reubicación y reasentamiento. Y sobre todo, seguimos sin Reglamento de la Ley de Asilo de 2009, aunque las previsiones sobre el mismo, adelantadas por el nuevo ministro del Interior que ha anunciado su aprobación para primeros de 2017, hacen prever un régimen aún más duro.

2.

Pero la peor perversión es la que afecta a los inmigrantes. En ese proceso de limpieza, de ampliar la ganga de la que librarse, los verdaderos desechos de los que habla Bauman cuando critica que Europa esté contribuyendo con sus políticas de inmigración y asilo a una nueva “industria del desecho humano”, son ellos. Parece que los gobernantes europeos nos envíen este mensaje: “refugiados? bueno, sí, tienen derechos y no podemos rechazarlos a todos. Pero, inmigrantes económicos? Quiá! A esos los expulsamos, porque no tienen derecho a venir y, menos, a estar aquí”. Véase, por ejemplo, el deslizamiento del calificativo. Antes eran ‘ilegales’, un estigma para demonizar a quienes se encontraban en situación administrativa irregular: sin papeles, o al menos sin todos los papeles. Ahora ya basta con decir ‘económicos’ (o sea, trabajadores, ¡qué osadía: quieren ser trabajadores cuando no los hemos llamado!) para hacer entender que son de una clase inferior, que están en primera fila del disparadero, que serán los primeros de los que nos podemos librar. Es preciso denunciar ese lenguaje y, sobre todo, lo que nos trata de transmitir, que los inmigrantes, en particular los irregulares, son personas sin derechos.

3.

¿No hay propuestas positivas? Sí, y nada abstractas. Hoy quiero llamar la atención del lector sobre dos tipos de propuestas: las primeras, reformas para mejorar el éxito real de lo que -retórica y muy a menudo hipócritamente- se llama “proceso de integración”: por ejemplo, dos que acaba de sugerir Cáritas española en su mensaje con motivo de este aniversario de 2016 (puede descargarse aquí). El ejemplo del segundo tipo de propuestas es una reforma legal, adoptada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Cáritas, a propósito de lo que llamamos inmigrantes irregulares sobrevenidos, una situación que resulta de la férrea vinculación normativa entre permiso de residencia y contrato de trabajo, ha propuesto reformar esa norma porque, como se dice en el comunicado, “creemos que, en un contexto como el actual, la exigencia de esa vinculación supone romper un proceso de integración ya en marcha, arrojar a las personas a un proceso de exclusión y malgastar una inversión social que sería mucho más útil bien situada”. En segundo lugar, Cáritas ha exigido que vuelva a dotarse con una partida presupuestaria suficiente el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, anulado en la práctica en los 3 últimos años del gobierno ZP y reducido a cero desde que gobierna Rajoy, aunque se vuelve a contemplar, insuficientemente, para 2017. Municipios y regiones han de afrontar solos, recuerda Cáritas, “las necesidades reales de educación, sanidad, servicios sociales o empleo… para evitar situaciones de vulnerabilidad o exclusión, e impulsar acciones que aprovechen la diversidad cultural de los inmigrantes en la sociedad”. Parece lógico que la Administración central del Estado contribuya a esas dotaciones.

Por su parte, me parece un ejemplo estupendo de una nueva comprensión del proceso de integración, en el que las diferentes Administraciones de una Comunidad Autónoma colaboran de forma coordinada, lo que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, anunciaba esta semana: la aprobación por el denominado Consell del Botánic (como se sabe, Podemos acordó y apoya ese programa de Gobierno aunque no forma parte de lo que es un bipartito) de una nueva ley que establece un modelo integral de renta de inclusión (ver aquí el análisis que hace Francesc Xavier Uceda, Delegado del Consell para el “modelo social valenciano”). Y lo traigo como ejemplo porque en esa ley se contemplan como beneficiarios inmigrantes a los que se les exige sólo un período de empadronamiento de 12 meses (la mitad que en el régimen legal anterior). Una ayuda que no necesita ser renovada y que se prorrogará mientras no haya modificaciones al alza de la situación económica y social de quien la haya demandado.

A mi modo de ver, este es un buen ejemplo de lo que debe entenderse por proceso de integración, pues el mensaje consiste en mostrar a quien quiere vivir con nosotros que un primer paso legal, el empadronamiento, le puede permitir una respuesta de inserción en forma de ayuda que contribuya a garantizar necesidades básicas y así a seguir en el camino de la visibilidad y presencia legal, para formalizar un proceso de inserción legal que no sólo consiste en ir superando pruebas, sino también en beneficiarse de su condición de miembro de esa comunidad a la que quiere pertenecer y a la que de hecho contribuye. Un mensaje positivo para los que llegan, pero también para que nosotros, los de aquí, aprendamos a verlos como vecinos, como ciudadanos.

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Ilustraciones: 1, 2 y 3. Turner: The Slave Ship (1840, detalles); 4. Turner: Figures on a beach (1845).

Doñana otra vez

Teresa Ribera

Los activistas de Greenpeace han logrado, una vez más, parar una actividad que consideran peligrosa para el medio ambiente y, sobre todo, hacer visible para la sociedad un problema complejo sobre el que es importante debatir. En esta ocasión, el objeto de protección es especialmente simbólico: Doñana. Se suman así a la campaña internacional emprendida por WWF “Salvemos Doñana”, con enorme repercusión más allá de nuestras fronteras.

Doñana tiene valor histórico y ambiental; es uno de los espacios emblemáticos más importantes de Europa; representa el origen del movimiento ambientalista ilustrado en nuestro país. Y, sin embargo, esto no ha impedido la aparición y permanencia de presiones antropocéntricas que ponen en riesgo la preservación de sus tesoros: freseros y arroceros buscando agua, delirios de –trasnochada- grandeza persiguiendo la entrada de grandes cruceros hasta Sevilla y, más recientemente, Gas Natural buscando yacimientos y emplazamientos geológicos adecuados para almacenar gas.

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Algunas de estas actividades son defendidas por tratarse de usos históricos de la población local. Ocultan que hace mucho sobrepasaron los límites de lo razonable y lo permitido y que no se trata de pequeñas economías de supervivencia sino de grandes negocios de una agroindustria poco respetuosa con el entorno y dispuesta a socializar costes ambientales para mantener su diferencial de beneficios. Se oculta también las dificultades de las autoridades llamadas a velar por el agua –de superficie y subterránea– y por los ecosistemas protegidos para imponer la disciplina ambiental que marca la norma.

Otras, como el famoso –y faraónico, y ¡afortunadamente frustrado!– dragado del Guadalquivir, fueron defendidas con ahínco por algunos que todavía confunden desarrollo con desarrollismo y soñaban con la entrada en Sevilla de fastuosos cruceros de 20 pisos cargados de miles de turistas, dejando un buen peaje en puerto y un incierto impacto beneficioso en la economía local. Aquello fue especialmente estrambótico: el banco Europeo de Inversiones acordó financiar parcialmente el proyecto que, sin embargo, era manifiestamente incompatible con la protección de las márgenes del Guadalquivir y planteaba serias dudas sobre impactos indirectos desde el estuario hasta el centro mismo de Sevilla. Pues bien, ha costado más de 15 años desterrar definitivamente un proyecto que más que beneficio generaba una hipoteca vital para la zona con un elevadísimo coste económico y ambiental. Puesto en contexto, ¡qué contentos estarían los venecianos de haber tenido una segunda oportunidad!

Hay algunas sorprendentes, como la intención de recuperar la actividad minera de Aznalcóllar, olvidando el desastre medioambiental de hace 20 años y obviando las numerosas dudas sobre la viabilidad económica del proyecto en el medio plazo.

Aznalcóllar2 - ecologistas en acción

Ahora se suma Gas Natural. Argumentan que cumplen con su mandato social, la legislación y la política energética vigentes. Tienen razón cuando dicen que hace más de 15 años se hizo una gran apuesta por el gas como combustible fundamental para garantizar el suministro energético en nuestro país. La tienen también cuando indican que, siendo coherentes, conviene explorar –y explotar– nuestros recursos así como garantizar suficiente capacidad de almacenamiento. Sin embargo, hay algunos otros datos no tan conocidos. Por ejemplo: España se tomó tan en serio sus deberes que se ha convertido en la primera potencia en regasificación en Europa, que la sobreinversión y la sobrecontratación nos han dejado con una serie de infraestructuras infrautilizadas –útiles para la transición energética en su primera fase, difícilmente rentables y compatibles con el perfil energético que debe imperar en 20/30 años– a las que pretendemos dar salida convirtiéndonos en un “hub” de gas para el sur de Europa. Son infraestructuras cuyo coste corre a cargo de la tarifa del gas (o la electricidad, en el caso de las infrautilizadas centrales de ciclo combinado). Es verdad que el proyecto de Gas Natural no afecta el espacio del Parque Nacional, sino el del preparque y que cuenta con declaraciones de impacto ambiental que introducen las cautelas para que la actividad sea segura –o mejor dicho, razonablemente segura; el impacto cero no existe y el margen estadísticamente menor de imprevistos sí. No es tan conocido que, en primera instancia, empezaron a tramitar el proyecto “a trozos”, motivo por el cual tardamos un poco en darnos cuenta de que no se trataba de un “pinchazo” sino de un queso gruyere unido por tuberías y que, desde entonces, las dudas sobre su oportunidad no han hecho sino aumentar.

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Pero sobre todo, lo que no se cuenta, lo que no se discute… es qué sentido tiene todo esto puesto en perspectiva de futuro. Una cosa es hablar de los últimos 30 años y otra decidir dónde invertimos colectivamente para los próximos 30. Vivimos una etapa de cambio de paradigma inevitable, todavía con incertidumbres y en fase de aprendizaje pero, ¿es ésta la mejor opción colectiva en un momento de clara e irreversible transición energética? La decisión puede ser conforme a derecho pero si nos sobran gas y CO2 y nos motiva la preservación de nuestros recursos, ¿no ha llegado la hora quizá de cambiar el marco jurídico y cambiar el orden de prelación y valores, siendo mucho más selectivos en nuestro recorrido gasista?, ¿es quizás éste el motivo por el que corre prisa empezar las obras, hacerlo antes de que cambie la norma y la política energética o la ambiental?

Veremos qué hace Gas Natural. No estoy segura de que sea buena idea liderar una compañía cuya actividad sea fuertemente contestada por la sociedad y sus clientes. Nestlé aprendió la lección en una campaña similar sobre el uso de aceite de palma en sus productos y la estrecha relación de esta sustancia con la deforestación a gran escala. Su primera reacción fue una contestación arrogante a Greenpeace, promotora de la campaña. “Fue la peor de las decisiones”, confirma la compañía públicamente. Poco después, Nestlé dio marcha atrás e inició un proceso de aprendizaje y mejora codo con codo con organizaciones sociales y ambientales que va más allá del aceite de palma e incluye otras materias primas básicas relevantes desde el punto de vista del impacto de la cadena global de valor y los efectos del gran consumo sobre la biodiversidad y las poblaciones locales en las zonas de producción.

Más allá del gas, del arroz, el algodón, las fresas y de los cruceros, lo cierto es que Doñana sólo debería tener un recorrido: protección total como el santuario ambiental y arqueológico que es, y un plan de eliminación de presiones antropocénicas acompañado de una propuesta de usos viables, prudentes y compatibles con su preservación. Consigamos desterrar la tragedia de los comunes, empezando en nuestro territorio por la tierra de Doña Ana. Si son comunes, si representan valor, seamos valientes y encontremos otra respuesta colectiva para los espacios emblemáticos y sus habitantes; para que su defensa y preservación sea un modo de vida y una garantía de sostenibilidad en el tiempo. Ha llegado el momento de buscar propuestas de progreso y prosperidad sin hipotecar la riqueza colectiva. Somos capaces y creativos. Deberiamos tomarnos este asunto mucho más en serio: las personas en el centro de nuestras decisiones, los límites ambientales como condición de contorno que en ningún caso deberíamos trampear.

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Cuidadores invisibles, ciudadanía demediada

Pepe Reig Cruañes

Si los sistemas del bienestar nacieron principalmente para corregir la desigual capacidad de las personas para afrontar los riesgos de la vida y las situaciones de necesidad, las políticas de austeridad han venido a recordarnos que frente a la desgracia somos vulnerables, pero unos más que otros. Mucho más. Las actitudes y las propuestas frente a ese tipo de situaciones “marcan” indeleblemente a los partidos con una posición “antropológica” que se encuentra en el fondo de sus discursos.

Cuando se habla de los recortes en Dependencia tendemos a olvidar los concretos dramas que hay detrás de esos recortes y se obvia el dilema entre una sociedad en la que cada cual apechuga con lo suyo o una con redes de solidaridad que protegen y amortiguan. Aunque parezca crudo, eso es lo que está al fondo cuando se revierten las políticas inclusivas que, de acuerdo con la Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, tratan justamente de facilitar el ejercicio de la ciudadanía, es decir, algo que va más allá de evitar la discriminación. Cuando se recorta en este campo, no se está equilibrando un presupuesto, se está generando una exclusión.

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La Ley de Dependencia de 2006 abría la puerta a la superación del modelo tradicional exclusivamente asistencial, privado y femenino, para dar paso a un nuevo “derecho al cuidado” que ha ampliado las bases del Estado del Bienestar. Aparte de las prestaciones previstas para la atención a la Dependencia, la Ley puso en marcha el mecanismo por el que la tradicional dedicación al cuidado en el ámbito familiar podía transformarse en una actividad reconocida, retribuida y con cotización a la Seguridad Social y, hasta cierto punto, profesionalizante, de cara a una futura empleabilidad para las personas que la ejercían. Se trataba de los llamados Cuidadores No Profesionales.

Dos líneas de crítica han señalado efectos no deseados de la Ley: la crítica feminista apunta a la reafirmación de la tradicional asignación de roles femeninos, ahora reforzada por la posibilidad de cobrar por lo que ya se venía haciendo. De hecho la proporción de mujeres entre los Cuidadores nunca bajó del 92%.

La crítica social, por su parte, incide en la falta de avances en la creación de redes de asistencia y cuidado públicas, dado que resultó más barato para las administraciones transferir dinero que crear y dotar dichas redes, lo que ha ralentizado aquella deseable expansión del Estado del Bienestar. Un, por ahora, improbable restablecimiento del derecho a la Dependencia debería contemplar esas dos fundadas críticas al modelo de 2006.

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Ambas disfunciones palidecen, no obstante, ante la magnitud del proceso de deconstrucción iniciado por la derecha gobernante que, con la excusa de la crisis y los ajustes, ha procedido a reinstaurar el modelo tradicional y a devolver a las personas con dependencia al ámbito privado y a cierta invisibilidad. También ha vuelto invisible, al menos para el Estado, el trabajo de aquellas personas que deben dedicar su vida, sacrificando otras opciones vitales, al cuidado de algún familiar altamente dependiente.

En el corto recorrido de aplicación de la Ley en su formato original entre 2007 y 2011, el sistema creaba empleo y producía inclusión, que es, o debiera ser, el objeto de las políticas públicas de ciudadanía. Lo cierto es que más allá de mejorar la vida de las personas con problemas de autonomía, demostró que el cuidado y la atención a la dependencia podían generar dinamismo económico y empleo, incluso en una sociedad tan tradicional como la nuestra. Era uno de los famosos “nichos de empleo” del bienestar, que el conservadurismo tiende a ver como lastre para una sociedad competitiva. De hecho algunos estudios señalan que era el único sector que creaba empleo durante la crisis en actividades como los centros residenciales para mayores, los de personas con discapacidad, los centros de día, los servicios de ayuda a domicilio y la teleasistencia. Y, por supuesto, en el ámbito de las prestaciones para la asistencia familiar y no profesional.

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Fuente: Jiménez Lara, A. “Crisis y atención a la Dependencia. 
Efectos sobre el empleo y las familias” en Actas de Dependencia, 
nº 5. Julio 2012. Accesible: 
http://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/sumario-n5.pdf

En el sector específico de los Cuidadores No Profesionales las retribuciones previstas en la Ley no fueron nunca muy altas, pero aún se redujeron en un 15% a partir del RD 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. Ese decreto del recién estrenado gobierno de Rajoy en mayoría absoluta, cambiaba las prioridades desde el título mismo y procedía a “extinguir” las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del Estado, que la Ley de Dependencia había facilitado para las personas que se ocupan en casa de algún familiar. Los convenios especiales suscritos con la Seguridad Social a partir de ese momento corren a cargo del interesado. La abrupta caída de la curva de Altas registradas en la Seguridad Social proclama a voz en grito la vuelta al modelo tradicional.

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Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

De lo que a estas alturas no puede caber ninguna duda es de que, deliberadamente o no, se ha abortado tempranamente, y con un coste de imagen despreciable para el gobierno, la consolidación de ese sector emergente que nos hubiera aproximado a las sociedades del Estado del Bienestar. Volvemos pues donde solíamos en este crucial asunto de la dependencia y la autonomía personal. Los retrocesos en la inclusión y la igualdad no incumben sólo al colectivo afectado, sino que cuestionan la ciudadanía común. Pero esa es una “marca antropológica” que el conservadurismo actual luce sin complejos.

Lawence Alma-Tadema

Ilustración: Cuadro de Lawence Alma-Tadema (1872).

Últimas imágenes de la tortura

Jesús García Cívico

La concesión de amparo, estos días, por el Tribunal Constitucional a una joven por una investigación sobre torturas cerrada en falso; la justificación de Jefe de la Guardia Civil en Baleares de las continuas (normalizadas) agresiones a detenidos; el reciente informe del Ministerio Público de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires sobre malos tratos cometidos por sus fuerzas de seguridad durante los primeros meses de 2016 (2 al día); pero, sobre todo, las constantes denuncias de organismos como Amnistía Internacional sobre la extensión de la tortura en el mundo, permiten afirmar que esa auténtica aberración de nuestros sistemas, esa afrenta a la civilización que es la tortura, es una cuestión de triste actualidad.

Cuestión de triste actualidad, y, sin embargo, ninguna de esas tres noticias es estrictamente novedosa: nuestro país ha sido sancionado en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar eficazmente este crimen; a su vez, las torturas cometidas por ejército y policía en Argentina y otros países americanos son bien conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuestión aparte es el hecho de que los testimonios recogidos por la comisión coordinada por el escritor Ernesto Sábato en Nunca más, el informe sobre violaciones de derechos humanos de la dictadura argentina, constituye todavía hoy uno de los documentos más estremecedores sobre lo que Luigi Ferrajoli o Massimo La Torre han calificado en términos de «batalla contra la razón»); por último, y por lo que respecta a la situación global, el informe 2015-2016 de Amnistía Internacional calcula que son 122 los países en los que hoy se tortura. Más concretamente el informe de Human Rights Watch, «No more excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture» pone al descubierto, no sólo la brutalidad e ilegalidad del programa de la agencia norteamericana de inteligencia, sino la falta de interés de la justicia en pedir la más elemental rendición de cuentas.

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Mural en Bagdad

En general, para cualquier aproximación histórica o socio-jurídica a la tortura siguen siendo indispensables los trabajos de Tomás y Valiente, así como las obras de referencia de Mellor, Fiorelli, Langbein y Peters, entre otros. Es igualmente numerosa la atención académica a estas cuestiones al hilo de la red de torturas que siguió a la reacción de la primera administración del presidente de EEUU George Bush, a los atentados del 11 de septiembre, así que a lo que modestamente invitamos en Al revés y al derecho, es a considerar pertinente una mirada a la tortura a través de imágenes que podría complementar, en algún punto, la visión siempre inacabada de este hecho terrible. Un hecho, el de la tortura, al que toda persona, y en particular, todo jurista debería dedicar un tiempo de reflexión, aunque sólo sea porque derecho y tortura han sido cómplices demasiado tiempo, y la tentación (véanse a este respecto, las siniestras opiniones de juristas y políticos como Dershowitz, Baybee, González o Jon Yoo) de continuar con esa macabra relación, permite ver el futuro inmediato del derecho a no sufrir torturas (un derecho, recordémoslo, de carácter absoluto) con menos optimismo que el que tuvieron los ilustrados Jefferson y Voltaire, el primero diciendo aquello de que entre gente civilizada nunca más se quemarían libros, el segundo asegurando que jamás regresaría la tortura judicial.

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Enrique Martí, Getsemaní, 2008

¿Hay alguna novedad en torno a la tortura? Creo que sí y que tiene que ver con una suerte de normalización (de sofisticación de su institucionalización, por decirlo así) de la impunidad, paralela al abuso, tan cínico como peligroso, de los eufemismos del tipo «interrogatorio mejorado» o «presión física moderada». Es una novedad que afecta al ánimo con la que se oculta y lleva a cabo, a la retórica de la excepción y a la responsabilidad de los agentes. Todo ello es observable a través de imágenes. ¿Qué imágenes, pueden integrarse en la comprensión actual de esa lacra de la tortura (un «cáncer que crece» en expresión de Javier de Lucas, también en democracia)?

En primer lugar, habría que reconocer que la reproducción artística (mímesis) de la tortura no es en absoluto novedosa: en lo que toca a la ficción, el arte pronto obtuvo en la tortura un tema recurrente, básicamente a partir de recreaciones del martirio de Cristo, de los tormentos de santos y de la representación del infierno de acuerdo con la escatología católica. También hay tormento en pinturas de suplicios mitológicos y en la recreación de castigos feudales en China y Japón, la hay en las imágenes que invariablemente acompañan la historia occidental, ahora la Inquisición, ahora la quema de brujas, la cruzada, la guerra y sus crueldades, ahora la práctica judicial, ahora la esclavitud, la opresión colonial, los «descubrimientos», las «conquistas»: desmembramientos, flagelaciones, seres humanos desollados vivos, mutilaciones, cuerpos quemados entre alaridos, decapitaciones, amputaciones, violaciones, cuerpos hervidos en vida. En muchos de ellos el artista capta el dolor, pero sobre todo… la indiferencia, cuando no el regocijo del torturador y del espectador. La tortura es también un proceso y las cuatro etapas de la crueldad de William Hogarth (captación del «espíritu diabólico de la barbarie») son un ejemplo tan clásico como conocido.

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Hogarth, The reward of cruelty, 1751

Solo en el siglo XX la imagen de la tortura acompaña los trabajos (de muy distintas calidades e intenciones estéticas) del propio Picasso, de Lovis Corinth, de Max Ernst, Georg Grosz, Max Beckmann, Otto Dix, Aroldo Bonzagni, Bohumil Kubišta, Leon Golub, Nancy Spero, Pier-Paolo Pasolini

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Max Beckmann, Die Nacht, 1918

¿Hay pues algo sustancialmente distinto, una tendencia particular, en la representación de la tortura en el siglo XXI? En primer lugar, y por centrarnos sólo en las imágenes de la primera década, parece indispensable desentrañar los significados de las imágenes reales (fotografías, vídeos y otros documentos gráficos) de Guantánamo y Abu Ghraib en relación con hechos que las precedieron. Estas imágenes son importantes para comprender nuestro siglo, siglo de la imagen, pero lo son aún más, en un sentido político, porque el siglo XXI comenzó con una imagen en movimiento: el terrible derrumbe de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York a la que siguió, como recuerdan entre otros Habermas, un hecho peor, la violación de la legalidad internacional. La imagen de ese derrumbe tuvo desde el principio algo de irreal y de golpe emocional, pero también desempeñó una función ligada al imaginario del orden: la imagen, tantas veces repetida, dejaba en suspenso, congelaba, la conmoción y su contracara, el estado de alarma y excepción.

La generalización, el ánimo de venganza, la necesidad de reafirmación del poder, la desproporción entre los fines y los medios, eran todos ellos asuntos que se habían asumido desde el principio, es por ello que las imágenes que llegaron inmediatamente después del 11/S, las fotografías de un centro de detenciones en Irak, provocaran reacciones de naturaleza contradictoria.

El escándalo conocido como el de Abu Ghraib empezó en enero de 2003 cuando el soldado Joseph Darby destapó numerosas fotografías de abusos sobre detenidos en esa prisión iraquí por parte de agentes de los EEUU. Las imágenes eran ofensivas desde cualquier consideración ética como jurídica, pero, sobre todo eran… grotescas. ¿Qué hacía esa joven con el pulgar levantado ante una pirámide de hombres desnudos apilados de forma obscena con signos de haber sufrido violencia sexual y otros tipos de llamativas vejaciones? ¿A qué vienen todas las fotografías de esos chicos desorientados, desnudos llenos hasta las cejas de orín y desechos fecales, con la cabeza cubierta, incapaces ya no de ver de dónde vienen los golpes o los ladridos de los perros, sino de percatarse de las sonrisas orgullosas de sus sádicos maltratadores? ¿Y ese hombre en forma de árbol de Navidad, sus testículos rodeados de cables eléctricos?

Uno de los textos que mejor responde a estas cuestiones es el del periodista norteamericano Marc Danner. Los abusos expresados en humillaciones físicas, morales y psicológicas, la mayor parte en relación con el sexo, no se explican sin la confluencia de muchos factores. La respuesta de Danner, es que se trata básicamente de la forma torpe, pero gráfica de cumplir órdenes ambiguas «de arriba abajo» a través de materiales simbólicos y culturales.

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Nancy Spero, Torture of Women

Sí, la idea central de Danner es que esas imágenes reflejan exactamente una voluntad. Traducen, con extraordinario éxito simbólico, una política sistemática: los soldados debían «aflojar» a los detenidos para posteriores interrogatorios. El medio más rápido era tratarles con tanto desprecio y dureza que temieran que cualquier cosa podía pasar allí, dicho de otra forma, se trataba de hacerles saber que no se les iba a respetar en ningún sentido. «Asegúrense de que pasen una mala noche». ¿Cómo hacerlo? Básicamente, invirtiendo el imaginario del trato debido. Los soldados norteamericanos conocían la teoría acerca las diferencias culturales y de las sensibilidades locales. A través de la inversión de ese mundo de valores e imágenes lograron un microcosmos de pesadilla.

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Grzegorz Klaman Fear and Trembling, 2007

Hay en esas imágenes regodeo, hay algo de orgullo de vengador. Lo expresaba bien García Amado (Torturas en el cine, 2005) cuando al hilo de otra tortura, la de la ficción, recuerda que O´Brien, personaje de 1984, es consciente de que no busca una confesión sino acabar con el sentimiento de sentirse hombre. La tortura es ineficaz como forma de esclarecer una verdad procesal pues en mayor o en menor medida, se aplica como venganza y no como recurso procesal, pues se sabe su nula fiabilidad. La tortura es un crimen y, además es una forma ineficaz de luchar contra el terrorismo. Sus efectos son perversos, en el peor de los casos, da siniestros argumentos a los terroristas.

Los soldados aprovecharon la orden para combinar dureza física y verbal con vejaciones sexuales, más o menos recurrentes de trasfondo cultural que llevaran a los detenidos a sufrir físicamente, pero sobre todo a padecer íntimamente un intenso sentimiento de vergüenza e inferioridad: violaciones anales con palos de escoba o tubos fluorescentes, masturbaciones forzosas, vejaciones con animales al ritmo de música rock; a la mayoría se le hacía degustar sus propias heces o se les orinaba encima. Que los detenidos iraquíes experimentaran un intenso sentimiento de vergüenza era algo buscado, de ahí, la predilección por las de mujeres entre las vejadoras, y de ahí las fotografías: la imagen perpetúa la humillación en el tiempo.

Nótese que algunos de esos detenidos fueron luego puestos en libertad porque como la mayoría de los que pasaron por esos centros, no habían cometido ningún delito.

En esta fotografía del canadiense Jonathan Hobin, una niña imita a la soldado Lynndie England.

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Jonathan Hobin, In the playroom, 2012

A pesar del escándalo de las imágenes casi nada cambió: Bush ganó un segundo mandato, la cuestión no ocupó el debate político y apenas se castigó a los culpables. ¿Y la gente?, ¿y la ciudadanía? ¿por qué no se produjo un clamor ciudadano en relación, por ejemplo, con los valores y los principios más elementales sobre los que, es necesario, recordarlo, se estaba produciendo toda esa ofensiva militar pero también política?

Escribió John Berger con ocasión de la publicación de Sobre la fotografía que todos los debates y análisis futuros sobre el papel de la fotografía en la mediática sociedad de la abundancia deberían partir de ese libro. De acuerdo con la autora, Susan Sontag, lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por fotografías es la existencia de una conciencia políticamente relevante. Esto es, para la autora de Sobre la fotografía, «sin política, las fotografías del matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores». Sontag, se refería a las fotografías icónicas del siglo XX, el siglo breve según Hobsbawm: Auschwitz, Hiroshima, el Gulag. ¿Cómo afectarán, las nuestras, a una generación venidera? ¿Qué tipo de conciencia política desentrañará sus múltiples significados?

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De momento, el impacto de las imágenes de esa tortura sádica y grotesca es muy variado, va desde las esculturas que se golpean la cabeza contra el muro en la obra del escultor polaco Grzegor Klaman (Nowy Targ, 1959) o ya en nuestro país el desasosiego de Enrique Marty (Salamanca, 1969). En este último caso, y por citar solo una obra, «Getsemaní», representa con ironía ácida, tal como apuntaba recientemente la gestora cultural Maite Ibáñez, un episodio de la tortura cristiana desde una óptica actual con una imagen terrible que podemos identificar con cualquier prisionero de Siria o Guantánamo. El impacto de las imágenes de Abu Ghraib, generó pronto las conocidas series del artista colombiano, Botero o el arte callejero de Banksy, pero la disposición de los cuerpos humillados y torturados en una suerte de tableau vivant ha inspirado otras imágenes, Marta Sytniewski, el caricaturista brasileño Carlos Latuff, el estupendo artista valenciano Artur Heras.

El libro de Stephen F. Eisenman The Abu Ghraib Effect, da cuenta del fenómeno del impacto visual, los efectos de la imagen y el interesado en esta cuestión encontrará ahí, muchos referentes.

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Artur Heras, Deriva mediterrània, 2014-2016

La frivolidad y el sadismo grotesco en el que hemos hecho hincapié lo captaron perfectamente los británicos Jake y Dinos Chapman en su rectificación al Goya de Los desastres de la guerra o en Great Deeds against the Dead: imagen dantesca de un maniquí descoyuntado atado a un árbol.

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R. Crumb

En obras como la de abajo, un payaso de McDonalds participa en tumultuosas expresiones de guerras y tormentos.

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Dinos & Jake Chapman

Los desastres de la guerra es todavía una obra maestra, también en un sentido moral, pues Goya, el genio, tuvo el acierto de mostrar sin ambages el desengaño y la crudeza de la guerra, incluso cuando la abandera la razón. Por eso, lo peor de todo lo que rodea la tortura, pero también el imaginario de la guerra y el dolor, es que en ellos apenas ocurre, ni siquiera en las primeras décadas del siglo XXI, ninguna novedad.

Elecciones, pragmatismo y derechos en la era del menosprecio

Javier de Lucas

Será como con la muerte de Kennedy. Todos recordaremos nuestros detalles. Si me preguntan, no olvidaré que la noche en que el recuento de votos electorales, poco a poco, dio el triunfo a Trump, estaba en México, sin saber muy bien si me había dormido viendo la Tv o si la pesadilla era real.

Desde luego, no han faltado los sabelotodo que nos han aleccionado (a posteriori, claro) sobre lo más que previsible del resultado. Hay también quien nos regaña por no entender que la democracia es así –como la rosa: ¿mejor no tocarla?– y que debemos respetar la libre decisión de los ciudadanos de los EEUU que han votado, por muy estúpida que nos parezca. Son los mismos que, a mi juicio, confunden democracia, reglamentos electorales, verdad y justicia, que no es poco confundir. Y no faltan, claro, los avisados y descreídos (esos que presumen de que a ellos nunca les engañan, no como a los ciudadanos corrientes) que nos hacen ver que todo estaba jugado con antelación y se trata de una prueba más de que “el sistema” siempre gana. Nosotros creíamos que se enfrentaban una máxima exponente de la lógica y de los intereses de la élite del stablishment contra un demagogo multimillonario que jugaba a outsider. Y no, Trump es más sistema que la misma Hillary: ¡toma ya! A ver si aprendemos de una vez que no hay nada que hacer. Curiosa moraleja, por cierto, en boca de esos soi-dissants intelectuales progresistas que juegan a la sabiduría del cínico y nos aleccionan desde sus púlpitos. Sigue leyendo