Nuestros derechos y valores. Su terrorismo

Javier de Lucas

Una vez más, se ha cumplido el ritual. Ante el horror insoportable de un asesinato terrorista que se ha llevado las vidas de niños y adolescentes que disfrutaban de un concierto, hemos mostrado nuestro dolor y solidaridad con las víctimas, sus familias y amigos. Con la ciudad, Mánchester. Con el país, el Reino Unido. A los mensajes y actos de condolencia y solidaridad, han seguido las más firmes condenas, las llamadas a la unidad y la reafirmación de que ninguno de los actos de execrable y cobarde terrorismo van a cambiar nuestras vidas. Y que los valores (incluso hay quien precisa, “nuestros valores europeos”) prevalecerán…

No creo que sea sólo quien suscribe quien está harto de tanta palabrería hueca, falaz, ineficaz. Y por más que corra el riesgo de ser malinterpretado me parece una obligación disentir y razonar el porqué de esta crítica. Vayan por delante dos precisiones: en lo que sigue no hay ninguna pretensión de superioridad moral ni de ningún otro tipo. Pero tampoco es una reacción del denominado “victimismo occidental”, de ese mal entendido complejo de culpa, que se echa encima (nos echa encima) todos los males habidos y por haber. No: trato sólo de entender por qué, pese a que sabemos de los rasgos particulares de esta nueva modalidad de terrorismo barato –porque no precisa especial financiación, ni medios sofisticados, ni estructuras organizativas complejas-, individual, difícilmente previsible, vinculado al yihadismo pero no necesariamente en la forma de organización o franquicia de grupo armado leal al ISIS (antes a Al Qaeda), por qué, insisto, somos incapaces de dar respuestas aceptables, eficaces, duraderas.

Estoy convencido, en primer lugar, de que es un error seguir insistiendo en que estos actos no cambiarán nuestro modo de vida, nuestros ‘valores’ y que tales valores y principios prevalecerán contra su terrorismo. Porque es mentira. Primero, porque ya lo han cambiado: basta con acercarse a las medidas de control en el transporte aéreo. No digamos nada si la reacción ante los ataques consiste en recurrir al cierre de fronteras, a la suspensión de derechos, a modificaciones legislativas propias de estados de excepción o a la vigilancia de grupos de inmigrantes o refugiados por el hecho de serlo o de ciudadanos sin más, por su pertenencia religiosa al Islam. Todo eso cambia, ha cambiado nuestro modo de vida y ha llevado a matizar no poco nuestros valores y principios. No digamos cuando, en el colmo, se llega a declarar el estado de guerra, algo que hizo la Administración Bush en los EEUU tras los ataques del 11S y que ningún Presidente (Trump, menos, claro) ha derogado. Pero algo que decidió también el Presidente Hollande en sesión solemne ante las Cámaras, reunidas en Versalles. Y recordaré que una parte de los medios de comunicación y de los ‘especialistas’, ‘analistas’, ‘comentaristas’ que nos ilustran sobre la respuesta ante los ataques terroristas, alientan y justifican este tipo de respuesta: frente a la barbarie de los atentados, no cabe otra respuesta que la guerra, incluso a guerra. Y así, nos explican: esto es una disyuntiva clara: la civilización contra la barbarie. Es o ellos o nosotros. Porque son nuestros valores y derechos, nuestras libertades y garantías los que están en juego contra su terrorismo.

Y no. Para decir que defendemos derechos y valores es preciso un mínimo de coherencia en esa defensa. Lo que exige, por ejemplo, defender esos derechos para todos los seres humanos y luchar por protegerlos para todos, al menos para aquellos que están bajo nuestra soberanía. Llorar por igual, por ejemplo, la vida de mi hija, de nuestros niños y adolescentes que han estado en peligro en el Manchester Arena, y los niños, adolescentes, que mueren víctimas del terrorismo de Estado que practica Arabia Saudí en Yemen. O los que mueren como consecuencia de los efectos colaterales asumidos cuando se lanzan drones mortíferos en una boda, o contra un hospital o escuela, en Afganistán, en Gaza o en Siria. Defender los derechos suspendidos a refugiados e inmigrantes por razón de su pertenencia etnocultural, religiosa o nacional. Velar por la garantía de la libertad y los derechos cuando se suspenden al menos para algunos grupos de seres humanos respecto a los cuales deja de valer el principio de presunción de
inocencia y del favor libertatis, el derecho a la defensa, a la libertad deambulatoria, a la libertad de expresión y crítica o al
reagrupamiento familiar. Exige también no ceder al chantaje que nos proponen los gobiernos europeos e incluso la propia Comisión cuando nos explican a los ciudadanos que hay que elegir entre mantener seguras las fronteras o restringir derechos de los que quieren llega; elegir entre mantener nuestro estándar de derechos y libertad, o rebajarlo si queremos compartirlo con quienes tratan de llegar hasta nosotros. Exige saber actuar contra los regímenes que violan masivamente esos derechos en el caso de las mujeres, o de los niños, o de los trabajadores extranjeros a los que tratan como esclavos, cuando son países “amigos” o simplemente ricos cuyas inversiones deseamos, como Arabia Saudí o las petromonarquías del Golfo. No: estamos practicando y aceptando que se practique el principio orwelliano (Rebelión en la granja) según el cual “todos los
seres humanos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”. No podemos arrogarnos esa maniquea representación de la civilización contra la barbarie, no podemos decir sin más que esos valores y derechos son nuestros y que somos nosotros los que los defendemos.

Para mejorar nuestra seguridad, para poder prevenir y proteger, hay que empezar por reconocer lo que no hemos hecho bien y enderezar el rumbo. ¿Qué es lo que lleva a un chico de Mánchester de 22 años (sí: hijo de refugiados libios, pero ¿es que vamos a volver a los test de pureza de sangre para saber quién es verdadero manchesteriano, inglés o de Murcia?) a inmolarse asesinando a un montón de conciudadanos, muchos de ellos niños y adolescentes? ¿qué tiene que pasar para esa ‘radicalización’ que le hace creer que vale la pena semejante barbaridad? ¿Es sólo el efecto contaminante de un fanatismo religioso que adquiere en internet? ¿No hay que tratar de entender por qué fracasan las políticas de integración de quienes, siendo ciudadanos ingleses de nacimiento, se entregan a vínculos de pertenencia e identidad que les exigen destruir el vínculo social y político con el país en que han nacido y crecido? ¿Es eso sólo posible desde el fanatismo religioso o acaso no conduce a procesos similares otros tipos de fanatismo, el de la razón de Estado, el de ciertas religiones seculares, como el nacionalismo excluyente? ¿No hemos minusvalorado los procesos de desprecio y humillación social hacia cierto tipo de otros?

Soy de los que piensan que el principio en los que se basa la Estrategia Europea contra el terrorismo (“luchar contra el terrorismo de forma global, al tiempo que se respetan los derechos humanos y se crea una Europa más segura, que permita a sus ciudadanos vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia”). Sigo pensando que están vigentes y son adecuadas sus cuatro líneas de actuación, Prevenir (abordar los factores o causas profundas de radicalización), Proteger (reducir nuestra vulnerabilidad), Perseguir (lo que exige coordinación en los servicios de inteligencia para investigar las redes que alimentan a los terroristas, su financiación, su acceso a armamento) y Responder (coordinar las respuestas a los actos terroristas, mejorar la atención a las víctimas). Pero está claro que no hemos avanzado suficientemente en ellas desde 2005, aunque se hayan dado pasos positivos.

La realidad, sencilla, es que sólo hay un nosotros, complejo, diverso, que vuelve difícil la tarea de gestionar la diversidad. Y que la lucha contra los terroristas, por difícil y compleja que sea (lo es contra este tipo de terrorismo, que, reconozcámoslo, consigue sus propósitos), no avanzará si no somos coherentes con nuestros valores y derechos y reconocemos nuestros errores. En el entretanto, bien vale dedicar un rato a una película irreverente, llena de humor negro y de sentido crítico, la que dirigiera en 2010 Chris Morris, Cuatro leones (Four Lions), sobre un grupo terrorista que prepara un atentado en Londres…

La Virgen María también abortaría

Joaquín Urías

El ordenamiento jurídico español protege la práctica religiosa incluso a través de normas penales que castigan a quien ofenda los sentimientos religiosos. Se trata, simplemente, del desarrollo de la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Así, constituye un delito la profanación de lugares de culto. También el que ofenda de manera grave y gratuita a quienes practican una religión, o a quien no lo hacen. Este tipo de ofensas se castigan en nuestro ordenamiento en la medida en que constituyan exclusivamente una burla grave e hiriente de los sentimientos religiosos -o areligiosos- de otra persona; sólo pueden apreciarse de manera muy excepcional: únicamente cuando no haya en juego ningún otro derecho constitucional. La Constitución en ningún caso permite utilizar este delito para limitar la libertad de expresión política o el derecho de crítica; mucho menos, para imponer a la generalidad de la sociedad los dogmas de determinada religión.

Sin embargo, esto es lo que han hecho primero la Audiencia Provincial de Sevilla y luego el correspondiente juez de instrucción en el asunto de la procesión del coño insumiso. Se trata de un grupo de anarquistas feministas que el primero de mayo llevaron a cabo una procesión convocada por la Hermandad del Sagrado Coño Insumiso a la Explotación a la Precariedad. Al modo de las procesiones que tan a diario llenan la capital andaluza, sacaron a pasear en andas y bajo palio la imagen de una vagina, signo de la precariedad femenina y de la explotación laboral de las mujeres convertida en dogma casi religioso. Es un caso claro de crítica política y social, por el que unas activistas reivindican el papel activo de la mujer, haciendo una crítica de la sociedad patriarcal y religiosa que mantiene su explotación. Al intentar impedírselo, los jueces -en nombre del respeto malentendido a una religión- están vulnerando en realidad sus derechos constitucionales

La ofensa contra los sentimientos religiosos no puede consistir en discrepar de los dogmas de una determinada fe. Si los miembros de una religión creen que es pecado reproducir el rostro de su profeta, esa creencia no puede vincular al resto de la sociedad que no comparte tal creencia. Del mismo modo, si una religión cree en la virginidad de la madre de su profeta o su Dios, eso no implica la prohibición pública de dudar de esa virginidad. En una sociedad democrática abierta cabe decir que la virgen María no era virgen, igual que cabe representar el rostro de Mahoma. Por más que ambas conductas molesten a los practicantes de determinadas religiones, sus dogmas no pueden imponerse al resto de la sociedad.

La cuestión es más grave cuando algún juez, aparentemente imbuido de más dogmas católicos que constitucionales, pretende limitar el derecho a la crítica política de una ciudadana porque tal ideología pueda molestar a los practicantes de alguna religión. Dicen estos jueces que la frase “la virgen María también abortaría” constituye ‘un escarnio al dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María’. Es un absoluto despropósito legal, más propio de la sociedad teocrática del franquismo o del Antiguo Régimen que de la España constitucional. La Constitución permite expresar en público la convicción de que, si María viviese hoy en día, por coherencia con su mensaje de liberación, aceptaría abortar si lo considerara necesario. No cabe duda de que hay quién dentro de la Iglesia discrepe de esta idea, pero la discrepancia no es insulto. La supuesta veracidad de un dogma sólo vincula a los creyentes en el mismo, pero no puede convertirse en criterio para decidir cuál es el discurso constitucionalmente permitido.

No hay duda de que la Virgen María (que en paz descanse) tenía coño. Era una mujer. No hay nada ofensivo en recordar esta obviedad, por más que el pudor extremo le impida reconocerlo a más de un católico practicante. Es algo fisiológico. Pasear un órgano genital femenino en andas y bajo palio no puede en sí mismo ser escarnio de nadie. Podría ser una crítica a la religión católica que pasea así mujeres asexuadas, pero no un insulto. Las personas católicas que ha constituido hermandades con tal fin tienen el derecho constitucional de pasear así a sus imágenes como ejercicio del derecho de culto, conectado al de la libertad religiosa. Las feministas anarquistas que pasean así a un coño -como expresión de la necesidad de acabar con la discriminación laboral de la mujer- tienen el mismo derecho a hacerlo, en ejercicio de su libertad de pensamiento político y expresión.

Dice la Audiencia de Sevilla que la utilización de una letanía similar al credo católico con expresiones de contenido sexual resulta vejatorio y humillante. De hecho, cada vez que el órgano judicial habla de “expresiones de contenido sexual, soeces y ofensivas” uno no puede evitar pensar que los jueces que escriben eso lo hacen imbuidos de la moral católica más tradicional en vez del espíritu de las libertades constitucionales. En el ámbito de libertad garantizado por la Constitución lo sexual no es necesariamente ofensivo. Un coño es exclusivamente un órgano del cuerpo. El sexo, una actividad humana que incluso esos jueces pudorosos practican. Espero.

La cuestión de fondo es que estas mujeres realizaban una crítica a esa religiosidad machista que defiende la virginidad, esconde el sexo y -en última instancia- fomenta la discriminación social y laboral de la mujer. La crítica a una religión y a sus efectos en la sociedad, en nombre de derechos constitucionales como la dignidad y la igualdad, implica siempre un menosprecio de sus dogmas. La Constitución ampara la libre crítica a dogmas y ritos machistas de la religión católica, aunque para hacerlo deban usarse expresiones o gestos que a los practicantes de esa religión (legos y jueces) les resulten molestos. Es así como funciona la libertad de expresión en un sistema basado en la libre circulación de ideas que respeta la libertad religiosa desde la premisa de la aconfesionalidad del Estado. Y mal está la cosa si tenemos jueces que se ofenden con un coño de plástico.

La era Trump, contra la protección de datos

Rosario Serra

El pasado 23 de marzo la mayoría republicana del Senado votó a favor de la derogación que la normativa que exigía a las compañías de comunicaciones pedir permiso a los usuarios antes de almacenar datos sobre sus hábitos en la red. Con ello Trump da un nuevo revés una de las regulaciones más protectoras que se habían aprobado en este ámbito hasta el momento, algo que sucedió durante la era Obama.

La normativa anterior, aprobada el 23 octubre de 2016 por la Federal Communications Commission, exigía a los proveedores de internet (como AT&T, Charter, Comcast o Verizon) solicitar permiso a los usuarios para procesar datos privados como las páginas visitadas, las aplicaciones utilizadas, localización o información financiera. Dicha normativa constituyó un paso importante en la protección de los usuarios de internet, pues hasta entonces las compañías de comunicaciones, por lo pronto, podían procesar y ceder dicha información, salvo que los usuarios solicitasen que dejasen de obrar así. Con ello la nueva regulación se acercaba unos pasos hacia el modelo europeo de protección de datos de los consumidores.

En todo caso, grandes compañías como Google, Facebook y otras grandes quedaban fuera de esa incipiente normativa porque la Federal Communications Commission no tiene jurisdicción sobre ellas. Éstas solo tienen que seguir las reglas generales de protección del consumidor establecidas por la Federal Trade Commission.

Los usuarios no somos conscientes de cuanta información damos cuando nos registramos en una página web y navegamos a través de ellas o cuando usamos diversos servicios digitales o aplicaciones. Qué duda cabe de que esa información sobre los usuarios y sus hábitos en red constituye una herramienta muy útil para mapear a los ciudadanos con diferentes objetivos. Uno de ellos es evidentemente comercial, el poder dirigir la publicidad a probables interesados sabiendo sus gustos, pero su utilidad puede servir a otros objetivos de control de la ciudadanía bajo los parámetros que en cada momento se fijen las compañías o el Gobierno. No podemos dejar de subrayar también este peligro.

AT&T criticó esa nueva normativa sobre proveedores de internet y, finalmente, los lobbies de las compañías de cable con el impulso de un Presidente como Trump y el apoyo de sus partido han conseguido derogar ese avance legislativo. No parece que corren buenos tiempos para los derechos individuales en Estados Unidos, y ésta es tan solo una pequeña muestra de ello.

Compartido con el blog del Proyecto Seguridad Global y Derechos Fundamentales

CIA, drones y derechos humanos

Cristina Pauner Chulvi

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia militar expansiva. Si hace unos días anunciaba que su Administración solicitará una partida adicional de 54.000 millones de dólares en Defensa con el propósito de que “EEUU vuelva a ganar guerras”, anteayer descubrimos el último movimiento en su pretendida “erradicación” del Estado islámico, objetivo con el que se ha comprometido dentro de su difusa política exterior militar. Así, la prensa norteamericana publicó la noticia de la concesión a la Agencia International de Inteligencia (CIA) de nuevas atribuciones para atacar a terroristas con aviones no tripulados o drones.

Esta orden presidencial otorga más libertad de actuación al Pentágono y a la CIA para lanzar ataques con drones contra objetivos extremistas en Oriente Próximo incluso sin pedir autorización a la Casa Blanca. Con esta decisión, Donald Trump se desmarca de la línea seguida por su antecesor, Barack Obama, bajo cuya presidencia se incrementó el empleo de esta tecnología como arma de ataque militar aunque limitando el papel de los servicios secretos de la CIA a la fase de reconocimiento y recogida de información sobre sospechosos de terrorismo, en tanto que la ejecución del ataque quedaba en manos de los militares del Pentágono, y era autorizado en la mayoría de los casos por un proceso intergubernamental antes de ser ejecutado. Bajo la anterior distribución de funciones subyacía una importante consecuencia jurídica: una mayor garantía de transparencia ya que mientras que el Pentágono debe rendir cuentas de sus misiones y de las eventuales muertes de civiles, los servicios secretos no están obligados a facilitar estas cifras. Este cruce de roles entre la Agencia y el Pentágono viene a sumar importantes problemas a los que ya genera el empleo de drones como arma militar para alcanzar a objetivos concretos, bien sean infraestructuras, vehículos o personas aisladas en los conocidos como “asesinatos selectivos”, que sistemáticamente denuncian organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

Aunque en la actualidad esta tecnología se ha hecho muy popular gracias a su empleo masivo en el ámbito civil con fines profesionales, comerciales y sobre todo lúdicos, el origen de los drones se halla en el ámbito militar, donde siguen utilizándose ampliamente. Este origen ha preocupado mucho a expertos, ONGs y sociedad en general, porque está demostrado que el diseño y el desarrollo de tecnologías militares para drones permite, en primer lugar, una inversión desbocada ya que el empleo de fondos públicos para el desarrollo de tecnologías militares no está sometido a criterios de eficiencia económica y, en segundo lugar, su transferencia a la esfera civil, donde se emplean drones inicialmente diseñados para fines militares y equipados con sofisticadas tecnologías – infrarrojos, visión nocturna, cámaras de reconocimiento biométrico facial, imágenes térmicas, tecnologías de radar, etc. – con el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos, muy significativamente, la privacidad.

Volviendo al marco de los conflictos armados, ya existen antecedentes del empleo de drones con fines de vigilancia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque es a partir de la Guerra de Vietnam cuando se adaptaron para tareas de combate. Pero el punto de inflexión en el empleo de drones armados lo marcan los atentados del 11-S, momento desde el que aumenta exponencialmente su uso y sus capacidades, suscitando un profundo debate sobre los retos jurídicos que plantea, retos para los que el Derecho no ha logrado ofrecer respuestas. Ante la inevitabilidad de las guerras, se dice, hay que destacar la ventaja evidente de los drones en escenarios de conflicto bélico o de enfrentamiento terrorista en términos de seguridad, porque evitan riesgos físicos y pérdidas humanas, y en términos de eficacia porque se trata de operaciones quirúrgicas de investigación, seguimiento y ataque a objetivos claros y concretos en lo que se conoce como la teoría de la “guerra limpia”.

Pero el uso de drones militares como arma de ataque explícita presenta desventajas de tipo social, como potenciar el desarrollo de nuevas guerras y/o aumentar el apoyo ciudadano en el mantenimiento de las ya iniciadas, porque no se padecen bajas propias; plantea severos dilemas éticos como el riesgo de deshumanización y de juego en la decisión de matar a una persona generando la llamada “mentalidad de Playstation”; y vulnera el ordenamiento jurídico internacional. En este sentido, primero, conculca normas de derecho internacional (violaciones del espacio aéreo por falta de consentimiento del Estado sobrevolado, perpetraciones de agresiones y bombardeos prohibidos por la legislación internacional, interpretación errónea del concepto de legítima defensa cuando realmente nos hallamos ante una guerra contra el terror, etc.) y, segundo, presenta serias contradicciones con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos tanto por la prohibición de utilización de armas que por naturaleza son indiscriminadas o excesivamente perjudiciales (si bien se alaba la precisión de esta tecnología es necesario recordar el alto porcentaje de “errores” o “daños colaterales”, esto es, bajas civiles provocadas por drones ejecutando ataques contra personas fuera de combate) así como por la prohibición de matar a meros sospechosos o futuros delincuentes, esto es, los exterminios extrajudiciales.

Por eso resulta oportuno recordar las recomendaciones contenidas en el Informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 2010 y en el Informe del relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos fundamentales frente al contraterrorismo de 2013 y exigir a los Estados que utilicen esta tecnología que cuenten con un marco legislativo que respete el derecho internacional, un procedimiento que asegure la ejecución autorizada de las misiones militares de los drones, el acompañamiento de todas sus acciones de transparencia informativa y la existencia de mecanismos de exigencia de responsabilidad.

En sentido opuesto a estas consideraciones, la decisión del Presidente Trump agrava los numerosos problemas arriba apuntados y añade el riesgo de la opacidad y evasión del control público y legislativo al autorizar y ampliar su uso por servicios de inteligencia. Porque si bien el uso de drones militares se encuentra regulado en la legislación norteamericana, se conoce mucho más sobre las reglas que aplican las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre el alcance, el procedimiento de selección de blancos o el número de víctimas civiles mientras que las operaciones llevadas a cabo por la CIA operan con un mayor nivel de clandestinidad. En un contexto de secretismo y falta de transparencia, el hecho de que los ataques sean dirigidos por la CIA contribuye a difuminar la frontera entre lo civil y lo militar y dificulta, si no impide, la rendición de cuentas y la garantía de todo tipo de responsabilidades lo que constituye no solo una quiebra al principio de legalidad y un ataque a las reglas del Estado de Derecho sino un grave atentado contra la democracia.

Compartido con el blog del Proyecto Seguridad Global y Derechos Fundamentales

Erre que erre, la UE capitula ante el nacionalismo xenófobo

Javier de Lucas

¿Cómo interpretar jurídica y políticamente la “nueva” toma de posición de la Comisión Europea acerca de los inmigrantes irregulares, explicada en el conjunto de recomendaciones hechas públicas el 3 de marzo de 2017?

A mi juicio, es una muestra del empecinamiento en el error, en la miopía con la que los gobiernos europeos y la propia UE siguen abordando las manifestaciones de la movilidad humana que son las migraciones y, en particular, las migraciones forzadas, y que lastra los instrumentos jurídicos de nuestra política migratoria. Insisto en hablar de gobernantes europeos, pues lo que la Comisión Europea recomienda se basa, como veremos, en acuerdos del Consejo Europeo y ahí quien decide son nuestros Gobiernos. No nos equivoquemos: a la hora de las responsabilidades, la mayor proporción cae de la parte de los gobiernos de los Estados miembros y no de eso que llamamos tan vagamente Europa (ignorando, por ejemplo, la defensa de los valores europeos que hacen una parte importante de las fuerzas parlamentarias en el Europarlamento). Pero esta vez, al error se suma una peligrosa claudicación de graves consecuencias políticas. Sigue leyendo

Hazte Oír, a vueltas con el odio, esta vez en las escuelas

Ana Valero

Casi todos los medios de comunicación así como las redes sociales se hacen eco de la campaña publicitaria iniciada por la asociación ultracatólica Hazte Oír consistente en hacer circular por las calles de Madrid un autobús con los siguiente mensajes pintados en su exterior: “Que no te engañen: Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo” y “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”.

Esta misma organización ya había enviado previamente a colegios de distintas Comunidades Autónomas un libro titulado ¿Sabes qué quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexualcon el fin de combatir legislaciones en defensa del colectivo LGTBI.

Este hecho plantea dos problemas de importante relevancia con respecto a los cuales parece no existir un claro consenso entre la comunidad política, jurídica y social: uno tiene que ver con lo que desde hace algún tiempo viene siendo una rápida, socorrida y fácil apelación a la vía penal para tratar de combatir todo aquello que resulta denigrante, ofensivo u odioso; y, el segundo atañe a si realmente los padres tienen derecho a que sus hijos puedan quedar excluidos de la formación en determinadas materias o valores que, a sus ojos o, de acuerdo con sus convicciones, puedan resultar adoctrinadoras. Sigue leyendo

La doble vida de la Ley de Amnistía

Pepe Reig Cruañes

¿Quién le iba a decir a la famosa Ley de Amnistía que viviría, 40 años después, un renacimiento de su fama como el que ahora contemplamos? Lo que entonces nos parecía la fuerza imparable de la razón, se nos muestra ahora como el truco final e inapelable de la fuerza. La puerta cerrada a cal y canto. Misterios de las cosas hechas a medias, o sea, de casi todo lo que hacemos por aquí, al parecer.

Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley para derogar la Ley de Amnistía, una norma que su partido matriz, el PCE, impulsó en su día más que nadie. El propósito explícito es superar “40 años de franquismo y otros 40 años de impunidad garantizada”. En esto de la derogación IU ha cambiado de postura, porque en 2010 lo que pedía era una reforma de la Ley, para recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben e impedir su utilización como “ley de punto final”.

Esa iniciativa conecta bien con la nueva sensibilidad pública hacia los derechos de las víctimas del franquismo, que desde mediados de los noventa no ha hecho más que extenderse, y también con la desafección creciente hacia el “régimen” de la transición, visto ahora como culpable de todas las disfunciones que la crisis puso dramáticamente de relieve. El ataque a aquella Ley se justifica por el uso y abuso que de ella vienen haciendo quienes se oponen al esclarecimiento de los crímenes del franquismo, al levantamiento de las fosas y al relato de la naturaleza criminal de aquel régimen. A la cabeza de todos ellos el juez ultraconservador Adolfo Prego, ponente que fue de la causa contra Baltasar Garzón, a quien acusó de ignorar la Ley de Amnistía cuando pretendió investigar la desaparición forzada de más de cien mil personas. Sigue leyendo

El TEDH: no es Tribunal para viejos

 Fernando Flores

El Gobierno acaba de decretar que con más de 61 años no se puede optar a ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que esta limitación es arbitrariainconstitucional, por varias razones.

La primera es su justificación. El Gobierno dice que la alta cualificación exigida a los candidatos solo puede reconocerse si estos están en condiciones de cumplir el mandato de nueve años por el que son designados (como el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé los 70 años como edad de jubilación, 61 sería el tope de acceso). Sin embargo, es difícil, por no decir ilógico y absurdo, relacionar la alta cualificación de un candidato con el tiempo que vaya a ejercer su cargo. Sencillamente, nada tiene que ver una cosa con la otra.

La segunda y principal es por su impacto en los derechos fundamentales de las personas. De una parte, resulta patente que la limitación de edad se entromete, de forma desproporcionada y arbitraria, en el derecho a no ser tratado de forma discriminatoria por la circunstancia personal de ser mayor de 61 años. Es por ello que el Gobierno vulnera frontalmente el derecho a la igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución. Además, nuestra Ley Fundamental reconoce en su artículo 23 el derecho de acceso a cargos públicos por lo que, para no vulnerarlo, el Gobierno debería haber pensado en un argumento limitativo algo más consistente que el de que no puedan cumplir íntegramente nueve años en el cargo. Sigue leyendo

La solidaridad y los derechos, en serio

Javier de Lucas

Desde el 17 de enero de este año, hasta el 2 de abril, se puede visitar en el Centro Conde Duque, en Madrid, la exposición “Bethune, la huella solidaria. El legado del Dr Bethune y la ayuda de los voluntarios canadienses a la segunda República”, organizada por la Embajada de Canadá, la Fundación Canadá, la Asociación de Amigos de las Brigadas internacionales y el Centro Andaluz de la Fotografía (Junta de Andalucía), cuyo director, Jesús Majada, el mejor conocedor de la peripecia española de Bethune, es el comisario de la exposición.

No se trata de la primera que se haya realizado en nuestro país en torno a la figura del legendario Bethune, un héroe nacional en China (donde murió, después de haber contribuido a crear un servicio médico de alcance, desde las filas de los revolucionarios de Mao), pero menos presente en su propio país y, desde luego, poco conocido en España. Si lo traigo a colación es porque ahora coinciden dos aniversarios particularmente interesantes y porque la figura de Bethune sigue pareciéndome ejemplar en el contexto de la lucha por los derechos, el viejo lema que Jhering recupera de Heráclito y que inspiró buena parte de la obra de Arendt. Sigue leyendo

¿A quién cantó Silvia Pérez Cruz en los Goya?

Fernando Flores

Silvia Pérez Cruz recibió anoche el Goya a la mejor canción original por Ai, ai, ai, que forma parte de la banda sonora de la película Cerca de tu Casa. Un momento especial, porque cantó un pedacito no de la canción premiada, sino de No hay tanto pan, que recoge el corazón y el sentimiento de este musical sobre los desahucios en España.

En las noticias del Telediario dicen que la cantante dedicó su interpretación a los desahuciados; El País, que “Silvia Pérez Cruz canta a los desahuciados tras ganar el Goya”, y El Mundo, que “dedicó unas estrofas a los desahuciados…”, y así todos.

Al parecer, vimos un “momentazo” distinto de la Gala. No cantó a los desahuciados. Lo que yo vi es que ella cantó a los culpables de los desahucios. No cantó para que sintiéramos pena de los expulsados de sus casas. Cantó para señalar a los banqueros, a los políticos, a los periódicos que mentirosos, trileros y puteros, “te roban y te gritan”.

A estas alturas uno piensa que quienes comentan estas cosas distinguen el cine social del político, distinguen el retrato de lo que hay de la denuncia de por qué hay lo que hay. Y el musical Cerca de tu casa, como la interpretación de Pérez Cruz en el escenario, no es (sólo ni lo más importante) un retrato. Es la denuncia de una realidad que no es producto de la mala suerte. Una realidad que tiene causas y culpables, con nombre, dirección y rostro (algunos estaban ayer entre el público). Una realidad que, en consecuencia, puede cambiarse, que puede ser otra.

En fin, creo que habría que ser un poco más cuidadoso en la interpretación de mensajes como los de Silvia Pérez Cruz. Luego no se quejen si salen los actores y directores politizando los Goya con declaraciones demasiado “claras y directas”.

Ilustración: detalle de Domus, disco de Silvia Pérez Cruz.