La paranoia razonable

Fernando Flores

Hace unos días se filtró a la prensa que la agencia inteligencia alemana, el Bundesnachrichtendiest (BND), ha espiado ilegalmente a toda su población y enviado los datos a la National Security Agency (NSA) norteamericana. Se trata de un nuevo escándalo en relación con la vigilancia masiva que los Estados democráticos realizan sobre sus ciudadanos, un escándalo que se suma a muchos otros ya descubiertos (el de la NSA a los estadounidenses, el GCHQ a los británicos…) y a otros que sin duda aparecerán en el futuro.

Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos tiene asumido que la protección de su seguridad frente a amenazas tan presentes como el terrorismo o el crímen organizado pasa por aceptar la intromisión del Estado en su privacidad, y ha interiorizado la máxima según la cual “si nada tienes que esconder, nada tienes que temer”.

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Esta postura podría resultar en principio razonable. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entiendió hace ya tiempo (en 1978, en el caso Klass) que “la amenaza terrorista obliga a los Estados a vigilar en secreto a los elementos subversivos que operan en su territorio”, una premisa que supone admitir la existencia de disposiciones legislativas, hasta cierto punto discrecionales, que den cobertura a la vigilancia secreta de las comunicaciones. Sin embargo esta discrecionalidad es, lo dice el propio TEDH, la excepción a la regla, y debe ser utilizada de forma legal, estricta y con mucha prudencia.

Como suele suceder en estos casos, el problema aparece con el abuso, habitualmente a favor de la “perspectiva securitaria” y en perjuicio de la protección de los derechos afectados por la vigilancia: directamente, el secreto de las comunicaciones, la protección de datos de carácter personal y la intimidad; pero también las libertades de expresión y asociación, la libertad de prensa o el derecho a la defensa, entre otros.

Que la democracia y el Estado de Derecho pueden ser destruidos con la excusa de defenderlos no es una idea conspiranoica sin fundamento. El propio TEDH ha tenido que subrayarla con firmeza en los últimos años en varias ocasiones (en el caso Zakharov hace muy poco), y el Parlamento Europeo ha llamado la atención sobre el hecho de que las operaciones de vigilancia masiva se utilizan también para motivos diferentes a la seguridad nacional y el terrorismo, “como por ejemplo, para el espionaje económico e industrial o la elaboración de perfiles por razones políticas” (Informe Moraes). En España, el comportamiento del ministro del Interior no es especialmente tranquilizador al respecto.

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En mi opinión, lo preocupante de la vigilancia que los Estados realizan sobre los ciudadanos, sea o no masiva, presenta dos caras, no enfrentadas sino consecutivas. La primera tiene que ver con la legalidad. A pesar de los cada vez más claros criterios que los tribunales establecen para poder justificar el espionaje masivo –previsión legal, finalidad legítima, necesidad, causalidad entre el medio y el propósito de la medida, proporcionalidad con el objetivo que pretende, no ser discriminatorio–, muchas de las herramientas legales y tecnológicas que se utilizan por los Estados para la vigilancia no cumplen esos criterios. Además, y aunque no se reconozca públicamente (porque se trataría de reconocer una ilegalidad) la transferencia de datos de carácter personal de los ciudadanos que son transferidos a los Estados de manera irregular (por ejemplo, por entidades bancarias) es constante e incontrolada.

La otra cara preocupante de esta deriva tiene que ver con un futuro que nos acerca poco a poco a las sociedades distópicas descritas por Orwell, Huxley o Bradbury. ¿Se trata de una paranoia? Quizás. Se puede criticar la inquietud que a algunos nos provoca el sistema de seguimiento a las personas que los Estados democráticos utilizan para proteger a sus ciudadanos, pues es cierto que no cabe atribuir a esos Estados las intenciones de los autoritarios. Lo que sucede es que a veces uno se pregunta si las democracias van a seguir siéndolo (más allá de formalmente) durante mucho tiempo, y ahí aparece la paranoia razonable. ¿Qué sucederá con la información almacenada (nada se destruye) de todos nuestros datos, nuestros perfiles, nuestras conversaciones, nuestras geolocalizaciones, nuestras compras, nuestros viajes… cuando la evolución securitaria y controladora del poder sobrepase (quizás hasta “legalmente”) el límite de lo aceptable? ¿Con qué armas eficaces contarán entonces los ciudadanos para saber que ese límite ha sido sobrepasado y reaccionar contra sus responsables?

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Ilustraciones: El Bosco

Un enfoque jurídico al asunto del burka y el burkini

Ana Valero

La polémica surgida este verano a raíz de la prohibición del uso del burkini en distintos municipios franceses, ha abierto un nuevo capítulo en la interpretación del principio de laicidad en Francia poco respetuosa con el sistema de derechos y libertades, principalmente de la comunidad musulmana.

La treintena de órdenes municipales que establecen dicha prohibición en las playas francesas, señalan expresamente que con ello se trata de dar respuesta a los ataques terroristas que viene sufriendo el Estado galo en los últimos meses, apelando a motivos de seguridad pública y de orden público.

En apoyo a las órdenes municipales, el Primer Ministro francés, Manuel Valls, afirmó en declaraciones a la prensa francesa que la prenda “es la traducción de un proyecto de contra-sociedad, fundado entre otros en el sometimiento de la mujer” y que, por tanto, “no es compatible con los valores franceses”.

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Hasta la fecha se ha hablado y escrito mucho en Francia a favor o en contra de la postura adoptada por los alcaldes y apoyada por el Primer ministro francés. Incluso ha habido detractores dentro de su propio Gobierno. Asimismo, se han escuchado, dentro y fuera de Francia, argumentos que, incluso procediendo de sectores feministas, defienden posturas opuestas a favor o en contra de la prohibición del uso de la prenda en función de que ésta se entienda como un símbolo de opresión sexista, o de que su porte libremente decidido sea considerado un ejercicio de la libertad de la mujer.

Sin embargo, pocos se han parado a analizar cuál debe ser la respuesta jurídica que procede desde una perspectiva del Convenio Europeo de Derechos Humanos del que Francia forma parte. Quizás la única excepción en España la encontramos en el recientemente publicado artículo del Profesor Andrés Boix Palop, “El burka y el burkini según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Los argumentos esgrimidos por las autoridades francesas para justificar la prohibición del uso del burkini son de dos tipos: por un lado, la defensa del orden público y la seguridad pública, y por otro, el respeto a las libertades de la mujer.

Con respecto al primero de ellos, esto es, el orden público, la orden municipal establece lo siguiente:

“Una ropa de playa que manifiesta ostensiblemente una afiliación religiosa, mientras que Francia y los lugares religiosos de culto son ahora el blanco de los ataques terroristas, es probable que cree riesgos de perturbaciones al orden público (reuniones, enfrentamientos etc) que es necesario evitar”.

“El acceso a las playas y la natación se prohíbe (…) para cualquier persona no correctamente vestida, respetuosa de la moral y el laicismo, de las normas de la higiene y la seguridad necesarias para nadar en el dominio público marítimo”.

Pues bien, el Consejo de Estado francés, con su reciente Ordenanza sobre la orden municipal de la localidad de Villeneuve-Loubet, de 26 de agosto de 2016, ha anulado la prohibición del uso del burkini. Así, a través de una decisión que crea jurisprudencia para todas las jurisdicciones administrativas francesas, afirma que no hay evidencia de que exista riesgo de desorden público como consecuencia del ejercicio del derecho de cualquier ciudadana a llevar el burkini, que a fin de cuentas deja el rostro al descubierto.

Con respecto al argumento de la seguridad pública, éste ya había sido empleado por el Gobierno francés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2014, para defender la convencionalidad de la Ley francesa número 2010-1192, de once de octubre de 2010, que prohíbe la ocultación del rostro en el espacio público.

Como expuse en mi artículo “A vueltas con el burka, esta vez desde Europa”, este argumento fue rechazado por la Corte de Estrasburgo por los mismos motivos que serían aplicables, con más fuerza si cabe, al supuesto del burkini. Y trataré de explicar por qué:

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En su sentencia sobre el burka, Sentencia de 1 de julio de 2014, caso S.A.S. c. Francia, la Corte de Estrasburgo señalaba que una prohibición absoluta del uso del velo integral en los espacios públicos por motivos de seguridad pública resulta desproporcionada en tanto en cuanto dicho objetivo puede satisfacerse, de manera más respetuosa con la libertad religiosa de las mujeres, con una simple obligación de mostrar el rostro para permitir la identificación cuando ésta se hace necesaria, y no siempre y en todo caso, algo que no estoy segura que comparta mi colega Andrés Boix. Así señalaba:

“El Tribunal entiende que un Estado considere esencial poder identificar a los individuos para prevenir ataques a la seguridad de personas y bienes y para luchar contra el fraude de identidad. Así, no implicaría ninguna violación del artículo 9 del Convenio (libertad religiosa y de conciencia) la obligación de retirar una prenda de ropa con connotaciones religiosas para llevar a cabo un control de seguridad o la obligación de presentarse con la cabeza descubierta en las fotos de pasaporte para los documentos oficiales. Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que sobre los derechos de las mujeres que desean llevar el velo integral por razones religiosas tendría una prohibición absoluta como la que establece la ley de usar dicha prenda en lugares públicos, la misma no puede considerarse proporcionada, pues tal uso no implica una amenaza general para la seguridad pública”.

En consecuencia, y dado que el burkini ni siquiera cubre el rostro de la mujer, apelar a motivos de seguridad para justificar su prohibición es desconocer o hacer caso omiso a la jurisprudencia de Estrasburgo.

A diferencia de lo que parece sostener mi colega Andrés Boix, para quien la seguridad y el orden público parecen ser los motivos que llevan al TEDH a declarar la convencionalidad de la ley, en realidad, la prohibición general del burka se declara necesaria, no para proteger tales bienes jurídicos, sino para tutelar otro bien que la Corte extrae de los derechos de los demás, esto es, el llamado vivre ensemble” o vida en común. A través de una argumentación jurídica muy débil, la Corte señala que:

“La prohibición no viola las disposiciones del Convenio pues, con ella, el Gobierno respondía a una práctica que el Estado considera incompatible, en la sociedad francesa, con las reglas básicas de la comunicación social y, en general, con las exigencias de vida en común. En este contexto, el Estado demandado persigue proteger un principio de interacción entre los individuos, que se contempla como esencial para la expresión no sólo del pluralismo, sino también de la tolerancia y apertura de espíritu, sin los cuales no existiría una sociedad democrática”.

En la misma línea, el Consejo de Estado francés, con respecto a la seguridad, ha señalado expresamente que, en el contexto nacional específico en el que se encuentra Francia, “las emociones y ansiedades que resultan de los actos terroristas, no son razón suficiente para justificar una prohibición legal”, debiendo ser las restricciones adoptadas, en todo caso, necesarias y proporcionadas.

Por lo que respecta ahora al segundo de los argumentos aducidos, esto es, el carácter sexista de la prenda, que manifiesta la discriminación de la mujer, cabe señalar algo que es muy importante desde una perspectiva estrictamente jurídica. Se trata de que, en muchas ocasiones, bañarse con el burkini es una práctica consciente y voluntaria por parte de un número considerable de mujeres que funda sus raíces en la exigencia de afirmar su propia identidad cultural. De modo que, es difícilmente rebatible que en un Estado de Derecho como el francés, las autoridades públicas deben ser estrictamente neutrales y respetuosas con el derecho de las mujeres a expresar libremente su libertad religiosa y de vestimenta, siempre y cuando ésta sea expresión de una decisión libre y madura y manifestación de su autonomía y libre albedrío.

Por último, entender que la laicidad del Estado, puede justificar la restricción de tales derechos en el espacio público convierte a este principio constitucional en un instrumento de estigmatización de una minoría social y de provocación gratuita de los radicalismos en lugar de ser el marco imprescindible para la realización del pluralismo inherente a toda sociedad democrática.

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 Ilustraciones. 1. Amy Judd. 2. Ewa Juszkiewicz. 3. Magritte. 

Zapata y Def Con Dos, el Estado vs. la provocación disgustosa

Ana Valero 

La Audiencia Nacional ha ordenado por tercera vez que se juzgue al concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, por sus tuits de humor negro sobre las víctimas de ETA y del Holocausto judío. Órgano judicial, por cierto, en el que ha quedado visto para sentencia el juicio abierto contra el cantante de la banda de rap-metal Def Con Dos, por la publicación de ocho tuits de la misma temática.

El artículo en el que se han basado jurídicamente ambas causas es el 578 del Código Penal, en el que se tipifica el enaltecimiento del terrorismo a través de dos conductas diferenciadas. Por un lado, el elogio hacia los actos terroristas o sus autores; y, por otro, el desprecio u ofensa a sus víctimas, siempre que dichas conductas sean realizadas a través de cualquier medio de expresión o difusión pública.

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En el caso de Zapata, el tuit por el que se le imputa la segunda de las conductas, esto es, el menosprecio o la humillación de las víctimas, es uno en el que hacía un chiste sobre Irene Villa, víctima de ETA: “Han tenido que cerrar el cementerio de Alcásser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”.

En el caso de César Strawberry, líder de Def Con Dos, los tuits origen de la causa son siete constitutivos, según la acusación, de las dos conductas previstas en el tipo, la emulación de los actos terroristas y el desprecio a las víctimas, con frases como: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO”; “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar… si no le das lo de Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre a su lado”; “cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”. En respuesta a una pregunta sobre qué le regalaría al Rey decía que “un roscón bomba”; “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora” y “Street Fighter edición post-ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina”; o “¿Se puede llevar una camiseta con un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano”.

Hay que tener en cuenta que el delito de enaltecimiento del terrorismo se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico con la aprobación de la Ley Orgánica 7/2000 de 22 de diciembre, durante el segundo mandato de Aznar y en el marco de la aprobación de otras leyes que tenían su base en el llamado Pacto antiterrorista, firmado con el PSOE, del que también trae causa la Ley de Partidos Políticos de 2002. Se trata pues, de un tipo delictivo que se enmarca, junto con las demás normas mencionadas, en un momento histórico muy concreto y que tenía una finalidad muy determinada, que no es otra que la de acabar con las manifestaciones públicas a favor de la banda terrorista ETA.

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La mayor parte de la doctrina se ha pronunciado en contra de la constitucionalidad del mismo por entrar en contradicción con el derecho a la libertad de expresión pues, como han dicho los tribunales ordinarios de justicia al interpretar de manera literal este artículo, “no es necesario que la expresión utilizada incite directa o indirectamente a la comisión de un delito, ni que el dolo del autor abarque más allá del propio elogio”. Lo cual significa que lo que realmente castiga el delito de “enaltecimiento del terrorismo” es la expresión de una mera opinión o adhesión ideológica, pues no se requiere que el apoyo o elogio de los actos terroristas o de sus autores implique la incitación a la comisión de delitos.

Estamos, por tanto, ante un delito de opinión y de expresión ideológica, que no requiere que las manifestaciones realizadas induzcan a la comisión de delito alguno ni al uso de la violencia, por lo que, desde mi punto de vista, el mismo tiene difícil encaje constitucional. Pero es que además, en los casos que ahora nos ocupan, se da la particularidad de que está presente la sátira.

En el caso del Zapata, los chistes sobre el Holocausto o Irene Villa que difundió desde su cuenta de Twitter, tenían que ver con un debate y reflexión sobre los límites del humor negro, celebrado a través de la red social en el año 2011.Y, en el caso del líder de Def Con Dos, él mismo ha negado que con sus tuits quisiera ensalzar el terrorismo ni a bandas como ETA o los GRAPO, y los ha calificado de “fanfarronería irónica, de crítica sarcástica, de chistes y de chorradas”. Además, ha explicado al tribunal que su obra se caracteriza por un “nihilismo surrealista a través del humor, el sarcasmo y la ironía” y que con sus letras y sus opiniones trata de “desconcertar mucho al público” invitando a que “hagan reflexiones más allá de lo evidente”.

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Como puse de manifiesto en mi post ¿Es censurable la sátira?, desde mi punto de vista no debieran existir los delitos ideológicos o de opinión, y menos aun cuando la vía empleada es la satírica, pues difícilmente a través del sarcasmo o de la burla se puede incitar a la violencia, único caso en que estaría legitimada la restricción de la libertad de expresión por ser constitutiva del discurso del odio. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que se encuentra presente el discurso del odio en aquellas formas de expresión que propagan, incitan, promueven o justifican el odio fundado en la intolerancia, siendo la “intención” del emisor del mensaje y el “contexto” en que lo emite dos elementos determinantes. Y es evidente que ni el concejal de Ahora en Común, ni el cantante de la banda de rap-metal pretendían generar odio ni humillar a los destinatarios de sus mensajes que son y pretenden ser, sobretodo, provocadores.

Pero no se nos debe olvidar que, además, el artículo 578 del Código Penal ha sido objeto de una vuelta de tuerca a través de la reciente reforma de la Ley Orgánica 2/2015, consecuencia de un nuevo pacto, en esta ocasión, llamado Pacto antiyihadista.

Con dicha reforma se incrementa la pena básica prevista para este delito, de 1 a 2 años de prisión a 1 a 3 años, y se incorpora además una multa económica. Si el delito se comete por redes sociales o a través de medios de comunicación, la pena será de 2 a 3 años de prisión. Y si, además, los hechos resultan ser “idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella, podrá imponerse una pena de prisión de 4 años y 6 meses”, algo completamente desproporcionado.

Nos encontramos, pues, ante una segunda fase de la lucha contra el terror, primero fue el de ETA y ahora es el yihadista, que parece legitimar nuevas y más fuertes restricciones de la libertad de expresión. Y el riesgo que corremos es que la misma sirva de excusa al Estado para limitar nuestro régimen general de libertades. Algo que, a la vista de los acontecimientos, más que un riesgo parece ser un hecho.

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Libertad de expresión e imparcialidad de los jueces: el caso De Prada

Fernando Flores

Se ha escrito mucho sobre la sorprendente capacidad del ministro del Interior, señor Fernández Díaz, para violentar la Constitución española, una capacidad que refuerza con la especial atención que dedica al Título Primero de la misma, el que reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Es por eso que atribuyo a una muestra de su perseverancia el que en las últimas semanas lo encontremos enredado en vicisitudes tan diversas como el escándalo de los espionajes a políticos independentistas, la puesta de nuestra seguridad en manos de la Virgen, o en la persecución de jueces que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Los dos primeros casos están recibiendo atención y reproche mediático, y no cabe duda de que, especialmente el primero, resultan muy graves. El último, sin embargo, no sólo ha pasado relativamente desapercibido a pesar de su importancia (aunque ha sido objeto de varios artículos relevantes), sino que su tratamiento está siendo confuso incluso por algunas organizaciones que, con razón, defienden el derecho de los jueces a opinar sobre temas tan sensibles como el de la tortura. Veamos.

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El pasado mes de abril el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada manifestó en una mesa redonda organizada en Tolosa que en España, sin ser generalizados, se habían producido de manera clara episodios de tortura. Afirmó, además, que profesionalmente había conocido casos de denuncias que no habían sido suficientemente investigados por los tribunales (casos condenados más tarde por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que, en España, en el Tribunal Constitucional, habían provocado algún voto particular bien argumentado), descalificó la validez como prueba de los llamados “informes periciales de inteligencia”, opinó negativamente sobre la detención incomunicada de los presuntos terroristas y expresó su disconformidad con la aplicación de los tipos penales de terrorismo a los entornos políticos de la izquierda abertzale.

Tras conocer estas declaraciones, Fernández Díaz declaró que las palabras del Magistrado “son indignas de un juez y ofensivas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, y recordó, aunque nada tuviera que ver con el tema, que la legislación española tipifica los delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo. Una entradilla que le dio pie para instar al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas contra De Prada, indicación que el Consejo ha tomado en cuenta abriéndole diligencias informativas que podrían acarrearle algún tipo de sanción disciplinaria.

Más tarde, y con base en las mismas declaraciones, De Prada fue recusado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por un concejal de UPN, al entender que, con sus palabras, el magistrado compromete su imparcialidad en dos juicios que tienen que ver con ETA. La fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado favorable a la recusación del magistrado.

Aunque resulta evidente que están relacionadas, las reacciones a las opiniones de José Ricardo de Prada presentan dos debates distintos, con el protagonismo de derechos fundamentales diferentes en cada caso. En el primero estamos hablando lisa y llanamente de la libertad de expresión de los jueces y sus límites; en el segundo, además, de la garantía de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, es decir, a un juicio conocido por un juez imparcial. Son cosas distintas.

De la libertad de opinión de los jueces ya hablé en otro post. El límite a este derecho viene dado exclusivamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer como falta grave sujeta a responsabilidad disciplinaria:

“Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición” (art.418.3 LOPJ).

1. Juez MarshallPor lo demás, la Constitución impide a los jueces desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127 CE), pero nada dice de su libertad de expresión, por lo que aquellos pueden ejercerla con absoluta autonomía. De modo que el magistrado De Prada, al opinar sobre la legislación terrorista y las debilidades en la investigación de la tortura en España, no hace más que ejercitar un derecho constitucional y contribuir, con ello, a un debate muy importante que está lejos de resolverse (lo confirman organizaciones no gubernamentales solventes –aquí y aquí– y varias sentencias del TEDH). Sus opiniones serán compartidas o no pero, independientemente de su condición profesional, tiene todo el derecho a expresarlas.

En consecuencia, las palabras del ministro deben considerarse una injerencia grave en la libertad del juez, y suponen una presión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial más que rechazable. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial debería haber amparado directamente al juez, reprochando a Fernández Díaz su locuacidad, y no abrir al magistrado un expediente informativo que quedará en nada, pero que abre la sospecha, en mi opinión infundada, de que no actuó bien.

Cuestión diferente es si las palabras de De Prada, expresadas con todo derecho, muestran una posición personal que, al actuar como juez en determinados casos, haga dudar razonablemente de su imparcialidad a la hora de resolverlos, es decir, de su capacidad de decidir libre de influencias o de elementos ajenos a los que le proporciona la Constitución y la ley. En este sentido, no se reprocha al juez que piense lo que piensa ni que diga lo que piensa, sino que se advierte de la posibilidad de que sus opiniones sobre (en este caso) la legislación antiterrorista y el tratamiento de la investigación sobre las torturas indiquen un prejuicio que afecte a la garantía de la tutela judicial cuando aquél conozca casos relacionados con el terrorismo, como es el caso.

De hecho, las recusaciones al magistrado se fundamentan en el hecho de que, ante los dos casos para los que se le recusa (intento de asesinato de un edil navarro, e ilegalización de ANV y PCTV por ser sucesores de la ilegalizada Batasuna), y a la vista de las posiciones expresadas en Tolosa, su opinión estaría ya formada y su decisión, a la vista de un tipo de pruebas que de forma abstracta él no considera determinantes y que tendrán protagonismo en el juicio, adoptada. El magistrado incurriría, por ello, en la denominada parcialidad objetiva. Es decir, no sería sospechoso por mantener una relación de amistad o enemistad con los protagonistas del juicio, pero sus declaraciones de Tolosa afectarían a la apariencia de imparcialidad que debe exigirse a todo tribunal, un criterio el de la apariencia que ha sido adoptado por el TEDH y por Naciones Unidas en sus Principios de Bangalore.

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Y este es el meollo de la cuestión. Debe decidirse si aquellas declaraciones implican una apariencia de pérdida de imparcialidad tal que le obligue a su abstención o dé lugar a su recusación.

De entrada, y como es de suponer, para que exista dicha apariencia no es suficiente con que al algunas personas les parezca que el juez es parcial. Deben existir –así lo ha dicho el Tribunal Constitucional– dudas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos. Dudas que hagan posible afirmar fundadamente que De Prada, o no es ajeno a las causas controvertidas, o no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico (STC 140/2004).

Mi opinión es que lo expresado por De Prada no afecta a su imparcialidad, y que no debería ser recusado, y aunque un post como éste no puede desarrollar una justificación detallada, dejaré apuntados un par de argumentos en los que sostengo mi postura.

En primer lugar, es absolutamente lógico que los jueces tengan opiniones sobre todo lo que les rodea, y más aún sobre cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento jurídico. Son juristas que aplican la ley, ¿cómo no van a tenerlas? Pero el hecho de que esas opiniones sean críticas no los hace automáticamente parciales, ni siquiera debería convertirlos en sospechosos. De ser así, muchos de ellos deberían abstenerse en casos que tuvieran que ver con la violencia de género (no pocos jueces opinan en contra de la agravación penal para el hombre en estos casos), la seguridad ciudadana (a muchos otros no les cuadra la cobertura que la ley da a la discrecionalidad policial) o la interrupción del embarazo, por poner solo unos ejemplos. Porque además, muchos de ellos no sólo son críticos en su fuero interno, sino que han participado en encuentros académicos, asociativos o profesionales donde han expresado sus posturas. Posturas que, hay que subrayarlo, contribuyen muchas veces a mejorar las leyes y las políticas públicas.

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Yendo más a lo concreto puede defenderse que no es lo mismo la descalificación por parte de un juez de un acusado (STC 162/1999) que la de una norma abstracta que tiene que aplicar a un caso concreto. En el primer caso la imparcialidad del juez y la falta de garantías del juicio puede, con razón cuestionarse; pero cuestionarla en el segundo, además de producir problemas organizativos importantes (las abstenciones o recusaciones serían numerosas), pone en duda la base profesional de toda la carrera judicial.

En este sentido, De Prada puede sin mayor problema criticar diferentes aspectos de las leyes, incluso su aplicación por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por otros jueces, y llegado el momento atenerse a ellas y aplicarlas de modo razonado, que es lo que se legalmente se le exige. Una interpretación contraria obligaría al absurdo de impedirle juzgar a partir de ahora ningún caso sobre terrorismo o torturas.

En segundo lugar, las dudas de la parcialidad deben estar objetivamente justificadas, lo que significa la constatación de hechos concretos que sirvan para crear dudas sobre la imparcialidad ante casos concretos. Si la mera vinculación de un juez a un gobierno, normalmente pasajera por el ejercicio de un cargo en el mismo, no sirve por sí sola para crear una apariencia de parcialidad en determinados casos, no se entiende que la crítica a una norma o a un modo (no generalizado) de proceder de las fuerzas y cuerpos de seguridad pueda provocar esa duda.

Piénsese, por ejemplo, que la recusación de Enrique López para que se abstuviera de conocer el caso Gürtel, no prosperó sólo por su evidente cercanía al Partido Popular (¡cuántos magistrados de la Audiencia Nacional y del Supremo deberían abstenerse!), sino porque esa vinculación tiene ya 14 años, porque la relación con los dirigentes del partido es muy estrecha, por las remuneraciones que recibió de FAES, porque accedió al CGPJ y al Tribunal Constitucional con su apoyo incondicional, y porque personas implicadas en el juicio (Mato y López Viejo) intervinieron directamente en sus nombramientos (Auto 81/2015 de la Audiencia Nacional). Si éste es, con razón, el nivel de objetividad que se exige para proceder a una recusación, es evidente que el caso De Prada está muy por debajo del standard mínimo que pueda llevar a aceptarla. Llama la atención, por eso, la postura tan decidida a su favor de la Fiscalía.

En fin, creo con el caso de José Ricardo De Prada nos encontramos ante un capítulo más del acoso, más o menos velado, que en España se somete a jueces que se caracterizan por un compromiso con la garantía de los derechos fundamentales y la efectividad del Estado de Derecho. La postura del ministro es, en su línea, ridícula e impresentable; la de la Fiscalía, preocupante.

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Ilustraciones: 1. Lord Coke. 2. Juez Marsahll. 3. Buen Juez Magnaud. 4. Juez Holmes. 5. Títere.

El baile y el naufragio. En el día internacional de los refugiados

Javier de Lucas

¿Qué se puede añadir, que no esté ya dicho, sobre el infierno que viven los refugiados y sobre la ceguera europea? ¿Quizá repetir que aquellos que nos parecen un problema irresoluble, los refugiados sirios, son sólo un pequeño porcentaje de los 60 millones de personas que tratan de encontrar un lugar seguro fuera de su hogar? ¿Insistir en que no son delincuentes, sino sujetos de derechos cuya garantía es un deber exigible precisamente a nosotros los europeos, porque así lo prometimos y nos comprometimos al firmar convenios y protocolos que son derecho vigente, obligatorio, en nuestro país, para todos nosotros? ¿Comparar el desafío que afronta Europa con lo que les toca asumir a países como Líbano, Jordania, Iraq, Pakistán, Kenia, Somalia?

En este Día Mundial de los Refugiados, habrá quien insista en la dimensión humanitaria de la cuestión, en su carácter de tragedia. Esa es una imprescindible tarea de información y concienciación. Para ello, bastará con exhibir algunas de las terribles imágenes, videos, documentales, como por ejemplo el que expone ahora el director de Periodismo humano, Javier Bauluz, en el Centro Niemeyer de Avilés, en su imprescindible “Buscando refugio para mis hijos”. O volver a escuchar los testimonios de desesperación de las madres que pierden a sus hijos en el mar, o de los voluntarios de tantas ONGs que entregan su vida, su tiempo, en el esfuerzo de prestar socorro a quien nada tiene.

1. Javier Bauluz.

Algunos escogeremos la vía de mostrar la diferencia entre los deberes que tenían que asumir la UE y los gobiernos de los Estados miembros y lo que han hecho en realidad. Porque eso, creo, es lo más grave de todo, como traté de señalar hace casi un año, en septiembre de 2015, al publicar el libro Mediterráneo: el naufragio de Europa. En ese momento, ya en coincidencia con lo que apuntaban Cécile Duflot, Zygmunt Bauman, Danièle Lochak o Giorgio Agamben, sostuve que lo que los europeos –desde una perspectiva miope– veían como crisis de refugiados, era algo completamente distinto y aún peor que esa tragedia. Hoy casi todo el mundo (menos nuestros ensimismados gobernantes) está de acuerdo en ello y esta crítica es moneda común. No, lo que sucede ante nuestros ojos no es sólo ni aun principalmente una crisis humanitaria. Naufraga la credibilidad del proyecto europeo, por la opción por un modelo de fortaleza privilegiada para los que somos de aquí, que abandona el compromiso de hacer de Europa un santuario del Estado de Derecho, un espacio de libertad, seguridad y justicia que se mueve por el ideal de la lucha por los derechos, derechos de todos, derechos para todos. Quiero decir que lo que está en juego (y lo ha señalado entre nosotros, por ejemplo, Itziar Ruiz Giménez) es nuestro compromiso con la protección de los derechos, que parece pasar de un compromiso universal a una obligación selectiva, que deja fuera del paraguas de protección jurídica cada vez a más seres humanos, en línea con el proceso de expulsión denunciado por Saskia Sassen como efecto inevitable de la actual fase del modelo neocapitalista de mercado global.

Europa ha cerrado los ojos casi hasta ayer, como un avestruz. Tuvimos un primer aviso en 2013. Nos negamos a tomarlo en serio. Mientras naufragaban no sólo los refugiados, sino también eso que es la razón de ser de Europa, la lucha por los derechos y el imperio de la ley, nosotros bailamos, ajenos al fin de una época. Esa imagen no es mía. La tomo prestada de uno de los mejores relatos sobre esta crisis, la nouvelle de Maylis de Kerangal À ce stade de la nuit, que he tenido la suerte de leer gracias al consejo de una imprescindible amiga. Un cuento que, a partir de una noche de desvelo de su protagonista, el 3 de octubre de 2013, acierta a establecer la relación entre el naufragio y el baile que es el fin de una época, mediante el vínculo entre dos Lampedusa.

2. Libro javier-de-lucas-364x273

Una, claro, es la isla más próxima a la costa norteafricana, al sur de Sicilia. Lampedusa, frente a la que, en esa madrugada, perdieron la vida en un naufragio 350 refugiados e inmigrantes. Esa noticia, transmitida por la radio, sorprende a la autora al filo de la media noche. Y advierte lo que va a suceder: Lampedusa desde ese momento es sinónimo de tragedia, que golpea inopinadamente a la opinión pública europea, ciega frente a esa aventura de riesgo que es cruzar el Mediterráneo en las embarcaciones de desecho que utilizan las mafias. Y aunque al principio se hablaba sólo de inmigrantes, las nacionalidades de los fallecidos (eritreos, somalíes, libios), abren los ojos a lo que en el lenguaje técnico-burocrático se designa como flujos mixtos, para admitir que están llegando –y muriendo–también refugiados. Lampedusa y sus habitantes, simbolizados en la enérgica alcaldesa, Giusi Nicolini, es también muy pronto sinónimo de la revuelta de los ciudadanos europeos de a pie, frente a la hipocresía y la falta de voluntad política de los gobernantes europeos, que derraman lágrimas de cocodrilo y dejan pasar el tiempo para que se olvide la responsabilidad al menos por omisión. Lampedusa es el grito, vergogna, vergogna! con el que esa población increpa a los Durao Barroso y demás gerifaltes que parecen carecer del sentido del respeto a la vida de quienes, en definitiva, no votan y, por tanto, no existen. Un deber sagrado, el de prestar socorro para salvar las vidas en el mar, que las gentes de la isla, como todos los pueblos marineros, tienen como imperativo sagrado de conducta desde tiempo inmemorial.

Pero el topónimo reenvía también a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el autor de El Gatopardo. La imaginación de Maylis de Keranga, le lleva a establecer un vínculo entre el naufragio y la maravillosa secuencia del baile en la extraordinaria versión cinematográfica de Visconti (en la colección Cine y Derecho, el libro ha sido objeto de un análisis interesantísimo por parte de los profesores Jorge Correa y Sergio Villamarín).

Nadie que haya visto el film puede olvidar la larga secuencia de ese baile en el palazzo de Pontoleone, en el que brilla un extraordinario grupo de actores, encabezado por un Burt Lancaster, el aristócrata del cine, insuperable en el papel de Fabrizio, el príncipe de Salina (antepasado del propio Lampedusa). El baile, verdadero canto del cisne del mundo de Fabrizio como sugiere con agudeza la misma de Kerangal, es la puesta en escena del fin de un mundo, de una sociedad, de una época que agoniza en su decadencia y que va a ser sustituido por otro, el de la nueva burguesía, que encarnan Don Calogero y su bella hija Angélica. Aunque entre los del viejo mundo hay quienes, como el sobrino del príncipe, Tancredi, tratan de negociar: plus ça change, plus c’est la même chose, que dejó escrito Alphinse du Karr antes de que Lampedusa ponga en bioca de Tancredi su famoso “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.

Laura Navarro

La Europa envejecida, que camina hacia su decadencia, hacia su irrelevancia en la política global, por su empeño en encerrarse en su privilegiado jardín convertido en fortaleza inútilmente amurallada (como ha explicado Wendy Brown), puede bailar esa danza final, ajena a que su oportunidad de rejuvenecimiento depende en buena medida de una política migratoria y de asilo justa, atractiva y eficaz. Pero no, aquí domina la visión instrumental y cortoplacista, porque gobernantes (y medios de comunicación) ceden a la fácil tentación del mensaje simplista de la inmigración y el asilo como amenaza para nuestro privilegiado nivel de vida, para nuestro modo de ser, que les sirve para acarrear el voto del miedo.

Por eso, la política europea (y española) de asilo e inmigración es lampedusiana: cambiar algo para que todo siga igual y, sobre todo, que el cambio no nos afecte. Por eso, como el avestruz, creemos que es mejor no tener esa realidad ante nuestros ojos y hacer que se encarguen otros, los no europeos: los propios países africanos, o Turquía, como en el ignominioso acuerdo entre la UE y Turquía por el que, a cambio de 6000 millones de euros y la exención de visados a los ciudadanos turcos, arrojamos a todos los “excedentes” en manos del cada vez menos fiable Erdogan.

Claro que todo es susceptible de empeorar: acabamos de escuchar a Sarkozy, que ha recogido la vieja idea que expuso Aznar en el Consejo Europeo de Sevilla de 21 y 22 de junio de 2002: llevar los hotspots de selección de inmigrantes y refugiados y también los propios CIE al otro lado del Mediterráneo. Así no nos molestarán las imágenes de masas de desarrapados acosando nuestras fronteras, como las del poster del UKIP exhibido por Neil Farrage como falaz argumento para apoyar el Brexit .

Frente a esos mensajes que, por su simplificación, calan fácilmente en la opinión pública, no podemos combatir con buenismo a su vez simple, del tipo del bienintencionado pero estéril hagstag #Mediterranisomriure. No, no basta con sonreír y animar a ser felices. Hay que denunciar que esta política de asilo y sus instrumentos, son graves violaciones de derechos y, en realidad, destruyen el derecho de asilo. Así lo ha hecho la organización MSF, que ha anunciado su renuncia a seguir recibiendo subvenciones de la UE mientras ésta siga practicando esta inaceptable política migratoria y de asilo.

Sobre todo, hay que garantizar un derecho imprescindible para millones de personas que buscan la protección más elemental, la que les garantiza el sistema de derecho internacional de asilo, porque les ofrece ante todo el derecho a tener derechos. Eso significa cambiar la política europea y española de asilo. No nos equivoquemos: eso debe empezar por cambiar a los gobernantes europeos en cada país. Para sustituirlos por otros, como Pierre Trudeau que ha creado en su Gobierno un Ministerio de Refugiados, Inmigración y Ciudadanía y ha hecho de Canadá un santuario al que llegarán en 2016 más de 50.000 refugiados sirios.

Así, deberíamos exigir el compromiso de los partidos que piden nuestro voto el próximo domingo 26 de junio con las cinco medidas mínimas propuestas por CEAR en su reciente informe 2016 Las personas refugiadas en Europa y en España, como primer paso en la política de refugiados:

  1. Retirada del apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía. Exigir la inmediata suspensión de su aplicación e impugnarlo de forma asimismo inmediata.
  2. Inmediata reubicación en España de los refugiados que se encuentran en Grecia e Italia, en el número y procedimiento acordado para nuestro país.
  3. Inmediata puesta en marcha de vías legales y seguras para el acceso al derecho de asilo, mediante la recuperación de la posibilidad de solicitud en embajadas y consulados, emisión de visados humanitarios, flexibilización de los requisitos para reagrupación familiar, cumplimiento de los compromisos sobre reasentamiento, que deben ser ampliados con generosidad.
  4. Eliminación inmediata de los obstáculos para el derecho de asilo: acabar con las devoluciones ilegales en las fronteras de Ceuta y Melilla y supresión de la exigencia de visado de tránsito aeroportuario a lo sirios.
  5. Aprobación inmediata del Reglamento de asilo pendiente desde 2009 y trasposición inmediata de las directivas de asilo aún pendientes.

No apoyemos con nuestro voto el próximo domingo a ningún partido que no adquiera al menos esos compromisos.

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Ilustraciones. 1. Javier Bauluz. 2. Portada del libro Mediterráneo: el naufragio europeo. Javier de Lucas 3. Ilustración de Laura Navarro. 4. Escena del baile de la película Il gattopardo. Lucino Visconti.

Sin Justicia no hay transición: el caso jesuitas de El Salvador

Almudena Bernabeu

Desde que se abrió una investigación en la Audiencia Nacional de España en noviembre de 2008 por el asesinato de dos mujeres, Elba y Celina Ramos y seis sacerdotes en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas en El Salvador, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, algunas voces, todas ellas circunscritas a El Salvador, se han pronunciado en contra de este proceso.

Indirecta e irónicamente, con sus alegatos de estupor y crítica dotan a esta causa abierta en Madrid de un poder obstaculizador y sustancial para lo que ellos llaman la estabilidad nacional y la democracia de El Salvador. De pronto, un proceso penal al amparo de nuestra moribunda Ley de Justicia Universal se convierte en el único y a todas luces más poderoso obstáculo de futuro para el país; no así el poder enquistado en los mismos de siempre, o la falta de legitimidad de sus líderes políticos, su sumisión económica o la violencia endémica, todos ellos problemas graves y estructurales de El Salvador. Al parecer, de todo ello, el peligro más grande y más grave es sin duda investigar y perseguir penalmente a los asesinos de mujeres indefensas y sacerdotes.

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Llevo algunos años trabajando en este caso con el apoyo explícito de los familiares de los jesuitas que sienten que hoy, por fin, se reivindica el nombre de sus hermanos; de amplios sectores de la Compañía de Jesús, incluyendo el padre General Adolfo Nicolás Pachón y mucho más importante, de cientos de salvadoreños, víctimas y no víctimas directas de la guerra, que entienden intuitiva y explícitamente que el futuro de su país estriba precisamente en esa profunda transformación que la seguridad legal les traerá, seguridad que solo será posible a partir del reconocimiento y la protección de los derechos humanos y el aún más necesario reconocimiento público y amplio de estas responsabilidades penales. A pesar de ello, militares, ideólogos de izquierda y de derecha, expresidentes, dicen que yo no lo entiendo y que nunca entenderé lo que verdaderamente pasó en El Salvador. Con la humildad que no sé si tengo, debo decirles que he dedicado mucho tiempo a entenderlo, que sigo haciendo todo lo que está en mi mano como abogada y como persona para entenderlo, y que para ello leo, observo y sobre todo, escucho, escucho mucho al pueblo salvadoreño.

No cabe duda que el concepto de justicia transicional se acuna y desarrolla el Latinoamérica. Pero ¿qué es la justicia transicional? Numerosos y excelentes colegas escriben, defienden, amplían y recapacitan sobre este concepto y, sin embargo, en mi opinión, poco llega al interesado de a pie. En sentido práctico, nadie sabe bien qué significa y qué ha hecho por los pueblos, y sobre todo, que ha hecho esta justicia transicional por sus gentes. Aunque hace algo más de una década apenas aceptábamos enteramente el término, hoy –no cabe duda– se nos llena la boca con estrategias de esta índole y es difícil leer un artículo serio sobre Sri Lanka, Sudán o Siria sin mencionar la necesidad de un auténtica justicia transicional.

La justicia transicional se define como el proceso en el que se embarca –o se debe embarcar– un país que sale de un periodo de guerra civil o de abusos cometidos por el Estado. Tras poner fin oficial (venga de donde venga), a ese periodo, se abre un proceso de verdadera transformación hacia el establecimiento de un Estado democrático. Este proceso, para ser completo, debe contemplar cuatro pilares fundamentales, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

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Todos y cada uno de estos pilares son fundamentales y merecen un análisis individualizado. Sin embargo, yo, por obvias y prudentes razones, me voy a limitar a analizar el pilar de JUSTICIA. En un esfuerzo de sintetizar y mantener la coherencia, a pesar de mis años y tiempo dedicado a la pelea por los derechos humanos, no voy a entrar a analizar todo lo que el pilar de Justicia en un proceso de justicia transicional engloba o significa, sino que me limitaré a considerar aquí Justicia como el establecimiento de responsabilidades, penales o civiles, a través de un proceso formal con todas las garantías y con el fin de encontrar a uno o a muchos, responsables del hecho. Aun más, me gustaría limitarme al establecimiento de responsabilidades desde el punto de vista continental, es decir, consecuencia de ese acto supremo, cívico y esencialmente democrático de toda víctima que ejercita la acción (penal o civil) al demandar que se investigue un daño, un ilícito, cometido contra él y que se castigue al responsable.

Latinoamérica como región pionera, y el resto de países que enfrentan procesos y hablan con todo rigor de justicia transicional, han enfrentado, más tarde evitado y disfrazado este aspecto de la Justicia; es decir, justicia como establecimiento de responsabilidades individuales. Hoy lamentablemente no somos tantos los profesionales que defendemos sin matices que una verdadera transformación (ese siguiente paso, sin duda cuesta arriba, que permite resarcir a las víctimas, considerarlas, integrarlas y con ello restablecer su confianza en el “ámbito público”, elemento absolutamente esencial para la verdadera reconstrucción de toda sociedad hacia una reforma institucional y una verdadera democracia), requiere que antes o después ciertas y claves responsabilidades sean reconocidas así como formal y públicamente establecidas.

Quizá hoy, habiéndome hecho mayor y con el mismo entusiasmo de siempre, estaría dispuesta a discutir la conveniencia temporal de esa justicia; su ámbito territorial; e incluso hasta estaría abierta a discutir con el permiso de las víctimas, elementos fundacionales del derecho penal como es la pena. A lo que no puedo renunciar es a la convicción de que sin Justicia, insisto, entendida como la capacidad de cada individuo de tener acceso al sistema de justicia en ejercicio de un derecho fundamental, local o internacionalmente, tal y como lo contemplan el derecho nacional e internacional y con ello exigir que se investigue y se castigue un ilícito, no podemos hablar de una verdadera transformación social o de una verdadera transición.

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Un proceso de justicia transicional debe anhelar una justicia paulatina pero integral; una justicia efectiva sin tregua, donde todos: el pobre, el rico, el analfabeto, el campesino, el carnicero, la madre, el padre, el maestro, el inmigrante, se sientan parte de esta ecuación. Es decir, solo puede haber transición a una verdadera sociedad democrática sólida y válida, fuerte ante las debilidades del poder, cuando hay justicia. Esta justicia ayuda a forjar una sociedad basada en un civismo aprendido que nos devuelva el orgullo de ser ciudadanos. Solo así una verdadera justicia transicional es posible.

Lamentablemente en muchos países el pilar de Justicia sigue siendo, como decirlo, como la hermana mayor de familia numerosa tradicional, prioritaria en teoría, pero de pronto demasiado mayor para desposarla. Así que uno aprende a vivir con su reclamo, sin estridencias, mientras no se hace nada, pues ante la juventud y belleza del resto de las hermanas, casaderas ¿quién se resiste?

El Salvador no es el único país en Latinoamérica que pese a las promesas de una justicia transicional decidieron sacrificar la Justicia, pues ella implicaba perder cuotas de poder y, sobre todo, reconocer a quienes siempre se ha negado, a las víctimas. Perú, Chile, y hasta cierto punto Guatemala, iniciaron procesos de justicia transicional, pero pronto olvidaron esa parte de justicia, relativizándola por cuestiones políticas. En todos estos casos, esfuerzos que salieron adelante en terceros países, España, Estados Unidos, Italia, Francia fueron decisivos para devolver a la realidad nacional ese pilar de justicia.

El caso jesuitas, el proceso penal que se sigue en la Audiencia Nacional y el inminente juicio que tendrá lugar en Madrid una vez el coronel Inocente Orlando Montano llega a España extraditado desde EEUUU, entiende perfectamente lo que es importante, desde el más profundo respeto, para El Salvador. No representa ninguna agenda de abogados y no responde a ningún interés personal o cuasi personal mío o de ninguno de los impecables profesionales asociados a la causa, como son Manuel Olle Sese, Carolyn Patricia Blum, Benjamin Cuellar, Jon Cortina, Dean Bradley, Jon Sobrino, los Jesuitas de la UCA, y tantos otros. El caso tiene un solo anhelo, el de materializar esa pieza de justicia abandonada desde la firma de la paz; enmendar la absoluta inobservancia de lo que un proceso de justicia transicional debe ser, sin que ello represente una amenaza ni para las derechas ni para las izquierdas, ni para el FMLN ni para ARENA o las fuerzas armadas. Este caso solo busca ayudar y contribuir a un verdadero proceso que transforme para siempre El Salvador.

El Salvador sangra hoy por todas partes. La inefectividad politica, la desidia, el clientelismo y la extrema violencia van a acabar con esa diminuta maravilla. El caso jesuitas puede ser una oportunidad, y con ese espíritu fue llevado ante la Audiencia Nacional. Aunque en otro gesto de irresponsabilidad legal y política tildada de patriotismo, la Corte Suprema de Justicia y El Salvador hoy se niegan a juzgar o a extraditar a los responsables del horrible asesinato, mi cariño por ese país y sobre todo por su gente, sin agendas, me mantiene optimista.

quienes somos

Suicidio y delito

Juan Carlos Carbonell

Dos recientes Sentencias, de la Audiencia Provincial de Zaragoza y de un juzgado de Avilés, acaban de condenar a tres personas por el delito de cooperación al suicidio del artículo 143.2 del Código Penal a penas de dos años de prisión. En el segundo caso se trata de una sentencia de conformidad tras una acusación con petición de más de seis años sostenida por la Fiscalía que da por buena la admisión de la tentativa y la consideración como necesarios de actos de complicidad indirecta que parecen lejanos a tal carácter. Esto rompe una situación de inaplicación del precepto que había venido generando una cierta despreocupación por parte de la mayor parte de críticos con la relevancia penal de la cooperación al suicidio.

En el caso de Zaragoza, resulta sumamente dudoso que la intervención del hijo, muy dependiente de la voluntad de la madre, fuera realmente necesaria. Por otra parte, el Tribunal, contra la pretensión del Ministerio Fiscal, considera el parentesco como circunstancia atenuante precisamente por entender que la relación materno-filial convirtió el hecho en un acto presidido por el amor. En el supuesto de Avilés han sido condenados dos miembros de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente por proporcionar una sustancia letal a un socio que la trasmitió a la suicida por precio, lo que, por cierto, comportó en su momento el rechazo de la citada Asociación que jamás ha cobrado precio alguno. El fallecimiento de esta persona es la única razón por la que no está en la causa. Por fin, un tercer miembro de la Asociación, médico especialista en cuidados paliativos, ha sido condenado por tentativa de cooperación al suicidio por recabar la sustancia que fue interceptada sin llegar a su poder.

grito Munch 1893

La conformidad ha comportado condenas por complicidad y tentativa, lo que constituye sendos dislates jurídicos. La primera es atípica, pues sólo se castiga la cooperación necesaria –aquélla sin la cual no hubiera podido producirse la muerte–, y la segunda, generalmente no admitida en este delito, requiere en cualquier caso del comienzo de los actos ejecutivos que en absoluto se ha producido. La amenaza por parte del ministerio fiscal con penas que implican años de cárcel ha sido el desencadenante de la aceptación de los hechos. Pero ésta no puede implicar el mantenimiento de decisiones jurídico-penales insostenibles.

Y con todo esto se pone de relieve, una vez más, la necesidad político-criminal de abordar una reforma en profundidad del derecho a decidir sobre la vida propia. El Código Penal sigue empeñado en considerar al ser humano que decide que no quiere seguir viviendo como un enfermo mental al que hay que evitar, a toda costa, que lleve a cabo una conducta tendente al suicidio. Eso se extiende a los supuestos en que se padece una enfermedad grave y mortal o graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar: también en esos casos, aunque se rebaje la pena, se castiga la cooperación necesaria. También en esos casos, pues, se desconoce el derecho a decidir sobre la vida propia, y la continuación de la vida no deseada se convierte en una obligación jurídicamente imponible: es verdad que no se castiga la tentativa, pero sí la intervención de terceros. O lo que es lo mismo, sólo puede practicarse la eutanasia por propia mano –lo que sucede en el caso de Zaragoza-, y sólo, claro, si se tiene la posibilidad material de suicidarse sin ayuda alguna.

perro semienterrado - goya, 1819-23

La confusión permanente, por otra parte, entre eutanasia y cuidados paliativos –evidente en el supuesto del médico condenado por tentativa al intentar adquirir una sustancia que en dosis adecuadas puede tener esos efectos– y la estricta limitación del texto del número 4 del artículo 143 conducen, con demasiada frecuencia, a que supuestos de ayuda a paliar el dolor o a poner fin al sufrimiento físico y, sobre todo, psicológico, corran el riesgo de comportar la aplicación de los preceptos de cooperación al suicidio distintos de la eutanasia, con penas que llegan a los diez años de prisión. Y, ¿en nombre de qué?

Ante la decisión libremente adoptada por un ser humano absolutamente sano desde el punto de vista psíquico, y sin presiones de ningún tipo, de poner fin a su vida, ¿es legítima la intervención del Estado castigando a todos aquéllos que intervengan en el hecho del suicidio? El Estado sólo puede, desde su condición de democrático, prohibir aquellas conductas que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad ajena. Función suya es, en cambio, tomar en consideración el libre desarrollo del sujeto pasivo. Sólo desde posiciones eticistas y moralistas, muy vinculadas a influencias religiosas, puede explicarse la punición de las conductas relacionadas con el suicidio. Si la función del Derecho penal es tutelar la vida constitucionalmente reconocida, y ésta es precisamente la libremente deseada por su titular, cuando este deseo no exista, sino que sea contrario, el Derecho penal no puede intervenir. Desde este punto de vista, se ha de afirmar que existe una contradicción entre las valoraciones constitucionales y las del artículo 143 del Código Penal.

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Podrá contra-argumentarse que la intervención penal resulta necesaria para tutelar la vida de las personas que no se encuentran con capacidad real de decidir libremente; que puede haber suplantaciones de voluntad, que la cooperación al suicidio puede esconder acciones llevadas a cabo sobre personas débiles mental o hasta físicamente a las que se impone la voluntad de quien aparece como cooperador. Pero ésos no son casos a los que deba aplicarse la cooperación al suicidio, que requiere que estemos ante una decisión libre: son supuestos de homicidio o asesinato. Y nada tienen que ver con los casos que han dado lugar a las recientes condenas.

Lo que ahora se pone de relieve es la imperiosa y urgente necesidad de abrir un debate político sobre el reconocimiento de la capacidad de los ciudadanos a decidir sobre nosotros mismos. El miedo al tabú, detrás del que se viene escondiendo la clase política –que va muy por detrás del debate social– para no afrontar una cuestión que afecta a nuestra propia identidad, no puede justificar ni excusar no afrontar la paradoja de que el Estado democrático tiene como fundamento precisamente la afirmación de la libertad y ésta la capacidad de la persona para decidir sobre las cuestiones que le implican. Y nada implica más a una persona que decidir sobre su vida.

La afirmación de que la vida es un derecho dependiente de la voluntad de su titular no significa que no exista una valoración positiva de aquélla con independencia de ésta. El ordenamiento constitucional no es neutral: la vida es un valor, la muerte no. Por ello, no sólo es lógico, sino absolutamente consustancial a los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico que el Derecho no sea neutral ante la vida o la muerte, y que prevea medidas tendentes a que el ciudadano que se encuentre en cualquier trance desee la continuidad de su vida. Y sólo cuando pueda asegurarse su voluntad contraria, levante la tutela que le dispensa. Pero, desde luego, eso no autoriza al Estado democrático a imponer la obligación de vivir y de sufrir dolor. No le autoriza a impedir que quien quiere evitarse esa situación pueda hacerlo con la dignidad que comporta recibir la ayuda necesaria; que pueda hacerlo, en suma, con la dignidad que comporta la categoría de persona. No puede hacerlo, al menos, sin negar su propia esencia, porque son esa categoría y esa dignidad las que fundamentan el Estado democrático. Sin ellas, éste no tiene sentido.

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Ilustraciones: 1. El grito. Munch, 1893 (detalle). 2. Perro semienterrado. Goya, 1819-23 (detalle). 3. La noche estrellada. Van Gogh, 1889 (detalle). 4. El caballero, la muerte y el diablo. Durero, 1513 (detalle).

 

La política española de derechos humanos es un borrador

Diego Blázquez

El pasado día 13 de mayo se publicaron las Observaciones finales sobre España del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). Nuestro país presentaba puntualmente sus informes número 21, 22 y 23 a este órgano de los tratados de Derechos humanos. A pesar de que algunas de las cuestiones que aborda el CERD son de gran importancia y afectan a algunos de los temas cruciales en la agenda política actual en pleno periodo electoral (asilo y refugio, migración, ley de seguridad ciudadana, educación o salud…) no ha sido este un tema que hayan tratado especialmente los medios de comunicación ni tampoco al que el gobierno en funciones haya querido dar especial relevancia.

Es cierto que este tipo de informes de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas no tiene fuerza vinculante, sin embargo las observaciones finales de cada Comité son la base de la reacción global del sistema respecto de cada Estado, y se hacen sobre la base de la autorictas de los expertos independientes que la forman y que son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos. Su valor reside en que intentan recoger de manera objetiva las fortalezas y debilidades de cada país en cada una de las materias de derechos humanos objeto del Comité respectivo, identificando los principales y más sensibles problemas de cada país, incluyendo sus avances y retrocesos producidos.

1. cúpula barceló - NU Ginebra

En esta ocasión, el “examen” de España ante el CERD es muy revelador sobre la situación de la política de derechos humanos en los últimos años, y nos permite extraer algunas simples, pero demoledoras conclusiones.

En primer lugar, hay que destacar cómo el Comité contra la Discriminación Racial recoge algunas ideas básicas y más o menos unánimes entre todos los Comités de Derechos Humanos. En este sentido, en el reciente informe del CERD destaca la alerta del Comité uniéndose al clamor de los otros órganos de tratados, incluyendo el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, criticando el uso excesivo de la fuerza en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como la difícil coherencia de las previsiones de la Ley de Seguridad Ciudadana respecto de los “rechazos en frontera”.

2. Melilla. Foto Frontera Sur

Junto a ello, la segunda de las conclusiones que podemos extraer de la reacción del CERD es que, desgraciadamente, la política española de derechos humanos en general, y en particular sobre la erradicación de la discriminación racial, es un borrador, un proyecto basado en anteriores iniciativas, en glorias pasadas o, como nos decían en época de exámenes: en “vivir de las rentas”. Resulta revelador que el Comité salude positivamente proyectos de ley como el de Igualdad de trato y no discriminación presentado en 2011, la nonata iniciativa del II Plan Nacional de Derechos Humanos, el borrador del Plan sobre Derechos Humanos y Empresas… sin que ninguna de estas herramientas legales o de políticas públicas se hayan aprobado a lo largo de la anterior legislatura.

Igualmente se destaca cómo no se han elaborado planes nacionales de desarrollo o de acción sobre la Declaración de Durban y su Programa de acción, como recomienda el Comité desde 2009. Ni tampoco hay planes o iniciativas nacionales sobre el Decenio Internacional sobre los Afrodescendientes, en ejecución de una Resolución de la Asamblea General.

Lo dramático es que pese a esta inacción los problemas de derechos humanos crecen, y pese a alguna creencia taumatúrgica, la (supuesta) mejora de la economía no los resuelve, sino que, por el contrario, tiende a agravarlos. Un ejemplo de estos problemas preexistentes que permanecen y que se agravan es el fenómeno de “las escuelas gueto” (para las que utiliza esa denominación), que preocupa al Comité y respecto del cual recomienda que se tomen medidas efectivas de política educativa para garantizar una distribución equitativa de estudiantes.

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En la misma línea, el Comité no sólo subraya la falta de acción en la adopción formal de estas propuestas o la pasividad respecto del abordaje de problemas concretos (como el de las escuelas gueto), sino que además considera que algunos recursos institucionales existentes adolecen de carencias como falta de independencia o de recursos, como es el caso del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, incluso frente a requisitos comunitarios (estos si obligatorios para España). Igualmente, el Comité destaca la puesta en marcha de la recogida de datos sobre delitos de odio, pero subraya la ausencia de seguimiento de esos casos, invitando a ofrecer datos sobre los casos judicializados, las penas impuestas y la reparación otorgada. Así, de la misma manera, se saluda la inclusión legal de los principios que deben inspirar los controles de identificación de seguridad para no resultar discriminatorios, pero, a párrafo seguido, se destaca la ausencia de información sobre potenciales medidas de investigación y sanción ante el incumplimiento de esos criterios. Una cuestión que el Comité considera especialmente urgente y por la que se pide información a complementaria a España en un plazo de 12 meses.

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Junto a la inacción, una tercera conclusión es la existencia de nuevos supuestos de falta de respeto a la Convención. El Comité también incluye como una cuestión sobre la que requiere información rápida la cuestión de la restricción del acceso a la asistencia sanitaria universal de los migrantes en situación irregular. El Comité considera que esta es “una medida regresiva” (que en términos ginebrinos es algo muy serio) y que tiene un impacto negativo sobre el derecho a la salud sin discriminación, lo que sería una posible vulneración del tratado.

El Comité destaca otras cuatro cuestiones como “de particular importancia” (que en la terminología de la diplomacia ginebrina ya es mucho). Estas cuestiones se refieren al “uso recurrente de la privación de libertad de migrantes en situación irregular” (los CIEs), la mejora de las condiciones de vida de la población gitana, la lucha contra los estereotipos raciales especialmente en las redes sociales y medios de comunicación; y, en cuarto lugar, sobre la ausencia de medidas acerca de la discriminación racial sobre los afrodescendientes y muy particularmente incluir en el sistema educación mayor información sobre los periodos de esclavitud y la colonización.

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Como se puede apreciar, y sin entrar en los detalles de las apreciaciones y recomendaciones del Comité, solo en estos cuatro puntos se tratan aspectos de gran importancia social e institucional que deberían de ser objeto de un serio debate político tanto dentro del ejecutivo como en sede parlamentaria. Ese es el objetivo esencial de los informes periódicos: abrir un debate con el Estado que le permite mejorar y ampliar su compromiso con sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, periódicamente la reacción frente a estos valiosos informes que apuntan a algunos de los problemas esenciales de nuestro país, son ninguneados en un frio vacío institucional; o, en el mejor de los casos, son objeto de enroques en políticas inmovilistas recubiertas de huecas palabras o vacías estrategias o acciones.

Esperemos que la nueva legislatura que se avecina de lugar a una nueva cultura política que se tome más seriamente el dialogo con los órganos de derechos humanos y no solo como un engorroso trámite periódico del que hay que salir lo mejor parado posible y con el menor eco posible en los medios. Una buena manera seria crear una subcomisión de derechos humanos en el Congreso donde se debatieran los informes y las conclusiones, adoptando planes de acciones concretos para la puesta en práctica de las recomendaciones emitidas.

Por cierto, en este sentido, no puedo dejar de señalar que la última recomendación del Comité al Gobierno es dar difusión al informe y las observaciones finales.

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Fotos: 1. Sala de los Derechos Humanos de la Onu en Ginebra. Reuters. 2. Valla de Melilla. Frontera Sur. 3. Imagen de ‘La clase’, de Laurent Cante (2008). 4. Manifestación  en Madrid por la sanidad universal. F.Flores. 5. CIE de Madrid. Mónica López.

Constitución y esteladas, la paradoja

Fernando Flores

Creo que vincular la afirmación, o la humillación, de una idea política al resultado de una competición deportiva es absurdo. Un absurdo normalizado, que sucede a cada rato, sobre todo cuando se trata de reforzar las identidades nacionales, sean éstas las que sean. Ahora bien, perseguir esa opción prohibiendo la exhibición de banderas en un campo de fútbol, sean éstas esteladas, republicanas o rastafaris, es absurdo, inconstitucional y, si me apuran, contraproducente.

Es absurdo porque el argumento para explicar la prohibición –evitar comportamientos violentos– carece de peso ante quienes no necesitan motivos para agredir. Quienes buscan bronca no necesitan que el contrario exhiba una bandera, con que se exhiba a sí mismo es suficiente. Si además porta una bandera independentista, la violencia les parecerá más jugosa, pero no más justificada.

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Es inconstitucional porque atenta contra las libertades públicas de las personas. Primero contra las libertades ideológica y de expresión. La gente tiene derecho a pensar lo que quiera, y desde luego a expresarlo públicamente. El límite de esa expresión debe estar claramente establecido por la ley, no en una interpretación sesgada y abierta de la norma por parte de la autoridad gubernativa. El racismo, la discriminación a la identidad sexual, o la incitación a la violencia y al odio justifican aquella limitación. De ninguna manera la hipotética reacción de quien se siente ofendido con la finalidad de reprimir la libertad de los demás.

La prohibición atenta, además, contra la libertad personal que nos protege contra cacheos y registros arbitrarios. Desde esta perspectiva la persecución de las banderas esteladas es, más allá de ridícula, desproporcionada e ineficaz. Que se asemeje a los controles para prevenir actos terroristas en realidad nos muestra que su verdadero objetivo es provocar temor y autocensura en aquellos aficionados que les gustaría llevarla.

En fin, puede ser contraproducente porque aunque las banderas se prohíban en el interior del estadio su exhibición en el exterior será libre, así que los hipotéticos problemas de orden público que la prohición trataría de evitar se pueden producir igualmente.

Así que la decisión de la Federación Española de Fútbol y la Delegada del Gobierno de Madrid de prohibir la exhibición de banderas independentistas –no oficiales pero no ilegales– no cumple ninguno de los requisitos exigidos para limitar los derechos de los ciudadanos: ni acata estrictamente el principio de legalidad, ni es eficaz, ni es necesaria e inevitable (puede obtenerse su objetivo de otras maneras), ni es proporcionada al daño que produce. Todo un logro.

En fin, resulta paradójico que sea precisamente la utilización de banderas esteladas la que justifique un ataque tan directo a los derechos y libertades que la Constitución española reconoce.

adolescentes jugando al futbol tarfaya

Fotos: 1. Esteladas. 2. Muchachos jugando al fútbol en Tarfaya (F.Flores).

Canadá, un refugio

Ángeles Solanes

Mientras Europa da la espalda a los refugiados, obviando sus valores fundacionales e incumpliendo tratados internacionales ratificados por sus Estados miembros, como brillantemente han explicando expertos en la materia como Javier de Lucas, Sami Naïr o Steve Peers, Canadá ha puesto en marcha su programa #WelcomeRefugees #Bienvenueauxréfugiés. En el mismo se afirma que ante la acogida de los refugiados “hay muchas razones para estar orgullosos. Refleja nuestro compromiso y demuestra al mundo que compartimos la responsabilidad de ayudar a los desplazados y los perseguidos”. Esta política no es nueva en Canadá, aunque haya atravesado altibajos. Los gobiernos liberales y conservadores de la década de los setenta y los ochenta, por ejemplo, recibieron unos 60.000 refugiados indochinos que huían de los regímenes comunistas.

Como pone de relieve el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la responsabilidad que ha asumido Canadá desde 2013 hasta 2017 en relación a la admisión de personas sirias llega a las 48.089. El Gobierno canadiense muestra en su página web que desde el 4 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2016, el país norteamericano ha admitido un total de 26.859 refugiados sirios. Entre ellos, 15.244 a cargo del gobierno, 2.307 dentro del programa mixto de refugiados designados por la oficina de visados, y 9.308 patrocinados por el sector privado. ¿Cuál es la propuesta canadiense que permite alcanzar estas cuotas y que ningún Estado europeo, salvo alguna histórica excepción, es capaz de emular?

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El actual Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ya puso de manifiesto en la campaña electoral su voluntad de articular un programa para la acogida de refugiados sirios, lo cual en aquel momento no era unánimemente aceptado. Un 54% de los canadienses sondeados a finales de diciembre de 2015 apoyaban la acogida de 25.000 refugiados. Tras el triunfo electoral, a diferencia de lo que ocurre en algunos Estados Europeos, el líder el Partido Liberal no esperó para cumplir su promesa. El plan Trudeau para los refugiados sirios se concreta en cinco fases. La primera consiste en identificar a los refugiados sirios que llegarán a Canadá. Para ello el Estado canadiense colabora con ACNUR en la identificación de personas en Jordania y el Líbano, donde existen registros, y progresivamente también en Turquía. Para el estudio de las diferentes demandas, los refugiados interesados obtienen una cita en una de las dos oficinas establecidas en Amman y Beirut. Comienza así una segunda fase que comprende una entrevista individual, un examen médico completo y la comprobación de determinados datos biográficos y biométricos que son verificados en las bases de datos de inmigración para la protección de la seguridad. Aquellos que superan estas dos primera fases son trasladados, en aviones privados con el apoyo de aviones militares si es necesario, a Montréal y Toronto. Antes de la partida, la Agencia Canadiense de Fronteras (ASF) verifica los datos de cada refugiado. Esta misma Agencia, en la cuarta fase, es la encargada de acogerlos a su llegada a Canadá para tramitar la entrada. Tras este último control en el que de nuevo se verifica la identidad y el estado de salud, comienza la quinta y última fase de instalación e integración en la comunidad que permite que el refugiado tenga la residencia permanente.

La propia forma gráfica que sintetiza este proceso en la página web del gobierno canadiense es significativa de la visión positiva que se pretende ofrecer del mismo:

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Uno de los aspectos más llamativos de este programa es que invita a participar en él a la ciudadanía canadiense a través de la posibilidad de patrocinio privado o apadrinamiento de un refugiado, con un plan y una guía para hacerlo efectivo. Así tanto grupos de cinco o más personas cuanto organizaciones pueden implicarse en esta iniciativa como sponsor.

Este programa, que supera toda ridícula previsión realizada por los Estados Europeos, tiene, con todo, algunas matizaciones. Se trata de un programa cuyo objetivo principal, en este momento, es la población siria, y entre ésta la que forma parte de las preferencias establecidas por el gobierno canadiense. En ese sentido, en la primera fase del programa literalmente se afirma “con el fin de minimizar los riesgos de seguridad y para proporcionar a los refugiados vulnerables un nuevo lugar para vivir, Canadá pidió a ACNUR establecer una lista de prioridades de los refugiados vulnerables que representen un bajo riesgo para la seguridad, incluyendo a las mujeres en situación de riesgo y a familias completas. Esta forma de proceder es conforme a la que ha seguido Canadá en el reasentamiento de los refugiados”. En su política tradicionalmente colectivos como el LGBTI también han sido considerados como grupos vulnerables.

Junto a la postura oficial de apertura, un sentir social difícil de cuantificar aparece también en el ámbito canadiense: el miedo al otro. Así el alcalde de Québec verbalizaba el temor latente entre la población por la llegada de refugiados, ahondando en el sentir de un parte de la población que llegó a recoger firmas para detener el proceso. Una posición semejante, en cuanto a la ralentización o suspensión de la acogida fue mantenida por el alcalde de Toronto y el primer ministro de la Saskatchewan, Brad Wall. Canadá tampoco ha contado con el apoyo de Estados Unidos en la articulación de este plan. A las críticas de una parte de la ciudadanía se ha unido el desasosiego del país vecino. El presidente de la Comisión del Senado de Estados Unidos sobre la Seguridad Interior, Ron Johnson, puso de manifiesto la inquietud por la llegada de “un gran número de refugiados” amparados por el programa canadiense, apelado a una cuestión siempre presente como es la de la seguridad en la frontera.

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Un segundo aspecto debe tomarse en consideración para entender que el acceso al estatuto de refugiado en Canadá no es lineal. Es decir, junto a quienes no forman parte de los grupos vulnerables de refugiados sirios hay otros solicitantes cuyas demandas se demoran y/o se conceden en menor medida. Se trata de una opción que tiene que ver con la necesidad imperante de organizar la llegada. Más allá del programa específico para los sirios, sigue existiendo el que podría denominarse régimen general de asilo (aunque éste por su propia naturaleza vinculada a la persecución no pueda ser calificado como tal) que es el que se aplica al resto de refugiados. El sistema canadiense de protección de asilo distingue entre los programas de reasentamiento de refugiados y personas que requieren protección humanitaria para aquellos que se encuentran en el extranjero, y el programa para las personas que presentan una demanda de asilo cuando ya se están en Canadá. Se mantiene la división tripartida entre los refugiados a cargo del gobierno, en el programa mixto y los que cuentan con el patrocinio del sector privado. Entre quienes se han sumado a las críticas al plan para la acogida de los refugiados sirios, también se ha puesto en evidencia el descenso de otros colectivos, como puede verse en la evolución desde 2005 atendiendo a los diferentes países de procedencia de los demandantes.

Canadá no es, con todo, un paraíso para los refugiados. Siguen pendientes cuestiones de gran calado, dentro del estrategia global articulada por ACNUR para el período 2014-2019, como el acabar o minimizar las detenciones de los solicitantes de asilo y refugiados. Sin embargo, no puede negarse que, aún con desavenencias internas y reservas externas, ha sabido priorizar lo que el derecho de asilo supone en cuanto protección internacional frente a la persecución y la ayuda de carácter humanitario. Canadá ha sido históricamente y es de los pocos Estados capaces de llevar a la práctica el lema que exhibe en la página oficial de su programa #WelcomeRefugees #Bienvenueauxréfugiés: “acoger a los refugiados en nuestros corazones y en nuestras comunidades”, continuando así una tradición de la que, sin duda, podrían aprender los líderes europeos.

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Fotos. 1, 2 y 4: De la página web del gobierno canadiense dedicada a los refugiados. 3. El Primer Ministro Justin Trudeau recibe el primer vuelo de refugiados sirios que llega a Canadá (Nathan Denette/Canadian Press).