El TEDH: no es Tribunal para viejos

 Fernando Flores

El Gobierno acaba de decretar que con más de 61 años no se puede optar a ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que esta limitación es arbitrariainconstitucional, por varias razones.

La primera es su justificación. El Gobierno dice que la alta cualificación exigida a los candidatos solo puede reconocerse si estos están en condiciones de cumplir el mandato de nueve años por el que son designados (como el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé los 70 años como edad de jubilación, 61 sería el tope de acceso). Sin embargo, es difícil, por no decir ilógico y absurdo, relacionar la alta cualificación de un candidato con el tiempo que vaya a ejercer su cargo. Sencillamente, nada tiene que ver una cosa con la otra.

La segunda y principal es por su impacto en los derechos fundamentales de las personas. De una parte, resulta patente que la limitación de edad se entromete, de forma desproporcionada y arbitraria, en el derecho a no ser tratado de forma discriminatoria por la circunstancia personal de ser mayor de 61 años. Es por ello que el Gobierno vulnera frontalmente el derecho a la igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución. Además, nuestra Ley Fundamental reconoce en su artículo 23 el derecho de acceso a cargos públicos por lo que, para no vulnerarlo, el Gobierno debería haber pensado en un argumento limitativo algo más consistente que el de que no puedan cumplir íntegramente nueve años en el cargo.

La tercera es la norma utilizada: una resolución administrativa. Si algo caracteriza en los Estados democráticos la limitación de los derechos es que tal restricción debe cumplir el principio de legalidad. Dicho de otra forma, debe ser decidida por el Parlamento, no por el Gobierno. En nuestro ordenamiento, además, esa ley debe ser orgánica, es decir, debe aprobarse por la mayoría absoluta de las Cortes. Tomar una decisión como la de impedir a personas mayores de 61 ser candidatos mediante resolución de la Subsecretaría de Presidencia, sin cobertura legal o convencional alguna, es una vulneración constitucional que se enseña en primero de Derecho.

Podrían añadirse algunos otros argumentos para mostrar el abuso y atropello de la decisión del Gobierno, como que limita gravemente al Congreso su intervención en el proceso de selección (quizás el Congreso pudiera entender que alguien con 65 años tiene una gran cualificación y merezca más que nadie ser juez del TEDH, aunque sea por cinco años); o como que va en contra de la política de transparencia y rigor con que el Consejo de Europa trata de elegir en los últimos años a los jueces que forman el Tribunal.

Pero con los primeros cometarios es suficiente. La verdad es que es para nota que nuestro Gobierno no tenga problemas en vulnerar los derechos humanos en el mismo procedimiento de selección de candidatos para el Tribunal que protege a nivel europeo esos mismos derechos humanos.

Para los no iniciados debe decirse que este despropósito podría tener, quizás, a lo mejor sólo es un rumor, un motivo. El candidato del Gobierno a ocupar esa plaza de juez en el TEDH (Francisco Pérez de los Cobos, excelente jurista conservador, exmilitante del PP, y actual presidente del Tribunal Constitucional) es menor de 61 años; y la aspirante Emilia Casas, excelente jurista progresista, expresidenta del TC, no candidata del Gobierno, dura competencia para cualquier otro candidato (incluido el del Gobierno), y mujer, es mayor de 61 años.

La solidaridad y los derechos, en serio

Javier de Lucas

Desde el 17 de enero de este año, hasta el 2 de abril, se puede visitar en el Centro Conde Duque, en Madrid, la exposición “Bethune, la huella solidaria. El legado del Dr Bethune y la ayuda de los voluntarios canadienses a la segunda República”, organizada por la Embajada de Canadá, la Fundación Canadá, la Asociación de Amigos de las Brigadas internacionales y el Centro Andaluz de la Fotografía (Junta de Andalucía), cuyo director, Jesús Majada, el mejor conocedor de la peripecia española de Bethune, es el comisario de la exposición.

No se trata de la primera que se haya realizado en nuestro país en torno a la figura del legendario Bethune, un héroe nacional en China (donde murió, después de haber contribuido a crear un servicio médico de alcance, desde las filas de los revolucionarios de Mao), pero menos presente en su propio país y, desde luego, poco conocido en España. Si lo traigo a colación es porque ahora coinciden dos aniversarios particularmente interesantes y porque la figura de Bethune sigue pareciéndome ejemplar en el contexto de la lucha por los derechos, el viejo lema que Jhering recupera de Heráclito y que inspiró buena parte de la obra de Arendt.

Decía que concurren dos aniversarios: por antigüedad, hay que hablar primero de los 150 años de la aparición de la confederación del Canadá. Un país amigo con el que, más que nunca, conviene estrechar lazos y reconocer su papel de valiente liderazgo moral en la defensa de los derechos de los más vulnerables (como los refugiados), en la afirmación de la necesidad de una democracia plural e inclusiva. No ignoro que Canadá tiene problemas y que sus políticas pueden y deben ser objeto de críticas en algunos temas relevantes, porque la democracia y los derechos humanos exigen un control continuo y es lógico pedir más a quienes demuestran la voluntad política de hacer más. Pero en la era de Trump, el Gobierno Trudeau es un importante foco de esperanza. Me permito destacar el trabajo constante de la Fundación Canadá para acercar en particular la colaboración en el ámbito académico, artístico y científico (entre otros), una obra que debe ser reconocida. Esperamos que la administración Trudeau recupere el vigor de los programas que promocionaban los intercambios en esos campos y que sepamos responder. Este año es una buena oportunidad.

La segunda conmemoración, ochenta años (que se cumplieron el día 6 de febrero) de lo que en Málaga se conoce como “la Desbandá. Es el primer crimen de guerra contemporáneo, de carácter masivo y cometido contra la población civil, del que tenemos testimonio. El ejército sublevado (en particular, la marina y la aviación franquista) sometió a feroces ataques a un importante número de mujeres, niños y hombres –se llega a hablar de 150.000- que trataban de alcanzar refugio en Almería huyendo de Málaga y de poblaciones cercanas, ante la inminencia de la entrada de las tropas de Franco en la ciudad. Se trata sin duda de un importante precedente (más grave aún que el bombardeo de Gernika) de lo que se desarrolló de inmediato en la segunda guerra mundial y cuya extensión, hoy, desgraciadamente conocemos hasta tal punto que la hemos incorporado a nuestra rutina informativa: baste pensar en la destrucción sistemática de Alepo y en los crímenes cometidos contra su población civil, sin necesidad de remontarse a lo sucedido en los Balcanes. La población civil, insisto, como objetivo directo de los más crueles ataques, como pieza clave de la estrategia bélica.

Bethune era un médico canadiense con una profunda exigencia de solidaridad, acrecentada por su experiencia con sectores sociales desfavorecidos de la población de Montréal, durante la Gran Depresión. Ese mismo espíritu de solidaridad y sus convicciones claramente izquierdistas (era militante comunista) le llevaron a acudir a España como un voluntario más (aunque no formalmente encuadrado en las Brigadas Internacionales, sino en la Unidad Médica de Canadá en Madrid y en el Batallón Mackenzie-Papineau) en ayuda de la IIª República. Creó un servicio móvil de transfusión de sangre –que desarrollo luego durante su posterior experiencia en China y que está en el origen de las famosas Mobile Army Surgical Hospital (M.A.S.H.)-, con el que recorrió diversos frentes y ciudades. Se encontraba en Valencia cuando tuvo noticia de la situación en Málaga y se desplazó hasta Almería para tratar de ayudar. Hizo varias veces el recorrido desde Almería a la caravana de los huidos, llevándose consigo a todos los que podía acoger. El mismo y su colaborador, Hazen Sisé, tomaron abundante testimonio gráfico (depositado hoy en el Centro Andaluz de la Fotografía) y describió con detalle la masacre en su pequeño ensayo El crimen del camino Málaga-Almería, que caracterizó como “esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos”.

Bethune, como Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja, fue adelantado del espíritu que ha permitido desarrollar contemporáneamente el Derecho internacional humanitario, al servicio de la primacía de los derechos humanos aun en contextos de conflictos bélicos. Un ejemplo de esa increíble tenacidad propia de algunos solitarios solidarios, esos sujetos que no predican moralina pero que arriesgan su vida a fondo por los demás y saben crear instrumentos y redes de solidaridad. Bethune, como Camus, es uno de ellos y merecería un hueco en el elenco de lo que el recién desaparecido Todorov ha llamado en su penúltimo libro, los insumisos, aquellos que saben decir no cuando la inmensa mayoría se pliega al sí y, además, como decía Germaine Taillon, hacen de su no, un sí.

Imágenes: 1. Ilustración conmemorativa. 2. Refugiados republicanos huyendo de Málaga. Fuente- culturaandalucia.com 3. Norman Bethune.

¿A quién cantó Silvia Pérez Cruz en los Goya?

Fernando Flores

Silvia Pérez Cruz recibió anoche el Goya a la mejor canción original por Ai, ai, ai, que forma parte de la banda sonora de la película Cerca de tu Casa. Un momento especial, porque cantó un pedacito no de la canción premiada, sino de No hay tanto pan, que recoge el corazón y el sentimiento de este musical sobre los desahucios en España.

En las noticias del Telediario dicen que la cantante dedicó su interpretación a los desahuciados; El País, que “Silvia Pérez Cruz canta a los desahuciados tras ganar el Goya”, y El Mundo, que “dedicó unas estrofas a los desahuciados…”, y así todos.

Al parecer, vimos un “momentazo” distinto de la Gala. No cantó a los desahuciados. Lo que yo vi es que ella cantó a los culpables de los desahucios. No cantó para que sintiéramos pena de los expulsados de sus casas. Cantó para señalar a los banqueros, a los políticos, a los periódicos que mentirosos, trileros y puteros, “te roban y te gritan”.

A estas alturas uno piensa que quienes comentan estas cosas distinguen el cine social del político, distinguen el retrato de lo que hay de la denuncia de por qué hay lo que hay. Y el musical Cerca de tu casa, como la interpretación de Pérez Cruz en el escenario, no es (sólo ni lo más importante) un retrato. Es la denuncia de una realidad que no es producto de la mala suerte. Una realidad que tiene causas y culpables, con nombre, dirección y rostro (algunos estaban ayer entre el público). Una realidad que, en consecuencia, puede cambiarse, que puede ser otra.

En fin, creo que habría que ser un poco más cuidadoso en la interpretación de mensajes como los de Silvia Pérez Cruz. Luego no se quejen si salen los actores y directores politizando los Goya con declaraciones demasiado “claras y directas”.

Ilustración: detalle de Domus, disco de Silvia Pérez Cruz.

La democracia interna de los partidos: entre el vicio y la virtud

Fernando Flores

Hace unos años una militante asturiana del Partido Socialista, escandalizada por una discutible decisión de la ejecutiva regional del Partido (la suspensión de un proceso de primarias para elegir el candidato a alcade de Oviedo), escribió una carta al periódico La Nueva España, en la que se despachaba a gusto contra los miembros del órgano directivo. En esa carta pública calificaba la decisión de “arbitraria, torpe y burda”, de “espectáculo bochornoso y lamentable”, y tachaba a los compañeros que la habían adoptado de ser “mangantes, garrapatas”, y de “tener la lengua marrón”. Entre otras cosas.

La carta le costó a la articulista una sanción de 20 meses de suspensión temporal de militancia. Ella recurrió primero a los tribunales ordinarios, y más tarde en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Éste, diez años después de aquella publicación, ha entendido que la sanción del partido no ha vulnerado su libertad de expresión.

Se trata de una sentencia muy interesante desde varios puntos de vista (por ejemplo, la consideración por el TC a estas alturas de la relevancia constitucional del tema… los constitucionalistas me entenderán), pero para no hacerlo largo sólo comentaré, brevemente, un par de cosas: el sorprendente cambio de línea jurisprudencial que plantea la sentencia, y la decisión sobre el fondo del asunto.

Respecto al cambio de jurisprudencia, el TC “entiende que es necesario aclarar su doctrina en relación con el ejercicio de derechos fundamentales por los integrantes de asociaciones como son los partidos políticos”, y es por eso que decide por primera vez que su enjuiciamiento puede extenderse al análisis material de las causas de expulsión (o suspensión) de los militantes. Hasta esta sentencia, las pocas veces que el Tribunal había decidido admitir y valorar recursos de amparo sobre democracia interna en los partidos, se había limitado a comprobar si las decisiones disciplinarias habían sido adoptadas con las formas y procedimientos legales y estatutarios exigidos, y si existía una base razonable que justificara la sanción. Ahora, en cambio, el TC asume que puede entrar a ponderar (se entiende que a profundizar) las decisiones de los partidos que afecten a derechos como la libertad de expresión de sus afiliados.

En mi opinión, la doctrina del Tribunal en relación con el ejercicio de los derechos fundamentales de los militantes sí era clara, lo que sucede es que era, digamos, “contenida”. Ahora, sencillamente, ha decidido cambiarla, dando un “paso adelante”, un paso intromisivo a primera vista bienintencionado, pero que entraña algunos peligros, como creo que en este caso confirman la decisión de fondo y los argumentos que a ella le conducen.

Partiendo de aquí la cuestión de fondo no es, como dice la resolución del TC, si puede admitirse que la condición de afiliado a un partido limita su libertad de expresión cuando sus opiniones puedan considerarse contrarias a los intereses del partido. Este punto está claro desde hace tiempo: el ejercicio de la libertad de expresión de un afiliado, que de ninguna manera desaparece por serlo, debe conjugarse con su colaboración leal con el partido. No debe perderse de vista que no es sólo el derecho de opinión de ese afiliado el que está aquí en juego, sino también el derecho fundamental de asociación del partido como persona jurídica, que se manifiesta entre otras cosas en la potestad de la organización reflejada en la regulación por sus estatutos de las causas y procedimientos sancionatorios de los afiliados.

Por eso, la verdadera cuestión de fondo es, ante unas expresiones críticas de un afiliado, cómo se mide y pondera el grado de su lealtad con el partido, el daño que aquéllas producen a la organización, y quién está en condiciones de medirlos. Es decir, quién y con qué criterios (¿el alcance público de la crítica, su contenido “neutral”, injurioso o de menosprecio, la intención de la firmante, su autoridad dentro y fuera del partido, el momento electoral en que se realiza, la debilidad o fortaleza coyuntural de la organización, el apoyo mediático a la misma, el impacto o daño realmente producido…?) decide que unas opiniones son desleales y contrarias a los intereses del partido. Porque, y esto debe quedar claro, no se trata de discutir sobre si la ejecutiva asturiana actuó bien o mal paralizando el proceso de primarias; esto quizás fue un error político o una jugada rastrera por intereses personales o sectarios. De lo que se trata es de decidir si la duda y la crítica pública a aquella decisión por una militante ha sobrepasado lo estatutariamente aceptable, al provocar un daño grave en la imagen del partido.

A la vista de la subjetividad que alimenta los criterios para medir lealtad y daño, vemos que no se trata de una decisión fácil, y nos preguntamos si ésta puede ser valorada (más allá del cumplimiento de los aspectos formales de la decisión sancionatoria y la constatación de la existencia de una base razonable en la misma) por el Tribunal Constitucional y, por vía de su interpretación, por los tribunales ordinarios. Mi opinión es que no.

Porque ni siquiera la concurrencia de una “base razonable” que justifique la sanción deja de tener connotaciones políticas y, en consecuencia, es fácil de determinar. A mi modo de ver, si la crítica de la militante a la ejecutiva lo hubiera sido a la decisión concreta de suspender las primarias, o al comportamiento general del órgano de dirección; si hubiera prescindido del menosprecio y de términos valorativos fuertes y negativos sobre los miembros de esa ejecutiva (prescindibles en su mensaje de fondo), la sanción aplicada no hubiera tenido una base razonable. En tal caso, el ejercicio de su libertad de expresión (que es garantía institucional conformadora de una opinión pública libre) hubiera prevalecido sobre otros intereses, quizás defendibles, pero creo que de menor entidad. Por el contrario, al atacar directamente la honorabilidad de la ejecutiva con términos y expresiones de menosprecio hacia sus miembros, la afiliada dota de contenido a una base razonable para la sanción (y esto es independiente de que yo, personalmente, no esté de acuerdo con esa sanción), convirtiéndola en legal.

Aún así, determinar con nitidez la línea de lo razonable y no arbitario de una decisión disciplinaria como la que aquí se comenta no resulta fácil, y siempre será discutible. Pero, precisamente por eso, lo importante es que entendamos que si configurar esa base razonable que argumente la sanción es problemático, imaginemos lo que supone entrar en la discusión material de todo lo que rodea el conflicto. Es por eso que en este caso, a la hora de la verdad, el TC no hace uso de la propia cobertura intromisiva de la que acaba de dotarse. Rechaza la demanda de amparo y confirma la constitucionalidad de la sanción que suspende de militancia a la afiliada sobre la existencia de una base razonable, pero sin entrar a analizar realmente los términos del conflicto: si hubo lealtad o no, el grado de daño a la organización partidaria, etc. El TC se dota de unas alforjas para el viaje, pero después, una vez en camino, no se atreve a llenarlas.

En fin, los partidos políticos están sometidos a la tragedia que significa optar por hacer de la exigencia de la democracia interna un vicio o una virtud. Si la limitan se les flagela por antidemocráticos; si la respetan se les acusa de débiles e inconsistentes. Es un dilema de difícil solución pero, sea como fuere, los tribunales no deberían entrometerse en él más allá de lo razonable.

Las ilustraciones hacen referencia al mito de Escila y Caribdis.

El último vuelo del almirante Carrero Blanco

Joaquín Urías

Los delitos de opinión están de moda. Es una moda que vuelve periódicamente, pero esta vez lo hace con una virulencia desconocida. El repunte de condenas, investigaciones e imputaciones a quienes expresan sus opiniones políticas parece tener dos causas: la generalización del uso de las redes sociales que permiten que las expresiones personales lleguen ahora a miles de receptores y la aceptación social de los ‘delitos de odio’ que amparan a las víctimas de otros delitos y reprimen las expresiones de intolerancia.

Respecto a las redes sociales poco se puede decir que no resulte evidente. Las opiniones que se escriben en la red llegan a un número indeterminado de personas y por todo el mundo. Además permanecen indefinidamente, ya sea en los dispositivos del emisor ya en los de cualquiera que las capture y las reproduzca. Lo que antes se decía en un bar y lo oían sólo los parroquianos, ahora está escrito y a disposición del mundo. Eso es terreno abonado tanto para los ofendidos de piel fina que corren a judicializar todo lo que les molesta como para cualquier fiscal con vena de inquisidor. Sigue leyendo

Paz y Justicia para Siria

Almudena Bernabeu

El pasado 29 de diciembre, apenas días después de la caída de la ciudad de Aleppo, bastión rebelde y resistente indiscutible del conflicto armado en Siria, Rusia y Turquía anunciaron, como representantes de los bandos opuestos y originarios del conflicto, un alto el fuego con el fin de “reducir la violencia, evitar la muerte de civiles y garantizar el acceso sin obstáculos de ayuda humanitaria”.

El acuerdo de cese cubre tres áreas. Primero, prevé un cese de hostilidades, que comenzó el día 30 de diciembre de 2016, y que incluye por un lado a las tropas pro-gubernamentales (ejercito, inteligencia y fuerzas de seguridad), y por otro a los grupos rebeldes, que conforman el Ejército Libre de Siria (ELS) y el Alto Comité de Negociaciones. No obstante, el acuerdo excluye a grupos considerados terroristas como el Estado Islámico, y dada la fragmentación dentro de la facción rebelde, hay dudas sobre la inclusión en el acuerdo de otros grupos como Jabhat Fateh al-Sham (el antiguo Frente al-Nusra), asociado con al-Qaeda, o las Unidades de Protección Popular Kurdas (YPG). Sigue leyendo

Strawberry y el Derecho Penal del “ofensivo”

Ana Valero

En el día de ayer el Tribunal Supremo condenó a César Strawberry a un año de prisión por el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas previsto en el artículo 578 del Código Penal, anulando con ello la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional de 18 de julio de 2016.

Como se recordará, los hechos constitutivos del delito son una serie de tuits en los que se contenían frases como: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO”; “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar… si no le das lo de Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre a su lado”; “cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”. En respuesta a una pregunta sobre qué le regalaría al Rey decía que “un roscón bomba”; “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora” y “Street Fighter edición post-ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina”; o “¿Se puede llevar una camiseta con un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano”. Sigue leyendo

Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor. Sigue leyendo

¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente. Sigue leyendo

2017, el año que reformaremos peligrosamente (la Constitución)

Fernando Flores

Parece que todo el mundo está de acuerdo, en el 2017 hay que reformar la Constitución. O al menos aparentar que hay voluntad de hacerlo. Y casi todos asumen que habrá un tema estrella, el territorial. Quizás algo de monarquía o república, aunque esta discusión quedará para las redes sociales, porque los grandes medios no le darán mucho espacio.

El protagonismo histórico del miedo, los intereses creados y el autoengaño político, sumados a una no desdeñable indisposición general para el acuerdo razonable, han hecho de España un país de tradición constituyente, no reformista. Como no somos capaces de adaptar los textos constitucionales a la realidad cambiante, la realidad cambiante termina derribando los textos constitucionales. En este siglo XXI acabaremos repitiendo la jugada, aunque no todavía. Sigue leyendo