CIA, drones y derechos humanos

Cristina Pauner Chulvi

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia militar expansiva. Si hace unos días anunciaba que su Administración solicitará una partida adicional de 54.000 millones de dólares en Defensa con el propósito de que “EEUU vuelva a ganar guerras”, anteayer descubrimos el último movimiento en su pretendida “erradicación” del Estado islámico, objetivo con el que se ha comprometido dentro de su difusa política exterior militar. Así, la prensa norteamericana publicó la noticia de la concesión a la Agencia International de Inteligencia (CIA) de nuevas atribuciones para atacar a terroristas con aviones no tripulados o drones.

Esta orden presidencial otorga más libertad de actuación al Pentágono y a la CIA para lanzar ataques con drones contra objetivos extremistas en Oriente Próximo incluso sin pedir autorización a la Casa Blanca. Con esta decisión, Donald Trump se desmarca de la línea seguida por su antecesor, Barack Obama, bajo cuya presidencia se incrementó el empleo de esta tecnología como arma de ataque militar aunque limitando el papel de los servicios secretos de la CIA a la fase de reconocimiento y recogida de información sobre sospechosos de terrorismo, en tanto que la ejecución del ataque quedaba en manos de los militares del Pentágono, y era autorizado en la mayoría de los casos por un proceso intergubernamental antes de ser ejecutado. Bajo la anterior distribución de funciones subyacía una importante consecuencia jurídica: una mayor garantía de transparencia ya que mientras que el Pentágono debe rendir cuentas de sus misiones y de las eventuales muertes de civiles, los servicios secretos no están obligados a facilitar estas cifras. Este cruce de roles entre la Agencia y el Pentágono viene a sumar importantes problemas a los que ya genera el empleo de drones como arma militar para alcanzar a objetivos concretos, bien sean infraestructuras, vehículos o personas aisladas en los conocidos como “asesinatos selectivos”, que sistemáticamente denuncian organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

Aunque en la actualidad esta tecnología se ha hecho muy popular gracias a su empleo masivo en el ámbito civil con fines profesionales, comerciales y sobre todo lúdicos, el origen de los drones se halla en el ámbito militar, donde siguen utilizándose ampliamente. Este origen ha preocupado mucho a expertos, ONGs y sociedad en general, porque está demostrado que el diseño y el desarrollo de tecnologías militares para drones permite, en primer lugar, una inversión desbocada ya que el empleo de fondos públicos para el desarrollo de tecnologías militares no está sometido a criterios de eficiencia económica y, en segundo lugar, su transferencia a la esfera civil, donde se emplean drones inicialmente diseñados para fines militares y equipados con sofisticadas tecnologías – infrarrojos, visión nocturna, cámaras de reconocimiento biométrico facial, imágenes térmicas, tecnologías de radar, etc. – con el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos, muy significativamente, la privacidad.

Volviendo al marco de los conflictos armados, ya existen antecedentes del empleo de drones con fines de vigilancia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque es a partir de la Guerra de Vietnam cuando se adaptaron para tareas de combate. Pero el punto de inflexión en el empleo de drones armados lo marcan los atentados del 11-S, momento desde el que aumenta exponencialmente su uso y sus capacidades, suscitando un profundo debate sobre los retos jurídicos que plantea, retos para los que el Derecho no ha logrado ofrecer respuestas. Ante la inevitabilidad de las guerras, se dice, hay que destacar la ventaja evidente de los drones en escenarios de conflicto bélico o de enfrentamiento terrorista en términos de seguridad, porque evitan riesgos físicos y pérdidas humanas, y en términos de eficacia porque se trata de operaciones quirúrgicas de investigación, seguimiento y ataque a objetivos claros y concretos en lo que se conoce como la teoría de la “guerra limpia”.

Pero el uso de drones militares como arma de ataque explícita presenta desventajas de tipo social, como potenciar el desarrollo de nuevas guerras y/o aumentar el apoyo ciudadano en el mantenimiento de las ya iniciadas, porque no se padecen bajas propias; plantea severos dilemas éticos como el riesgo de deshumanización y de juego en la decisión de matar a una persona generando la llamada “mentalidad de Playstation”; y vulnera el ordenamiento jurídico internacional. En este sentido, primero, conculca normas de derecho internacional (violaciones del espacio aéreo por falta de consentimiento del Estado sobrevolado, perpetraciones de agresiones y bombardeos prohibidos por la legislación internacional, interpretación errónea del concepto de legítima defensa cuando realmente nos hallamos ante una guerra contra el terror, etc.) y, segundo, presenta serias contradicciones con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos tanto por la prohibición de utilización de armas que por naturaleza son indiscriminadas o excesivamente perjudiciales (si bien se alaba la precisión de esta tecnología es necesario recordar el alto porcentaje de “errores” o “daños colaterales”, esto es, bajas civiles provocadas por drones ejecutando ataques contra personas fuera de combate) así como por la prohibición de matar a meros sospechosos o futuros delincuentes, esto es, los exterminios extrajudiciales.

Por eso resulta oportuno recordar las recomendaciones contenidas en el Informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 2010 y en el Informe del relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos fundamentales frente al contraterrorismo de 2013 y exigir a los Estados que utilicen esta tecnología que cuenten con un marco legislativo que respete el derecho internacional, un procedimiento que asegure la ejecución autorizada de las misiones militares de los drones, el acompañamiento de todas sus acciones de transparencia informativa y la existencia de mecanismos de exigencia de responsabilidad.

En sentido opuesto a estas consideraciones, la decisión del Presidente Trump agrava los numerosos problemas arriba apuntados y añade el riesgo de la opacidad y evasión del control público y legislativo al autorizar y ampliar su uso por servicios de inteligencia. Porque si bien el uso de drones militares se encuentra regulado en la legislación norteamericana, se conoce mucho más sobre las reglas que aplican las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre el alcance, el procedimiento de selección de blancos o el número de víctimas civiles mientras que las operaciones llevadas a cabo por la CIA operan con un mayor nivel de clandestinidad. En un contexto de secretismo y falta de transparencia, el hecho de que los ataques sean dirigidos por la CIA contribuye a difuminar la frontera entre lo civil y lo militar y dificulta, si no impide, la rendición de cuentas y la garantía de todo tipo de responsabilidades lo que constituye no solo una quiebra al principio de legalidad y un ataque a las reglas del Estado de Derecho sino un grave atentado contra la democracia.

Compartido con el blog del Proyecto Seguridad Global y Derechos Fundamentales

Erre que erre, la UE capitula ante el nacionalismo xenófobo

Javier de Lucas

¿Cómo interpretar jurídica y políticamente la “nueva” toma de posición de la Comisión Europea acerca de los inmigrantes irregulares, explicada en el conjunto de recomendaciones hechas públicas el 3 de marzo de 2017?

A mi juicio, es una muestra del empecinamiento en el error, en la miopía con la que los gobiernos europeos y la propia UE siguen abordando las manifestaciones de la movilidad humana que son las migraciones y, en particular, las migraciones forzadas, y que lastra los instrumentos jurídicos de nuestra política migratoria. Insisto en hablar de gobernantes europeos, pues lo que la Comisión Europea recomienda se basa, como veremos, en acuerdos del Consejo Europeo y ahí quien decide son nuestros Gobiernos. No nos equivoquemos: a la hora de las responsabilidades, la mayor proporción cae de la parte de los gobiernos de los Estados miembros y no de eso que llamamos tan vagamente Europa (ignorando, por ejemplo, la defensa de los valores europeos que hacen una parte importante de las fuerzas parlamentarias en el Europarlamento). Pero esta vez, al error se suma una peligrosa claudicación de graves consecuencias políticas. Sigue leyendo

Hazte Oír, a vueltas con el odio, esta vez en las escuelas

Ana Valero

Casi todos los medios de comunicación así como las redes sociales se hacen eco de la campaña publicitaria iniciada por la asociación ultracatólica Hazte Oír consistente en hacer circular por las calles de Madrid un autobús con los siguiente mensajes pintados en su exterior: “Que no te engañen: Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo” y “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”.

Esta misma organización ya había enviado previamente a colegios de distintas Comunidades Autónomas un libro titulado ¿Sabes qué quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexualcon el fin de combatir legislaciones en defensa del colectivo LGTBI.

Este hecho plantea dos problemas de importante relevancia con respecto a los cuales parece no existir un claro consenso entre la comunidad política, jurídica y social: uno tiene que ver con lo que desde hace algún tiempo viene siendo una rápida, socorrida y fácil apelación a la vía penal para tratar de combatir todo aquello que resulta denigrante, ofensivo u odioso; y, el segundo atañe a si realmente los padres tienen derecho a que sus hijos puedan quedar excluidos de la formación en determinadas materias o valores que, a sus ojos o, de acuerdo con sus convicciones, puedan resultar adoctrinadoras. Sigue leyendo

La doble vida de la Ley de Amnistía

Pepe Reig Cruañes

¿Quién le iba a decir a la famosa Ley de Amnistía que viviría, 40 años después, un renacimiento de su fama como el que ahora contemplamos? Lo que entonces nos parecía la fuerza imparable de la razón, se nos muestra ahora como el truco final e inapelable de la fuerza. La puerta cerrada a cal y canto. Misterios de las cosas hechas a medias, o sea, de casi todo lo que hacemos por aquí, al parecer.

Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley para derogar la Ley de Amnistía, una norma que su partido matriz, el PCE, impulsó en su día más que nadie. El propósito explícito es superar “40 años de franquismo y otros 40 años de impunidad garantizada”. En esto de la derogación IU ha cambiado de postura, porque en 2010 lo que pedía era una reforma de la Ley, para recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben e impedir su utilización como “ley de punto final”.

Esa iniciativa conecta bien con la nueva sensibilidad pública hacia los derechos de las víctimas del franquismo, que desde mediados de los noventa no ha hecho más que extenderse, y también con la desafección creciente hacia el “régimen” de la transición, visto ahora como culpable de todas las disfunciones que la crisis puso dramáticamente de relieve. El ataque a aquella Ley se justifica por el uso y abuso que de ella vienen haciendo quienes se oponen al esclarecimiento de los crímenes del franquismo, al levantamiento de las fosas y al relato de la naturaleza criminal de aquel régimen. A la cabeza de todos ellos el juez ultraconservador Adolfo Prego, ponente que fue de la causa contra Baltasar Garzón, a quien acusó de ignorar la Ley de Amnistía cuando pretendió investigar la desaparición forzada de más de cien mil personas. Sigue leyendo

El TEDH: no es Tribunal para viejos

 Fernando Flores

El Gobierno acaba de decretar que con más de 61 años no se puede optar a ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que esta limitación es arbitrariainconstitucional, por varias razones.

La primera es su justificación. El Gobierno dice que la alta cualificación exigida a los candidatos solo puede reconocerse si estos están en condiciones de cumplir el mandato de nueve años por el que son designados (como el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé los 70 años como edad de jubilación, 61 sería el tope de acceso). Sin embargo, es difícil, por no decir ilógico y absurdo, relacionar la alta cualificación de un candidato con el tiempo que vaya a ejercer su cargo. Sencillamente, nada tiene que ver una cosa con la otra.

La segunda y principal es por su impacto en los derechos fundamentales de las personas. De una parte, resulta patente que la limitación de edad se entromete, de forma desproporcionada y arbitraria, en el derecho a no ser tratado de forma discriminatoria por la circunstancia personal de ser mayor de 61 años. Es por ello que el Gobierno vulnera frontalmente el derecho a la igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución. Además, nuestra Ley Fundamental reconoce en su artículo 23 el derecho de acceso a cargos públicos por lo que, para no vulnerarlo, el Gobierno debería haber pensado en un argumento limitativo algo más consistente que el de que no puedan cumplir íntegramente nueve años en el cargo. Sigue leyendo

La solidaridad y los derechos, en serio

Javier de Lucas

Desde el 17 de enero de este año, hasta el 2 de abril, se puede visitar en el Centro Conde Duque, en Madrid, la exposición “Bethune, la huella solidaria. El legado del Dr Bethune y la ayuda de los voluntarios canadienses a la segunda República”, organizada por la Embajada de Canadá, la Fundación Canadá, la Asociación de Amigos de las Brigadas internacionales y el Centro Andaluz de la Fotografía (Junta de Andalucía), cuyo director, Jesús Majada, el mejor conocedor de la peripecia española de Bethune, es el comisario de la exposición.

No se trata de la primera que se haya realizado en nuestro país en torno a la figura del legendario Bethune, un héroe nacional en China (donde murió, después de haber contribuido a crear un servicio médico de alcance, desde las filas de los revolucionarios de Mao), pero menos presente en su propio país y, desde luego, poco conocido en España. Si lo traigo a colación es porque ahora coinciden dos aniversarios particularmente interesantes y porque la figura de Bethune sigue pareciéndome ejemplar en el contexto de la lucha por los derechos, el viejo lema que Jhering recupera de Heráclito y que inspiró buena parte de la obra de Arendt. Sigue leyendo

¿A quién cantó Silvia Pérez Cruz en los Goya?

Fernando Flores

Silvia Pérez Cruz recibió anoche el Goya a la mejor canción original por Ai, ai, ai, que forma parte de la banda sonora de la película Cerca de tu Casa. Un momento especial, porque cantó un pedacito no de la canción premiada, sino de No hay tanto pan, que recoge el corazón y el sentimiento de este musical sobre los desahucios en España.

En las noticias del Telediario dicen que la cantante dedicó su interpretación a los desahuciados; El País, que “Silvia Pérez Cruz canta a los desahuciados tras ganar el Goya”, y El Mundo, que “dedicó unas estrofas a los desahuciados…”, y así todos.

Al parecer, vimos un “momentazo” distinto de la Gala. No cantó a los desahuciados. Lo que yo vi es que ella cantó a los culpables de los desahucios. No cantó para que sintiéramos pena de los expulsados de sus casas. Cantó para señalar a los banqueros, a los políticos, a los periódicos que mentirosos, trileros y puteros, “te roban y te gritan”.

A estas alturas uno piensa que quienes comentan estas cosas distinguen el cine social del político, distinguen el retrato de lo que hay de la denuncia de por qué hay lo que hay. Y el musical Cerca de tu casa, como la interpretación de Pérez Cruz en el escenario, no es (sólo ni lo más importante) un retrato. Es la denuncia de una realidad que no es producto de la mala suerte. Una realidad que tiene causas y culpables, con nombre, dirección y rostro (algunos estaban ayer entre el público). Una realidad que, en consecuencia, puede cambiarse, que puede ser otra.

En fin, creo que habría que ser un poco más cuidadoso en la interpretación de mensajes como los de Silvia Pérez Cruz. Luego no se quejen si salen los actores y directores politizando los Goya con declaraciones demasiado “claras y directas”.

Ilustración: detalle de Domus, disco de Silvia Pérez Cruz.

La democracia interna de los partidos: entre el vicio y la virtud

Fernando Flores

Hace unos años una militante asturiana del Partido Socialista, escandalizada por una discutible decisión de la ejecutiva regional del Partido (la suspensión de un proceso de primarias para elegir el candidato a alcade de Oviedo), escribió una carta al periódico La Nueva España, en la que se despachaba a gusto contra los miembros del órgano directivo. En esa carta pública calificaba la decisión de “arbitraria, torpe y burda”, de “espectáculo bochornoso y lamentable”, y tachaba a los compañeros que la habían adoptado de ser “mangantes, garrapatas”, y de “tener la lengua marrón”. Entre otras cosas.

La carta le costó a la articulista una sanción de 20 meses de suspensión temporal de militancia. Ella recurrió primero a los tribunales ordinarios, y más tarde en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Éste, diez años después de aquella publicación, ha entendido que la sanción del partido no ha vulnerado su libertad de expresión.

Se trata de una sentencia muy interesante desde varios puntos de vista (por ejemplo, la consideración por el TC a estas alturas de la relevancia constitucional del tema… los constitucionalistas me entenderán), pero para no hacerlo largo sólo comentaré, brevemente, un par de cosas: el sorprendente cambio de línea jurisprudencial que plantea la sentencia, y la decisión sobre el fondo del asunto.

Respecto al cambio de jurisprudencia, el TC “entiende que es necesario aclarar su doctrina en relación con el ejercicio de derechos fundamentales por los integrantes de asociaciones como son los partidos políticos”, y es por eso que decide por primera vez que su enjuiciamiento puede extenderse al análisis material de las causas de expulsión (o suspensión) de los militantes. Hasta esta sentencia, las pocas veces que el Tribunal había decidido admitir y valorar recursos de amparo sobre democracia interna en los partidos, se había limitado a comprobar si las decisiones disciplinarias habían sido adoptadas con las formas y procedimientos legales y estatutarios exigidos, y si existía una base razonable que justificara la sanción. Ahora, en cambio, el TC asume que puede entrar a ponderar (se entiende que a profundizar) las decisiones de los partidos que afecten a derechos como la libertad de expresión de sus afiliados.

En mi opinión, la doctrina del Tribunal en relación con el ejercicio de los derechos fundamentales de los militantes sí era clara, lo que sucede es que era, digamos, “contenida”. Ahora, sencillamente, ha decidido cambiarla, dando un “paso adelante”, un paso intromisivo a primera vista bienintencionado, pero que entraña algunos peligros, como creo que en este caso confirman la decisión de fondo y los argumentos que a ella le conducen.

Partiendo de aquí la cuestión de fondo no es, como dice la resolución del TC, si puede admitirse que la condición de afiliado a un partido limita su libertad de expresión cuando sus opiniones puedan considerarse contrarias a los intereses del partido. Este punto está claro desde hace tiempo: el ejercicio de la libertad de expresión de un afiliado, que de ninguna manera desaparece por serlo, debe conjugarse con su colaboración leal con el partido. No debe perderse de vista que no es sólo el derecho de opinión de ese afiliado el que está aquí en juego, sino también el derecho fundamental de asociación del partido como persona jurídica, que se manifiesta entre otras cosas en la potestad de la organización reflejada en la regulación por sus estatutos de las causas y procedimientos sancionatorios de los afiliados.

Por eso, la verdadera cuestión de fondo es, ante unas expresiones críticas de un afiliado, cómo se mide y pondera el grado de su lealtad con el partido, el daño que aquéllas producen a la organización, y quién está en condiciones de medirlos. Es decir, quién y con qué criterios (¿el alcance público de la crítica, su contenido “neutral”, injurioso o de menosprecio, la intención de la firmante, su autoridad dentro y fuera del partido, el momento electoral en que se realiza, la debilidad o fortaleza coyuntural de la organización, el apoyo mediático a la misma, el impacto o daño realmente producido…?) decide que unas opiniones son desleales y contrarias a los intereses del partido. Porque, y esto debe quedar claro, no se trata de discutir sobre si la ejecutiva asturiana actuó bien o mal paralizando el proceso de primarias; esto quizás fue un error político o una jugada rastrera por intereses personales o sectarios. De lo que se trata es de decidir si la duda y la crítica pública a aquella decisión por una militante ha sobrepasado lo estatutariamente aceptable, al provocar un daño grave en la imagen del partido.

A la vista de la subjetividad que alimenta los criterios para medir lealtad y daño, vemos que no se trata de una decisión fácil, y nos preguntamos si ésta puede ser valorada (más allá del cumplimiento de los aspectos formales de la decisión sancionatoria y la constatación de la existencia de una base razonable en la misma) por el Tribunal Constitucional y, por vía de su interpretación, por los tribunales ordinarios. Mi opinión es que no.

Porque ni siquiera la concurrencia de una “base razonable” que justifique la sanción deja de tener connotaciones políticas y, en consecuencia, es fácil de determinar. A mi modo de ver, si la crítica de la militante a la ejecutiva lo hubiera sido a la decisión concreta de suspender las primarias, o al comportamiento general del órgano de dirección; si hubiera prescindido del menosprecio y de términos valorativos fuertes y negativos sobre los miembros de esa ejecutiva (prescindibles en su mensaje de fondo), la sanción aplicada no hubiera tenido una base razonable. En tal caso, el ejercicio de su libertad de expresión (que es garantía institucional conformadora de una opinión pública libre) hubiera prevalecido sobre otros intereses, quizás defendibles, pero creo que de menor entidad. Por el contrario, al atacar directamente la honorabilidad de la ejecutiva con términos y expresiones de menosprecio hacia sus miembros, la afiliada dota de contenido a una base razonable para la sanción (y esto es independiente de que yo, personalmente, no esté de acuerdo con esa sanción), convirtiéndola en legal.

Aún así, determinar con nitidez la línea de lo razonable y no arbitario de una decisión disciplinaria como la que aquí se comenta no resulta fácil, y siempre será discutible. Pero, precisamente por eso, lo importante es que entendamos que si configurar esa base razonable que argumente la sanción es problemático, imaginemos lo que supone entrar en la discusión material de todo lo que rodea el conflicto. Es por eso que en este caso, a la hora de la verdad, el TC no hace uso de la propia cobertura intromisiva de la que acaba de dotarse. Rechaza la demanda de amparo y confirma la constitucionalidad de la sanción que suspende de militancia a la afiliada sobre la existencia de una base razonable, pero sin entrar a analizar realmente los términos del conflicto: si hubo lealtad o no, el grado de daño a la organización partidaria, etc. El TC se dota de unas alforjas para el viaje, pero después, una vez en camino, no se atreve a llenarlas.

En fin, los partidos políticos están sometidos a la tragedia que significa optar por hacer de la exigencia de la democracia interna un vicio o una virtud. Si la limitan se les flagela por antidemocráticos; si la respetan se les acusa de débiles e inconsistentes. Es un dilema de difícil solución pero, sea como fuere, los tribunales no deberían entrometerse en él más allá de lo razonable.

Las ilustraciones hacen referencia al mito de Escila y Caribdis.

El último vuelo del almirante Carrero Blanco

Joaquín Urías

Los delitos de opinión están de moda. Es una moda que vuelve periódicamente, pero esta vez lo hace con una virulencia desconocida. El repunte de condenas, investigaciones e imputaciones a quienes expresan sus opiniones políticas parece tener dos causas: la generalización del uso de las redes sociales que permiten que las expresiones personales lleguen ahora a miles de receptores y la aceptación social de los ‘delitos de odio’ que amparan a las víctimas de otros delitos y reprimen las expresiones de intolerancia.

Respecto a las redes sociales poco se puede decir que no resulte evidente. Las opiniones que se escriben en la red llegan a un número indeterminado de personas y por todo el mundo. Además permanecen indefinidamente, ya sea en los dispositivos del emisor ya en los de cualquiera que las capture y las reproduzca. Lo que antes se decía en un bar y lo oían sólo los parroquianos, ahora está escrito y a disposición del mundo. Eso es terreno abonado tanto para los ofendidos de piel fina que corren a judicializar todo lo que les molesta como para cualquier fiscal con vena de inquisidor. Sigue leyendo

Paz y Justicia para Siria

Almudena Bernabeu

El pasado 29 de diciembre, apenas días después de la caída de la ciudad de Aleppo, bastión rebelde y resistente indiscutible del conflicto armado en Siria, Rusia y Turquía anunciaron, como representantes de los bandos opuestos y originarios del conflicto, un alto el fuego con el fin de “reducir la violencia, evitar la muerte de civiles y garantizar el acceso sin obstáculos de ayuda humanitaria”.

El acuerdo de cese cubre tres áreas. Primero, prevé un cese de hostilidades, que comenzó el día 30 de diciembre de 2016, y que incluye por un lado a las tropas pro-gubernamentales (ejercito, inteligencia y fuerzas de seguridad), y por otro a los grupos rebeldes, que conforman el Ejército Libre de Siria (ELS) y el Alto Comité de Negociaciones. No obstante, el acuerdo excluye a grupos considerados terroristas como el Estado Islámico, y dada la fragmentación dentro de la facción rebelde, hay dudas sobre la inclusión en el acuerdo de otros grupos como Jabhat Fateh al-Sham (el antiguo Frente al-Nusra), asociado con al-Qaeda, o las Unidades de Protección Popular Kurdas (YPG). Sigue leyendo